El coronavirus golpea sin piedad a pequeños y medianos comerciantes.

Como en Europa y en Estados Unidos, en Puerto Rico el gobierno impuso un toque de queda -que obliga el cierre temporal de muchos comercios y propicia el distanciamiento social- como una medida de contención para frenar la propagación del monstruoso coronavirus Covid-19.

Mientras ya se registran cinco casos positivos y casi una veintena de sospechosos, la población ha tenido que ajustarse desde ayer a un riguroso plan de prevención que ha obligado a poner por 14 días candados a las escuelas y aquellos negocios que no provean servicios que son esenciales para la ciudadanía y que son detallados en la orden ejecutiva firmada por la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

Aunque hay muchos trabajadores que laboran desde sus hogares, hay otro gran número de dueños de pequeños y medianos comercios (Pymes) que se encuentran muy estresados porque no pueden recurrir a esta opción y han tenido que cerrar al público hasta el 30 de marzo.

Entre estos se destaca Rafael Baerga, propietario hace 10 años de Air Conditioning & Refrigeration Solution, un negocio que se dedica a resolver problemas de refrigeración e instalaciones de aires acondicionados a nivel comercial y residencial.

Inicialmente, Baerga tenía dudas si el toque de queda le aplicaba pues su trabajo consiste en visitar a clientes que solicitan su servicio en espacios que, casi siempre, no hay más de cinco personas.

“Pero recibí una carta del presidente del Colegio de Técnicos de Refrigeración indicándonos que, lamentablemente, nuestros talleres no están dentro de las excepciones que contempla la orden ejecutiva y que el técnico que se arriesgue a brindar servicios se expone a una multa de $5,000 o cárcel por seis meses”, explicó al asegurar que no le queda más remedio que acatar la orden.

Baerga dijo que ante el súbito plan del gobierno tendrá que hacer ajustes, al tiempo que admitió estar temeroso del alcance que pudiera tener en sus finanzas estar dos semanas sin “devengar ni un peso”.

“En el huracán María estuve 3 a 4 meses sin trabajar y ya sé lo que pudiera venir… estamos hablando de que, para empezar, los créditos que tenemos con los distribuidores se afectan. Incluso, nos cierran las cuentas hasta que se salde todo por completo. Luego vienen los problemas porque no nos quieren dar crédito. Y eso sin contar que el día 30 de marzo o el 1 de abril vienen los bancos a cobrar. Honestamente, todo esto lo debieron evaluar. Sé que es una crisis, pero por influenza hay más muertes que por coronavirus y no se han tomado medidas tan drásticas. Entiendo que se le fue un poco la mano al gobierno con eso de que nadie trabaje”, sostuvo quien tiene cuatro hijos a los que debe mantener económicamente.

Comentó que una solución sería que la Agencia Federal para Manejo de Emergencias (FEMA) otorgue préstamos a través de Small Business Administration (SBA) para aquellos comerciantes que se vean afectados con el toque de queda.

Igual de estresada se encuentra Lorraine Rodríguez Avilés, una estilista con negocio propio en Luquillo, que ha tenido que cancelar las citas de sus clientes por las próximas dos semanas.

“Tampoco puedo dar servicios a domicilio porque me pueden dar la multa de $5,000 si me ven en la calle… de verdad que es una situación bien difícil. En mi caso mi esposo trabaja y yo tengo unos ahorros. Pero lo cierto es que los que trabajan por servicios profesionales, como yo, no pagamos desempleo. Así que ni siquiera ese beneficio tenemos”, destacó.

Agregó que la situación que vive Puerto Rico, actualmente, no es comparable con lo que ella experimentó luego del huracán María y de los sismos de inicio de año.

“En esos momentos muchos nos reinventamos. En mi caso, después del huracán trabajé bastante rápido con una planta… pero ahora me multan si tomo medidas”, lamentó al recordar que en su caso es su propia jefa y no acumula licencias de vacaciones o enfermedad.

De otra parte, algunos comerciantes como Danesa Pereira, propietaria Be You Boutique y un salón de estética, ambos en Humacao, está tratando de amilanar el golpe al bolsillo dándole un giro a sus servicios.

Mientras todo vuelve a su cauce normal, la empresaria ha optado por buscar subsistir realizando órdenes de la boutique a través de redes sociales. “Tengo una empleada y, entre ambas, estamos promocionando las piezas de inventario en las redes sociales y cogiendo órdenes… el plan es que una de nosotras salga una vez a la semana a echar las órdenes al correo”, explicó.

