El representante por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Ramón L. Rodríguez Ruiz, está en el ojo del huracán luego de que fuera referido a la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia por una querella de violencia de género radicada en su contra por una empleada, quien alegó que la golpeó. 

La fiscal Marta Maldonado, luego de una consulta con la fiscal de distrito de Ponce, Marjorie Gierbolini, hizo el referido por tratarse de un funcionario electo. 

Una empleada, quien se identificó como directora ejecutiva de la oficina regional del legislador por el Distrito 27 (Aibonito, Coamo, Juana Díaz, Salinas y Santa Isabel), se querelló que el sábado a las 11:36 a.m. fue agredida por Rodríguez Ruiz en el lado izquierdo del rostro, causándole hematomas.

El incidente fue presuntamente en su casa en la urbanización Villa Retiro en el barrio Paso Seco en Santa Isabel.

En la querella con número (2017-3-069-002843), la fémina de 34 años identifica al representante como su pareja. 

Rodríguez Ruiz, por su parte, se distanció de los sucesos argumentando que se trata de un asunto personal de su empleada en el cual no tiene ningún vínculo. 

“Lo que se alega es sobre un incidente de una empleada de mi oficina en su carácter personal, una situación que es totalmente aislada a mi persona. Mi esposa no trabaja en mi oficina y no he tenido ningún incidente con ella”, afirmó Rodríguez Ruiz.

El representante detalló que está en la mejor disposición de cooperar con las autoridades, negando que haya sido objeto de una investigación, luego de que la Policía divulgara que lo estaba buscando para interrogarlo con relación a las alegaciones en su contra. 

La jefa de fiscales del Departamento de Justicia, Olga B. Castellón, indicó que luego de investigar el caso se evaluará si procede o no emitir un referido al Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI), organismo que determinará si se radicarán cargos criminales en contra de Rodríguez Ruiz. 

“Esto es así porque, por disposición estatutaria, es la División de Integridad Pública a la que le corresponde investigar estos casos por tratarse el querellado de un funcionario público en funciones. Se investiga y se evalúa si procede el referido al Panel del Fiscal Especial Independiente, que por disposición estatutaria es quien determinaría finalmente radicar o no cargos contra el representante”, sostuvo Castellón en declaraciones escritas.

Mientras, el gobernador Ricardo Rosselló calificó de “inaceptable, intolerable y repudiable” cualquier ataque contra una mujer, tras conocerse la querella de violencia de género y reconoció que al legislador le asiste el debido proceso de ley.

De igual manera, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, informó a través de un comunicado que estará iniciando una investigación y no descartó nombrar una comisión a esos fines. 

“Es política pública de esta Cámara de Representantes rechazar enérgicamente cualquier acto de violencia de género, en todas sus manifestaciones. Siempre he censurado este tipo de conducta, venga de donde venga. Como presidente de este cuerpo es mi responsabilidad velar por el buen funcionamiento del mismo”, señaló Méndez en declaraciones escritas.