Las deterioradas instalaciones eléctricas, los apagones continuos y el retraso en el progreso de la estatal Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de Puerto Rico, sigue siendo el talón de Aquiles del ejecutivo de la isla.

El último alboroto relacionado con la compañía, que tras el huracán María hace dos años sufrió un atraso mayor en sus avejentadas instalaciones y red, viene tras revelarse que anualmente pierde $60 millones por los que hurtan la energía eléctrica y no pagan.

Además 3,500 cuentas mensuales no pagan la totalidad de su factura.

Un dinero que es oro para una compañía necesitada y siempre en boca de todos en la isla.

La cifra fue desvelada este miércoles en una vista pública como parte de la investigación sobre las irregularidades en el consumo de energía eléctrica y el proceso de facturación a los abonados por el robo de energía.

La AEE explicó que alrededor de 3,500 cuentas mensuales, entre residenciales, comerciales e industriales no pagan la totalidad de la energía que utilizan, lo cual representa esa pérdida de $60 millones anuales por cargos no facturados y otros $13 millones por cargos administrativos y multas adicionales.

La AEE ha dicho que en la actualidad ni siquiera se está multando o se procesando a las personas y comercios por estos delitos

En este sentido, el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Energía de la Cámara de Representantes de la isla, Víctor Parés, ha anunciado este jueves que presentará un proyecto de ley para que sea un fiscal y no la AEE quien negocie con las personas que no pagan.

El presidente de la Comisión reiteró que es preocupante no haya casos sustanciales por robo de energía en los tribunales.

Tal y como indicó ayer en la comisión Hannia Rivera, directora ejecutiva de la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC), la "impunidad que permea en Puerto Rico relacionado a este tipo de casos permite que los clientes continúen incurriendo en este tipo de conducta delictiva sin mayores consecuencias o penalidades".

Hoy Parés indicó que el proyecto de ley que presentará servirá para que de "una vez se identifique a un cliente que ha estado hurtando la luz, no se quede en la parte administrativa y pase a la justicia. Cuando a un cliente se le prueba, con un perito electricista y un probador de contadores no le pasen la mano y le ajusten la multa y pague la deuda y que siga viviendo su vida tranquila... ahí está el problema. Esa es la parte que vamos a estar mirando para ver como cambiamos ese proceso".

"Ese poder de negociar con el cliente lo debe tener un Fiscal, y que sea el Fiscal quien someta el caso a Justicia. Sin embargo, la Autoridad podrá referir a un cliente que incurra en esta práctica a un Fiscal", concluyó.

Un ejemplo de la situación por la que pasa actualmente la AEE se refleja en las declaraciones del director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), José Ortiz, quien en entrevista hoy con El Nuevo Día reveló que el sistema eléctrico resiliente que el gobierno había prometido tras el paso del huracán María, estará listo en siete años y, ni siquiera, se ha comenzado a erigir.

Ese sistema incluiría una nueva red, los postes resistirían vientos de 150 millas por hora, las subestaciones estarían fuera de zonas inundables y las cargas críticas -hospitales, por ejemplo- recibirían electricidad a través de líneas soterradas.

De acuerdo a Ortiz el retraso viene del hecho de que el mismo estaría sufragado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) y esta no ha dado luz verde, por el momento, a fondos para llevarlo a cabo.

Una cantidad que se eleva a $14,000 millones.

Hace once días los representantes por el Partido Popular Democrático (PPD) de Puerto Rico, en la oposición, Javier Aponte, y Luis Raúl Torres, pidieron a la gobernadora de la isla, Wanda Vázquez, la destitución inmediata de José Ortiz por "otorgar contratos en cuartos oscuros" y "autorizar proyectos de energía renovable sin la aprobación del estudio de viabilidad".

En este sentido, recordó que Ortiz, de acuerdo con algunos medios locales, pagó más de 300 millones en estancias en hoteles lujosos para consultores externos, "mientras que aquí no hay dinero para materiales, equipo ni contratación de empleados, pero sí para contratos millonarios. Claramente Ortiz Vázquez está actuando negligentemente contra los intereses públicos de Puerto Rico".

Falta también que la justicia se pronuncie sobre el acuerdo negociado entre la AEE de Puerto Rico y sus bonistas acreedores para el pago de la deuda y que algunos expertos vaticinan supondrá un aumento de la ya por si elevada factura eléctrica de los puertorriqueños.