Líderes comunitarios de Peñuelas informaron hoy que la Junta de Planificación impuso multas a dos empresas por la construcción de una alegada asfaltera ilegal en la comunidad Tallaboa-Encarnación de ese municipio.

Según Jimmy Borrero Costas, uno de los portavoces del Comité contra las Cenizas de Carbón la Junta de Planificación (JP), multó a las empresas Asphalt Solution Hatillo (Super Asphalt) y Empire Gas Company por la suma de $30,756.

Además de la multa impuesta, el líder comunitario dijo que la JP emitió una orden de cese y desista de los trabajos, y podría ordenar la demolición de las obras. Sin embargo, la empresas tienen 20 días para objetar la multa y la demolición de las obras, incluso podrían comenzar el proceso de legalización de lo ya construido.

“Aquí hay empresas que se creen que están por encima de la ley y que pueden venir a hacer lo que les da la gana, sin importar el daño que le hace a la comunidad. Fuimos allí, detuvimos los trabajos ilegales, hicimos la denuncia y las querellas, y aquí está el resultado. El pueblo no puede tener miedo de exigir su derecho a tener buena salud y a evitar que estas empresas corruptas sigan violando la ley”, expresó Borrero Costas en declaraciones escritas.

Borrero Costas dijo que según una Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa, sometida por la JP, el pasado 5 de abril personal de la agencia visitó el área donde los activistas habían denunciado, mediante la querella 2021-SRQ007102, la construcción sin permisos de la asfaltera.

Algunos de los hallazgos señalados fueron: terrenos elevados, máquinas instaladas, diversas áreas en etapa de construcción, oficinas instaladas, áreas de estacionamientos asfaltadas, una torre de hierro y metal, y un muro de contención. Según el líder comunitario “todo esto sin contar con permiso de uso ni de construcción”.

“Aplaudimos la respuesta de la JP ante la querella que sometimos y su determinación. Pero, entendemos que sería una barbaridad que, después que estas empresas, con suma temeridad, construyeron todo esto ilegalmente, se les dé oportunidad para legalizarlo”, expresó Manolo Díaz Pérez, otro líder comunitario.

“Esperamos que se mantenga la determinación y se ordene la demolición de lo construido ilegalmente. Hacer lo contrario envía un mensaje distorsionado de que en este país las empresas pueden hacer lo que les da la gana. La comunidad estará pendiente a lo que ocurra finalmente”, añadió.

Primera Hora se comunicó con la empresa Empire Gas, pero nos informó que la persona autorizada para hacer expresiones no estaba disponible al momento.