Una investigación de la Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG) contra la Autoridad de Tierras de Puerto Rico (ATPR) reveló posibles irregularidades en el uso de un terreno agrícola que es propiedad pública, ya que supuestamente la corporación que tenía arrendado los predios permitió que un empleado de la mencionada agencia realizara una actividad político-partidistas y de recaudación de fondos el pasado 6 de mayo.

La investigación, se informó en comunicado de prensa, se inició a raíz de una comunicación confidencial remitida a la OIG. La misma resultó en “hallazgos de infracciones” al contrato de arrendamiento entre la ATPR y una corporación privada, pues supuestamente se confirmó que “se utilizó un predio agrícola propiedad para actividades prohibidas y se subarrendó la propiedad pública para fines contrarios a lo acordado”.

Primera Hora se comunicó con el Departamento de Agricultura, quien administra la ATPR, para una reacción a este señalamiento. Se espera por la respuesta.

Según precisó la OIG en su declaración pública, el contrato de arrendamiento de la finca prohibía explícitamente el subarriendo de esta y exigía su uso exclusivo para actividades agroturísticas y siembra de cultivo de hortalizas.

No obstante, la pesquisa realizada detectó que “un empleado de la ATPR, quien aspiraba a un cargo político, organizó una actividad político-partidista de recaudación de fondos en la finca arrendada por la corporación. Durante dicho evento, se llevaron a cabo discursos político-partidistas por parte de varios aspirantes y funcionarios electos. Las imágenes analizadas revelaron decoraciones en la finca, incluyendo un telón de fondo con información relacionada con las intenciones políticas del aspirante”.

El informe realizado por la OIG reveló que la realización de la actividad se pudo confirmar al confrontar los documentos radicados por el comité de campaña ante la Oficina del Contralor Electoral (OCE). Se detalló que se reafirmó en que la actividad realizada en los terrenos públicos fue de naturaleza político-partidista y destinada a la recaudación de fondos.

Además, la investigación reveló que la corporación privada que tenía arrendado los terrenos a la Autoridad, cuyo nombre no fue revelado, recibió un pago en efectivo de $300 el 5 de mayo de 2023, proveniente del comité de campaña del aspirante con motivo del alquiler de sus instalaciones.

“Los informes de Gastos en Actos Políticos Colectivos de la OCE detallan las transacciones y gastos asociados con la actividad del 6 de mayo de 2023″, se detalló.

La OIG también identificó deficiencias relacionadas con la administración del contrato por parte de la ATPR, así como en la inspección y supervisión de proyectos y actividades llevadas a cabo por el arrendatario en terrenos propiedad de la ATPR.

De acuerdo con la documentación examinada por la OIG, el arrendatario ejecutó proyectos no autorizados por la ATPR, como la construcción de una estructura de cemento de naturaleza permanente y la creación de una charca en el sistema de riego de la propiedad. Asimismo, se evidencia el uso indebido de la finca al subarrendar, lo cual contraviene las disposiciones contractuales, legales y reglamentarias aplicables.

La OIG confirmó, además, que la ATPR le arrendó otras dos fincas, totalizando 115.50 cuerdas de terreno, tanto a otra corporación en la que figura como agente residente y representante, como en su carácter personal.

Además, en el proceso investigativo se constató que la ATPR incumplió con las disposiciones establecidas al no ajustarse a las normas y directrices establecidas con respecto a la venta y transferencia de propiedades, cuando éstas no resulten necesarias para llevar a cabo sus fines y propósitos, según la Ley de Tierras de Puerto Rico.

Ante estos hallazgos, la OIG instó a la ATPR a mostrar causa sobre la permanencia del contrato y a justificar por qué la OIG no debería proceder con emitir una Resolución y Orden declarando la nulidad de este.

Asimismo, la OIG emitió una serie de recomendaciones críticas a la ATPR tras la revelación de las irregularidades publicadas en su informe. Entre las principales recomendaciones se encuentra la necesidad de revisar y evaluar detenidamente las violaciones contractuales identificadas, considerando la cancelación o terminación del contrato con la corporación privada. Además, se insta a la ATPR a actualizar los estados de cuenta, gestionar cobros pendientes, realizar inspecciones en los predios arrendados y asegurar la conformidad de las transacciones inmobiliarias con las regulaciones vigentes.

También se exige la obtención de inventarios actualizados, la actualización de informes sobre propiedades específicas y el establecimiento de procedimientos claros y delegación de responsabilidades con la aprobación de la Junta de Gobierno de la ATPR.