La representante y portavoz de la minoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) Jenniffer González salió en defensa del fiscal Francisco Sánchez Rodríguez, quien fue suspendido de empleo y sueldo en el Departamento de Justicia y denunció que la sanción contra el letrado es parte de una "cacería de brujas" iniciada por el Partido Popular Democrático (PPD) para neutralizar iniciativas contra la corrupción encaminadas por la pasada administración.

Junto al representante novoprogresista Ángel Gary Rodríguez, quien tildó de "complot" la acción del nuevo gobierno contra Sánchez Rodríguez y otros fiscales, se anunció la presentación de una resolución para investigar las razones y el procedimiento seguido por Justicia para suspender al abogado, quien estuvo a cargo de las investigaciones de irregularidades en el Programa de Comunidades Especiales, establecido bajo la gobernación de Sila Calderón.

Sánchez Rodríguez realizó la polémica investigación contra la doctora Linda Colón, la cual fue desestimada por el Panel del Fiscal Especial Independiente a fines de 2012. Las acusaciones que no se sostuvieron contra Colón fueron enérgicamente criticadas por el defensor de la veterana profesora universitaria José Andreu Fuentes, quien a fines del pasado cuatrienio cuestionó el desempeño de Sánchez Rodríguez en este caso.

Los representantes, mientras, argumentaron que se ha procurado "dañar la reputación" de Sánchez Rodriguez y destacaron que como fiscal logró un alto récord de convicciones, a la vez que lo describieron como "el fiscal que más sabe" en el área de las investigaciones sobre corrupción que estaban en curso en el Departamento de Justicia.

Según los legisladores estadistas, "el caso de Linda Colón que se cayó en el Panel del FEI fue solo uno, pero tenían otros casos en su contra".

 Denunciaron que existen iniciativas para frenar otros casos encaminados por Sánchez Rodríguez en torno a irregularidades en Comunidades Especiales, como el incoado contra un contratista de proyectos de ese programa, que identificaron como gran recaudador de fondos para el PPD.

Al respecto, González destacó que la suspensión de Sánchez Rodríguez ocurrió "cuando está próxima la celebración de un juicio en el caso contra Federico del Monte Garrido", quien, precisó, que enfrenta 28 cargos por malversación de fondos públicos y 29 por violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.

La expresidenta de la Cámara y Rodríguez observaron que ese acusado, entre otros, será defendido por el licenciado José Andreu Fuentes, quien formó parte del Comité de Transición gubernamental del PPD.

Los representantes denunciaron que parte de las investigaciones de Sánchez Rodríguez se relacionan con inflación de los precios de numerosos proyectos de construcción o mejoras en las Comunidades Especiales, así como con certificaciones de obras hechas que no existían o que fueron facturadas como proyectos nuevos.

"Esto no es tan solo el plan del gobierno para perseguir al PNP, es un atentado contra la justicia y un mal precedente y una estrategia concertada entre agencias del estado y la Legislatura", opinó González.

"Nadie puede negar que hubo corrupción en Comunidades Especiales, nadie puede tapar el cielo con la mano", agregó, al sentenciar que "el nuevo secretario de Justicia no puede iniciar su gestión persiguiendo porque quedará como un politiquero".

De acuerdo con González, también sería prudente ver si es posible encaminar legislación para evitar que abogados que integran los comités de transición en el gobierno, en los que tienen acceso a información confidencial y sensitiva, se desempeñen luego como defensores en casos contra la corrupción gubernamental u otros incoados por pasadas administraciones.