El secretario del Departamento de Educación (DE), Eligio Hernández, informó que los 52 empleados -relacionados al proceso de distribución de alimentos en comedores escolares- que habían arrojado positivos a pruebas serológicas del coronavirus fueron sometidos a pruebas diagnósticas moleculares y ninguno resultó positivo a la enfermedad de la COVID-19, al tiempo que aseguró que aun es incierto el proceder de la agencia en cuanto a la orden judicial de reapertura inmediata de los más de 800 comedores escolares para cubrir la necesidad de seguridad alimentaria que hay en la población estudiantil de la isla a causa de la cuarentena impuesta por el gobierno.

El pasado 13 de mayo el DE anunció que 32 comedores escolares tendrían que ser cerrados luego que 52 empleados activados para laborar en cocinas, escuelas y almacenes de alimentos, dieran positivos a unas pruebas rápidas del virus. La prueba molecular es la que se utilizar para detectar la presencia del virus en una persona, mientras que la serológica detecta anticuerpos generados por una infección previa. Para efectos oficiales, según autoridades como la Organización Mundial de la Salud (OMS), es la prueba molecular la que debe ser utilizada para fines diagnósticos.

Ante el panorama suscitado hace casi dos semanas, unos 356 empleados que tuvieron contacto con las personas que arrojaron positivo a la prueba serológica fueron enviados a sus residencias en aislamiento preventivo, mientras que cuatro almacenes de alimentos de la agencia- ubicados en Caguas, Mayagüez, Comerío y Canóvanas- fueron cerrados. Los mismos serían desinfectados, se indicó.

En videoconferencia con varios medios de comunicación para hablar de los proyectos tecnológicos que se desarrollarán en la agencia, el secretario de Educación indicó que los 408 empleados involucrados en la situación fueron sometidos a pruebas moleculares de la COVID-19 y en un último informe recibido el 22 de mayo se indicó que 376 arrojaron resultados negativos, incluyendo a las 52 personas que, en un inicio, dieron positivo a las pruebas rápidas. La agencia está a la espera de los otros 32 resultados.

“Al momento en las pruebas moleculares no se ha identificado ningún positivo”, reiteró el secretario de Educación de acuerdo al informe recibido el viernes a las 10:00 de la mañana por parte del Departamento de Salud, agencia que está procesando las pruebas.

Así las cosas los comedores que permanecían cerrados a causa de este escenario reabrirán nuevamente el martes, según lo estipulado en el plan inicial del Departamento.

“Continuamos con el plan de apertura de comedores escolares… los almacenes vuelven a operar”, determinó el titular.

Hasta el 6 de mayo, la agencia había ordenado la apertura de 109 de los 822 comedores escolares que hay en la isla para confeccionar almuerzos para menores de 0 a 18 años en medio de la emergencia por el COVID-19. Hasta el viernes estaban operando 105 comedores y 32 auspiciadores independientes que impactan a 326 comunidades, destacó la agencia en un comunicado reciente, en el que se aseveró, además, haber distribuido más de un millón de raciones de alimentos a menores de 18 años.

La reapertura de comedores escolares comenzó luego que la gobernadora Wanda Vázquez Garced atendiera los reclamos que por semanas realizaron diversos sectores a favor de que se provean alimentos a familias necesitadas. Los platos han sido distribuidos en coordinación con algunos municipios.

Incierto aun que hará Educación respecto a la orden del Tribunal

En cuanto a la determinación emitida por el juez Anthony Cuevas, del tribunal de Primera Instancia de San Juan, respecto a la demanda impuesta contra el DE relacionada a la apertura de todos los comedores escolares, Hernández dijo que se remitía a la comunicación expresada por escrito en el día de ayer.

“Referimos la sentencia del tribunal al área de legales de la agencia”, sostuvo al agregar que el DE, incluirá en la reapertura de comedores escolares a los municipios de de Loíza y Río Grande, por petición de los alcaldes de estos pueblos.

Reiteró que el DE reabrirá los comedores escolares “que sean necesarios” siempre en cumplimiento con los protocolos de salud y seguridad que se requieran ante la emergencia causada por la COVID-19. En cambio, no ofreció información adicional al respecto.

En el escrito enviado por la agencia se expresó que el DE continúa coordinando la administración de las pruebas para detectar la enfermedad de COVID-19 a personal de comedores escolares y almacenes de distribución de alimentos . Además, sostienen que la entrega de alimentos a menores de 18 años se llevan a cabo a través de diversas alternativas que incluyen: coordinación con los alcaldes que solicitaron el servicio de confección de alimentos; la donación de comestibles a instituciones sin fines de lucro, que a su vez distribuyeron compras y comidas calientes a través de la isla; la iniciativa federal Meals to You, en el que envían -vía correo tradicional- cajas de alimentos para los estudiantes matriculados en las escuelas de los siete municipios definidos en el proyecto piloto; entre otras.

“Con relación a la sentencia emitida por el tribunal, les aseguramos que el DE es una agencia que cumple con las leyes estatales y federales; acatamos todas las órdenes y decisiones que expidan los foros judiciales. Sin embargo, por lo reciente de la determinación, hemos referido la misma a nuestro equipo legal para evaluar el alcance de lo ordenado y las alternativas legales disponibles para la agencia. Esto lo hacemos velando por el mejor bienestar de nuestra población, que son nuestros niños y jóvenes”, lee la reacción enviada por la agencia en la que se hace la salvedad de que la distribución de alimentos se hace bajo criterios y guías de fondos federales que pudieran verse en riesgo si no se manejan adecuadamente.

En su orden, el juez Cuevas fue enfático en la sentencia en que se debían abrir todos los comedores escolares “inmediatamente y sin demora alguna”.

En el documento, también se indica que “el Estado no puede pretender que estos niños y sus padres y madres sufran de hambre porque se encuentran en un lockdown que implementó el Estado, aun cuando la razón para su implementación es una loable”.

“La escasez de ciertos alimentos, así como el alza en el costo de la canasta alimenticia es una situación que la vivimos todos por igual, pero que le afecta con mayor intensidad a aquellos que se encuentran viviendo con las pocas ayudas gubernamentales que logran adquirir”, añadió el juez.

Mientras, Amárilis Pagán, portavoz del Proyecto Matria indicó en entrevista con este diario esta semana que la solución a medias que entienden que tomó Educación cuando se radicó la demanda no cubre las necesidades de seguridad alimentaria que hay en la isla. Comentó que la apertura de 109 comedores escolares para preparar unos 64,000 almuerzos no era suficiente ni siquiera para atender a los menores que están en el sistema público de enseñanza. Dijo que estos representan unos 280,000 alumnos.

“Lo que nos indigna es saber que el gobierno tiene los recursos económicos para hacerlo y se niega, que tiene la infraestructura para hacerlo y no la quiere utilizar”, puntualizó.

Sostuvo que, ahora que el tribunal ordenó la apertura de los comedores, se deben abrir las cocinas de las 822 escuelas catalogadas como “aptas” tras los terremotos de enero, así como cumplir con el mandato de no solo alimentar a los menores de edad, si no también a todas las personas que pasan necesidad en esta emergencia de salud pública causada por el coronavirus.