Tomando en consideración que en Puerto Rico hay sobre 100,000 viviendas informales – y una necesidad apremiante de reconstruir las ya existentes a códigos de construcción atemperados a la resistencia de sismos y huracanes potentes- en la Cámara de Representantes se ordenó realizar un estudio abarcador sobre la implementación de la iniciativa “Planos Modelos” que impulsó desde el 2017 la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe).

El estudio fue encargado a la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianza Público Privadas y Energía que preside el representante Víctor Parés Otero y su propósito, entre otras cosas, es indagar sobre las normas que regirán la elegibilidad de los participantes que recibirán el beneficio de los “planos modelos” y qué medidas deben tomarse para garantizar el éxito del proyecto.

Precisamente, hoy, se llevó a cabo una audiencia, en la que la ingeniera Karen Ortiz Tirado, secretaria auxiliar de al Secretaría de Planificación Estratégica del Departamento de la Vivienda, respondió preguntas del representante respecto a la posibilidad de que el dinero asignado a la agencia a través del programa de Fondos de Recuperación Comunitario en Bloque de Ayuda por Desastre (CDBG-DR) pudiera utilizarse para costear las certificaciones de los planos de las personas cualificadas.

En cambio, Ortiz Tirado explicó que Vivienda se verá impedida de desviar fondos federales que fueron aprobados para otros fines pues ya hay unas estipulaciones. “Tampoco tengo conocimiento que eso haya ocurrido en otras jurisdicciones”, dijo la ingeniera.

Además agregó que Vivienda o sus agencias adscritas no cuenta con programas análogos a la iniciativa de “Planos Modelos” de la OGPE porque en esas dependencias “no se expide certificaciones o permisos de construcción”. No obstante, son los encargados del desarrollo e implantación de política pública en materia de viviendas de interés social y pro esta razón apoyan la “estandarización de los planos de construcción de viviendas como una herramienta valiosa para permitirle a nuestras familias de ingresos bajos y moderados obtener una vivienda segura y resistente”.

Ene se sentido, se comprometió con el representante Parés Otero a evaluar otras alternativas de programas con las que se pueda costear las certificaciones de los planos a personas de escasos recursos.

Mientras, en un aparte con la prensa el legislador hizo hincapié en que un estudio realizado por OGPe luego de los huracanes Irma y María determinaron que en Puerto Rico “son más de 100 mil las viviendas informales… pero pueden ser mucho más”.

“Citamos a Vivienda para que nso dieran las guías de cómo ellos pudieran ayudar porque obviamente queremos impactar más familias de clase media que son las más que han construido casas de esta forma”, sostuvo.

Agregó que estará tocando base con la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, para auscultar la idea de que se puedan identificar unos fondos que puedan contribuir con el proyecto impulsado por OGPe para la construcción de viviendas resistentes a desastres naturales.