Ante la crítica situación de la industria de la construcción, la Asociación de Contratistas Generales (ACG) reclamó este miércoles que se posponga la implantación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) o cualquier otro cambio al sistema contributivo para que sea el gobierno entrante el que determine cuál será el modelo tributario que adoptará el país. 

La presidenta de la ACG, Neyssa Varela, indicó ante los miembros de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes que los constantes cambios en el sistema contributivo durante los pasados años han agravado la crisis en esa industria. Anticipó que cualquier modificación que se apruebe ahora podría ser revertida al llegar una nueva administración en enero próximo.

“Esto (posponer los cambios) nos permitiría a todos los sectores del país tener un diálogo sosegado y tranquilo para reevaluar el sistema contributivo y proponer los cambios que sean necesarios para una reestructuración efectiva del sistema contributivo”, indicó Varela durante la segunda vista pública en la que se discuten las propuestas de reforma contributiva presentadas por el representante popular Rafael Hernández Montañez. 

Durante su exposición, la líder de los contratistas generales hizo un recuento de cómo, desde la aprobación del Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU) en 2006, se han implementado varias leyes que, según dijo, han tenido un impacto adverso en la industria de la construcción, cuya actividad ha mermado a raíz de la crisis en el mercado de vivienda y la poca inversión pública en obras de infraestructura. 

A modo de ejemplo, mencionó que el aumento del IVU a 11.5%, y su aplicación a los servicios desde octubre pasado, encareció los costos de construcción en 5%, y estimó que la transición hacia el IVA y el alza impositiva en los servicios y en las transacciones entre negocios elevaría los costos en la industria 5% adicional. Por ello, también solicitó a los representantes que, de prevalecer la implantación del IVA en junio próximo, se legisle algún mecanismo que mitigue el impacto en la construcción con la intención de evitar la posibilidad de una doble tributación entre los distintos componentes de ese sector.

La ACG no se expresó ni a favor ni en contra de ninguna de las propuestas que evalúa la Cámara, pero advirtió que, cuando finalmente se establezca algún sistema contributivo, no debería modificarse en un plazo de, al menos, 10 años.

“Ya sea el IVU o IVA, con las enmiendas necesarias para distribuir la carga equitativamente entre todos los sectores, lo importante es que todos los sectores del país, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, hagamos un compromiso serio para establecer una moratoria de no cambiar nuestro sistema contributivo por los próximos 10 años”, enfatizó Varela. 

“No podemos continuar cambiando nuestro sistema contributivo anualmente porque esto no propicia un ambiente adecuado de negocios para la industria local y potenciales inversiones del extranjero. Además, ello no le permite a las empresas hacer una planificación adecuada a largo plazo”, abundó.

Piden exenciones al IVA

A la vista pública, también comparecieron la Coalición de la Industria de Bienes Raíces y la Puerto Rico Association of Realtors, cuyas dirigentes insistieron en que se exima a los servicios que brinda esa industria de la aplicación del IVA.

La coalición, compuesta por la Alianza de Corredores y Vendedores de Bienes Raíces y la Asociación de Arrendadores de Bienes Inmuebles, exigió que se apruebe el Proyecto de la Cámara 2566, que excluiría del IVU y del IVA los servicios de corretaje de bienes raíces, tanto a nivel residencial, comercial como industrial. 

La medida, de la autoría de la representante novoprogresista Jenniffer González, fue discutida en vistas públicas en noviembre, y aún aguarda por un informe de la Comisión cameral de Hacienda. 

“La eliminación del cobro de dichos impuestos evitará que continúe el deterioro de dicha industria, y permitirá que más puertorriqueños puedan adquirir el mayor de sus activos, que es una propiedad inmueble”, subrayó Ivette Pasarell, presidenta de la Asociación de Arrendadores de Bienes Inmuebles. 

El representante Hernández Montañez, presidente de la Comisión de Hacienda, dejó entrever que cualquier cambio al ordenamiento vigente se atendería de manera integrada con otros ajustes al sistema contributivo.

“Nunca apruebo proyectos sueltos, si se aprueba algo (de la reforma contributiva), lo que pase el cedazo, se incluye en ese proyecto final, pero como no estoy ahí, ni siquiera estoy pensando en eso”, dijo el legislador de mayoría a este medio.