La representante novoprogresista Jenniffer González arremetió hoy, domingo, contra la Administración de Familias y Niños (Adfan) por cesar un contrato con la Cooperativa de Servicios Legales (Cosel), que desde 2009 movilizó abogados especializados para atender en los tribunales querellas sobre maltrato de menores y otros importantes casos de esa agencia estatal.

González planteó en conferencia de prensa que la no renovación del contrato a Cosel constituye una contradicción a la política pública anunciada por el gobernador Alejandro García Padilla en el sentido de que la presente administración impulsaría el movimiento cooperativista en Puerto Rico.

La expresidenta de la Cámara y portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en ese cuerpo destacó la alta especialidad de los abogados del equipo cooperativista, pero consignó que Adfan ya contrató a otra entidad para realizar las labores encomendadas previamente a Cosel.

Por su parte, la titular de Adfan, Vanessa Pintado, dijo a este medio que la no renovación del contrato a Cosel responde a la nueva política de la agencia de reconstituir la plantilla de abogados regulares, que fue eliminada tras la aplicación de la Ley 7, en el pasado cuatrienio.

Pintado explicó que ya han nombrado a nueve abogados regulares en Adfan, y varios de esos profesionales pertenecían a Cosel. Indicó que el contrato con la cooperativa de abogados casi ascendía a $800,000, pero el nuevo contrato de servicios externos se limita a $45,000 y tiene vigencia hasta diciembre.

La licenciada Pintado subrayó que en la medida en que Adfan restablezca su equipo de abogados regulares, a un total de 30, al concluir el año, se limitará la contratación externa. "Fue lamentable que todos (los abogados regulares) desaparecieron por la Ley 7", observó, al estimar que con letrados a tiempo completo se podrán atender mejor los casos de maltrato de menores y otros en los tribunales, contrario a lo observado por González.

La representante, sin embargo, estimó temprano que "al quitar este contrato, vendrá un estancamiento de los casos de menores que se están viendo hoy en los tribunales" y cuestionó si la acción de Adfan se trata de "discriminación", porque el contrato en cuestión fue otorgado en el cuatrienio pasado, bajo la administración gubernamental del PNP.

 La legisladora aseguró que ya había fondos asignados para mantener el contrato de Cosel y lamentó que sin mayores explicaciones la titular de Adfan, otorgara a una corporación la encomienda de representación legal especializada a cargo de 33 abogados del equipo cooperativista.

Al reaccionar a esas denuncias, Pintado descartó de plano las consideraciones partidistas e insistió en que han reclutado abogados de Cosel como regulares. Además, aseguró que Cosel no estuvo de acuerdo a modificaciones del contrato según lo propuesto por su oficina en el Verano.

Para González, "cambiar a los abogados representará (para los nuevos letrados) meses para familiarizarse con los casos pendientes, lo que atrasaría las gestiones administrativas a favor de quienes deben ser realmente la prioridad para el Estado, los menores de edad".

Sin embargo, Pintado estimó que con abogados regulares "cuyo único cliente es Adfan", se logrará "más rigurosidad" en los casos. "Esto no tiene nada que ver con consideraciones partidistas...Nuestro norte es seguir brindando los servicios esenciales para nuestra población", concluyó la titular de Adfan.

El contrato de Cosel, por unos $971,200 al año, culminó el 31 de julio, pero el 1 de agosto ya se había emitido el nuevo contrato a la Corporación de Defensores, según dijo González, acompañada por el licenciado Francisco "Pompi" González, exinspector de cooperativas, y por el presidente de Cosel, Alexander Bravo.

Reconsideración reclamada

Bravo, por su parte, sostuvo que Cosel está dispuesta a continuar la representación legal en miles de casos sobre maltrato a menores, así como de ancianos y otros de Adfan. El letrado cooperativista se mostró esperanzado de que la agencia estatal pueda reconsiderar la determinación de descartar sus servicios, y mencionó que varios legisladores populares le dieron audiencia y se mostraron receptivos ante las inquietudes de Cosel.

Sin embargo, lamentó que en las pasadas semanas la dirección de Adfan no les concedió audiencia para "negociar" o "mejorar cualquier oferta" para continuar brindando sus servicios. Pintado, no obstante, dijo que hubo conversaciones con Cosel en el verano.

El licenciado González, por su parte, reclamó a los cooperativistas que procedan a "alzar la voz para defender a esta cooperativa" y estimó que los abogados de Cosel le economizaron al erario más de $2.5 millones en el pasado cuatrienio. El abogado experto en casos de discriminación, además, no descartó que en este caso proceda una demanda contra Adfan.

Mientras, la representante y portavoz del PNP emplazó a la presidenta de la Comisión de Cooperativismo en la Cámara, Sonia Pacheco, que se pronuncie sobre la situación en contra de Cosel, la cual da al traste con lo expresado en la página 57 de la Plataforma del PPD sobre potenciar y expandir el movimiento cooperativista.

Recordó que esa cooperativa se constituyó después que la Ley 7, que decretó una emergencia fiscal en el gobierno, propició la salida del Departamento de la Familia (DF) de decenas de abogados especializados en asuntos de esa agencia. "Esta cooperativa es un ejemplo de profesionales que tuvieron la iniciativa de organizarse y brindar servicio al DF ofreciendo, además, un ahorro sustancial al erario", recalcó.