Aun así dijo que el cierre parcial de los negocios afecta sus finanzas “pues depende los servicios que ofrezco diariamente y en ninguno de los dos puedo trabajar”.

“Estoy empezando en ambos negocios y tengo que suplir unas necesidades básicas. Pagar cuentas, renta, agua, luz y todo lo que conlleva tener un negocio que, de por sí, no es fácil manejar”, detalló al agregar que cuando se inicia en un negocio, como es su caso, prácticamente se “corre con pérdidas”.

“Creo que también es un aprendizaje para que aprendamos a guardar dinero. Sólo espero que todo esto funcione porque lo más importante, después de todo, es la salud de la ciudadanía. Debemos confiar que todo pasará”, expuso con optimismo.

Pereira indicó que en su caso tiene una empleada no exenta -lo que significa que se le paga por hora- que también se ve afectada por la situación. “Ojalá surjan incentivos para que puedan ayudarnos…”, determinó.

Subtítulo: Reclamos del Centro Unido de Detallistas

En un análisis del escenario, el presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), Jorge Argüelles Morán, dijo estar consciente de las repercusiones que tendrá el cierre por dos semanas de muchos pequeños y medianos comercios y alertó sobre varias cosas que le preocupan.

“Debo comenzar porque tenemos preocupaciones con la manera que la policía está conduciendo lo que impone la orden ejecutiva. Me han llamado de varios comercios -incluidos minimarkets y panaderías- que miembros de la policía los están visitando y amenazando con posibles multas porque o tienen mucha gente dentro del negocio o tienen mucha gente afuera en las filas y eso puede provocar contagios. Entonces, yo quiero que me digan por qué no visitan a las reconocidas farmacias o megatiendas que tienen dentro y fuera de sus establecimientos una aglomeración tremenda de gente. No entiendo el discrimen contra el pequeño comerciante. Necesitamos que el gobierno aclare esa situación”, dijo.

Argüelles Morán dijo que está de acuerdo con la orden de emergencia nacional impuesta por la gobernadora y ha instado a los pequeños y medianos comerciantes a apoyar la gestión porque urge frenar la curva de contagios en la isla para evitar una crisis en los hospitales.

“Pero quisiéramos que el gobierno piense en algunas medidas para mitigar las pérdidas que tendremos en los comercios en estas dos semanas. Por ejemplo, que nos permita honrarle el salario a los empleados o que se aprueben algún fondo o crédito contributivo para mitigar las pérdidas que vendrán”, insistió.

Manifestó que no tienen un análisis de pérdidas a nivel isla porque todavía es un cálculo difícil de determinar.

Pero aprovechó para recordar que las pequeñas y medianas empresas son una gran motor de empleos en la isla y una pieza clave en el crecimiento de la economía puertorriqueña. Se estima que las Pymes generan el 80% de la empleomanía privada de la isla. Pero más importante aún, según Arguelles, es que estudios han demostrado que por cada dólar que el comprador gasta en productos de una Pymes, entre 48 y 71 centavos se quedan en la isla.

Por su parte, Enid Monge, expresidenta del CUD y aspirante a la Cámara de Representantes por el Partido Popular Democrático, también exigió al gobierno tomar medidas “urgentes", ante el cierre de operaciones.

Entre las sugerencias mencionó que el gobierno debe dar paso a una moratoria general de los pagos de impuestos al inventario, facturas de luz, agua, IVU y cualquier otro impuesto pagadero mientras dure la crisis.

Además, Monge se unió al llamado de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) libere fondos de emergencia que puedan insertar liquidez a la economía y a los pequeños y medianos negocios. “La Junta de Control de Fiscal tiene la llave para inyectar liquidez en la economía. No hay tiempo para esperar porque el Congreso o el Gobierno de Estados Unidos actúe, la Junta tiene que comunicar desde ya qué fondos y ayudas están disponibles para nuestras PyMes y cómo se pueden solicitar,” abundó mediante comunicación escrita.

Igualmente, Monge le pidió al gobierno que solicite a la banca comercial que se decrete una moratoria inmediata en el pago de intereses, hipotecas comerciales, cargos por servicio y cualquier otra erogación de fondos mientras dure la crisis. “No todo es responsabilidad del gobierno. Si la banca comercial no le da un alivio a nuestras pequeñas y medianas empresas, la recuperación será mucho más difícil", sostuvo.