Fueron anunciadas con bombos y platillos, pero parecen ser inconstitucionales.

Aunque el gobernador Luis Fortuño anunció que la reforma electoral contempla disposiciones dirigidas a que todos los candidatos a puestos electivos se realicen pruebas de dopaje, esa medida no pasaría el crisol constitucional.

No es una mera opinión: en 1997, el Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió que requerirles a los candidatos una prueba de drogas viola la cuarta enmienda de la Constitución americana.

La cuarta enmienda ofrece garantías contra los registros e incautaciones irrazonables.

“Las pruebas de dopaje obligatorias son inconstitucionales. Eso ya lo decidió el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Allá lo intentaron hacer y no se pudo”, dijo el ex comisionado electoral David Noriega.

El abogado anticipó que el candidato que objete dichas pruebas enfrentaría un problema político, pero el primero que se niegue a realizársela, “va a derogar esa parte de la nueva ley electoral”.

Puerto Rico no es la única jurisdicción que intenta imponer pruebas de drogas entre los candidatos que participan del proceso electoral estatal.

En Illinois se presentó un proyecto de ley similar para los aspirantes a la Legislatura del estado, y allí también se ha hecho referencia a la decisión del Supremo de 1997.

En aquella ocasión, el Supremo pasó juicio sobre una ley de Georgia.

La jueza Ruth Bader Ginsburg, al dictar jurisprudencia en Chandler v. Miller, consignó que el programa era “un ejercicio de simbolismo político”; que no había duda de que las pruebas antidrogas son un registro, y que el único cuestionamiento era que si eran razonables en ausencia de una razón para sospechar que existía un problema entre los candidatos y, si no había razón para suponer, que el sistema de ley y orden podría manejar el asunto.

La vicepresidenta del Senado, Margarita Nolasco, dijo que las pruebas de drogas se pueden establecer a nivel voluntario.