El repudio público que ha desplegado en los pasados días el exgobernador Alejandro García Padilla por la acción del gobierno de entregarle a las autoridades federales el listado de personas con estatus migratorio no definido que han recibido una licencia de conducir del estado llevó a la gobernadora Jenniffer González Colón a explicar su postura este viernes.

A modo de justificación, la primera ejecutiva señaló en una publicación que realizó en las redes sociales a media mañana de este viernes que “no podemos escoger cuáles leyes vamos a cumplir y cuáles no”. De paso, aludió a que reconoce la importancia de los migrantes en el país.

La revelación principal de las declaraciones que hizo González Colón es que el listado se entregó a los federales a finales de enero y no en febrero, como había comentado García Padilla.

Ademas, la primera ejecutiva dijo en conferencia de prensa que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) pudo haber perdido $178 millones al año si no hubiese accedido a entregar la información y que el gobierno de los Estados Unidos también pudo haberle quitado a los boricuas el beneficio del Real ID.

“Ustedes saben que la tarjeta de licencia tiene una estrellita, que se llama Real ID. Eso es federal. Así que este programa puede hacer que inclusive Puerto Rico pierda su Real ID, verdad, que es unos mecanismos que el gobierno de Puerto Rico tiene”, sostuvo.

No obstante, la justificación que González Colón expuso para que el DTOP accediera al pedido se emitió en las declaraciones escritas. Las mismas exponen que “reconozco el rol que las comunidades inmigrantes tienen en nuestra fibra cultural y las contribuciones importantes que hacen a nuestra economía. Pero la realidad es que no podemos escoger cuáles leyes vamos a cumplir y cuáles no y las leyes de inmigración federal son mandatorias y aplican a Puerto Rico de la misma manera y con la misma fuerza que las leyes de seguro social, Medicaid y las que protegen nuestros derechos civiles”.

Añadió que “Puerto Rico está haciendo lo que es absolutamente requerido y obligado por ley federal, ni mas, ni menos. La data entregada el 29 de enero por DTOP fue un requerimiento de la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) con fecha del 26 de enero, por lo que la agencia lo que hizo fue cumplir con la orden en ley”.

Discrepa

El malestar que ha presentado García Padilla ante la decisión del gobierno de entregar la lista de los migrantes se debe a que la propuesta para entregar licencias de conducir a las personas con estatus migratorio no definido fue su idea. También fue quien convirtió en ley la medida, al estampar su firma en la Ley 97 del 7 de agosto del 2013.

El exgobernador también ha reprochado que el gobierno no anunció su acto, cuando entregó este listado al HSI.

En entrevista telefónica con Primera Hora, el exgobernador reaccionó a las primeras explicaciones públicas emitidas por González Colón en torno a la controversia.

Lo primero que manifestó fue “discrepo con el mayor y absoluto respeto”.

Expuso cinco puntos en los que cree que González Colón se equivocó al ceder ante una petición de las autoridades federales.

No quiso opinar sobre si el acto verdaderamente representa un reconocimiento a la aportación de los migrantes, como aludió González Colón. Pero, sí comentó que demuestra que su gobierno es “un gobierno conservador en acción. Un gobierno liberal defendería a los inmigrantes”.

La postura para refutar a González Colón fue la siguiente: “Uno, un requerimiento administrativo no es una orden del tribunal y el gobierno de Puerto Rico podía retarlo en la corte. Dos, no existe ninguna ley federal que obliga al gobierno de Puerto Rico a entregar ese listado. Los estados se están negando y han tenido éxito”, sostuvo García Padilla.

Añadió como tercer punto que “la ley federal de inmigración la hace cumplir el gobierno federal, no los gobiernos estatales, por lo que no es correcto decir que Puerto Rico estaba obligado por lo que esa ley manda”.

“Cuatro, el haber entregado las listas y no haberlo anunciado al país y haber callado fue un acto muy cruel contra los inmigrantes. Cinco, sólo una orden de un juez, que no fuera apelable, podría obligar al gobierno de Puerto Rico a cumplir ese requerimiento”, sentenció el también abogado.

¿Por qué no fue al tribunal?

Por otro lado, en la conferencia de prensa que realizó este viernes González Colón en La Fortaleza se le insistió en la razón por la que no se acudió al tribunal a intentar detener el subpoena que alega haber recibido el DTOP para entregar la información.

Entre otras cosas, expuso que “en las gestiones del gobierno no hay miedo, hay acciones y consecuencias”.

Además, dijo “nosotros no tenemos manera de decirle al gobierno federal no te voy a dar la información de las personas que están legalmente capacitadas para conducir en carreteras federales en Puerto Rico”.

Agregó que “recibimos un subpoena de la agencia. No fue una carta, no fue una llamada de colaboración, recibimos una orden de la agencia federal para entregar información que le pertenece al gobierno federal”.

González Colón rechazó que la determinación del DTOP de entregar la información al HSI se haya consultado con La Fortaleza.