Una petición para detener la transferencia de terrenos de la Universidad de Puerto Rico (UPR) al Municipio de Gurabo encontró el apoyo de la mayoría de los síndicos de la institución, indicó una fuente universitaria.

En agosto pasado, el gobernador Luis Fortuño convirtió en ley un proyecto que despoja a la UPR de 50 cuerdas de terrenos de la Estación Experimental Agrícola en Gurabo, pese a que la comunidad y las autoridades universitarias objetaron esta transacción sin éxito.

Ante el malestar que la acción provocó entre los universitarios, el gobernador electo Alejando García Padilla, del Partido Popular Democrático (PPD), prometió en su campaña revertir la polémica transacción.

A tenor con dicha promesa y poco después de las elecciones, la síndica Marisara Pont Marchese, vinculada al PPD, solicitó a sus pares detener la transición que todavía no se ha finalizado, señaló la fuente.

La petición escrita encontró el apoyo de los síndicos Carlos Pérez Díaz e Isabel Picó Vidal, vinculados al partido rojo, así como los síndicos estudiantil y claustrales, Christopher Torres Lugo, Ana Matanzo Vicéns y Carmen Ana Miranda.

Pero en un giro inesperado, varios síndicos asociados al Partido Nuevo Progresista también respaldaron detener el despojo forzoso de estos terrenos de alto valor agrícola y de investigación de la institución. Esos síndicos son: Aida Ávalo (secretaria), Aura González Ríos, Felipe Carro Rivera (segundo vicepresidente), y Francisco Fantauzzi Córdova.

En total, diez síndicos apoyaron la paralización de la permuta, mientras que siete guardaron silencio sobre el asunto: Luis Berríos Amadeo (presidente), Agustín Cabrer Roig (primer vicepresidente), Roberto Biaggi Busquets, Norman Maldonado Simon (expresidente de la UPR), César Barreto Bosques, Carmen Vega Fournier y Carlos Vivoni Nazario.

En respuesta a la petición, Berríos Amadeo indicó “que el asunto se atenderá oportunamente”, según la fuente.

Sin embargo, el tema se volverá a presentar en la próxima reunión ordinaria de la Junta de Síndicos del 15 de diciembre

(Subtítulo) La polémica permuta

La Resolución Conjunta del Senado 1053, de la autoría de Luz M. Santiago y José Díaz Hernández, ordenó a la UPR “a segregar y transferir, gratuitamente, al Municipio de Gurabo, la titularidad de un lote de terreno de 50 cuerdas, de la Estación Experimental Agrícola de Gurabo”.

Fortuño avaló la intención del alcalde gurabeño Víctor Ortiz de construir proyectos “para propósitos de salud, recreación, educación, vivienda y cualquier otro propósito que sirva para adelantar estos fines”, según reza la medida, en un lugar donde ubica una de las pocas fincas en la Isla certificadas como orgánicas por las autoridades federales.

El año pasado, el alcalde Ortiz y la senadora Santiago impulsaron, sin éxito, una medida que obligaba a la UPR a permutar 100 cuerdas de terrenos valiosos para la investigación agrícola por otras 62.7 cuerdas de terrenos inundables y de valor inferior en Gurabo.

En esta ocasión, también se intercambiaron terrenos valiosos de la UPR por tierras de valor desconocido.

Junto a la cesión obligatoria de tierras, Fortuño firmó la Resolución Conjunta del Senado 1054, de la autoría de Santiago y de Díaz Hernández, que “ordena a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico a transferir, libre de costo, a la Estación Experimental Agrícola de Gurabo del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, la titularidad 100 cuerdas, ubicadas en los terrenos de la antigua Central Roig en el Municipio de Yabucoa”.

Ese intercambio de terrenos, sin embargo, no compensa la pérdida de terrenos de Gurabo, según los universitarios, porque al momento de la permuta se desconocía el estado de las tierras de Yabucoa. Tampoco existía una tasación de estas tierras que se dedicaban a la caña y que de acuerdo a los universitarios “estaban agotados en productividad”.

El año pasado, en medio del debate por la permuta, la expresidenta de la Junta de Síndicos, Ygrí Rivera, aseguró a El Nuevo Día que de aprobarse la medida la impugnaría en los tribunales porque usurpaba las facultades del cuerpo que presidía y porque ponía en riesgo el proyecto investigativo de la institución.