La comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, arremetió hoy contra la secretaria del Departamento de Recursos Naturales (DRNA), Anaís Rodríguez Vega, y contra los activistas que lideran las manifestaciones en los predios de la casa de sus suegros en La Parguera, por alegado corte de mangle.

La líder novoprogresista denominó como un ataque político la investigación que lleva a cabo el DRNA contra la propiedad que tienen sus suegros en la costa marítima de la zona turística lajeña.

“Venir a tratar de ponerme a mí en una propiedad que ni siquiera es mía y cuando ustedes ven las expresiones de estos grupos hablando de mi propiedad, esto es un ataque político hacia mí. Allí hay más de 110 residencias, pero solamente la que se cuestiona es la de mis suegros. ¡Qué casualidad!”, reclamó la comisionada residente al ser preguntada hoy por periodistas sobre el estatus de la investigación de la propiedad de sus suegros en una conferencia de prensa en sus oficinas en el antiguo edificio de Medicina Tropical en San Juan.

“Para mí es triste que a estas alturas estas cosas se den. Me encantaría que la Secretaria de Recursos Naturales no fuera tan irresponsable de hacer expresiones públicas cuando ni siquiera han culminado investigaciones y cuando hace públicos documentos internos de la agencia y ni siquiera se habían enviado a las partes”, cuestionó González Colón.

Dijo que la titular del DRNA tiene una función ministerial que cumplir, pero recalcó que en La Parguera hay 110 casas.

“No quisiera pensar que esto es exclusivamente porque son mis suegros y todo el que esté en contra de la ley y los derechos que le aplique la misma norma. Ahora, no pueden ser exclusivamente para una familia. Hay 110 residencias allí y esta cumple con todos los permisos”, indicó.

En recientes declaraciones, la secretaria del DRNA sostuvo que además de la investigación de la propiedad de los suegros de la comisionada residente, la agencia investiga otras tres propiedades, cuyos propietarios no identificó.

González Colón reclamó, además, que el gobierno debe evaluar su política pública porque hay otras casas de playa enclavadas en zona marítimo terrestre en Lajas, Loíza, Salinas y Cabo Rojo, entre otros municipios.

“Al gobierno de Puerto Rico le exhorto a que haga cumplir las leyes a todo el mundo no con encargos de nadie”, sentenció.

Dijo que su esposo, José Yovín Vargas, acompañó a sus padres la semana pasada a las Oficinas del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), en Hato Rey.

“Mi esposo fue a acompañar a sus padres, que son personas mayores de edad, a acudir como ciudadanos privados. Mis suegros no son figuras públicas, son ciudadanos privados que fueron a vindicar sus derechos y a hacer los reclamos que entiendan pertinentes ante las agencias estatales y federales. Cuando se te meten en una propiedad, la destruyen, la vandalizan, so color de causas ambientalistas y digo so color porque allí se destruyeron mangles con esta supuesta manifestación que fue vandalismo. Son grupos que buscan una agenda política, lamentablemente la independencia y de crear controversias donde no las hay”, dijo la comisionada residente.

El pasado 9 de julio una manifestación en la entrada de la residencia de los suegros de González Colón se tornó violenta y culminó con ocho personas arrestadas.

Reacciona la secretaria de Recursos Naturales

Tras las expresiones de la comisionada residente, la secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez Vega se manifestó y le respondió que la investigación no es un acto selectivo contra ella ni una irresponsabilidad.

“Desde el primer día que asumí el cargo de manera interina y luego en propiedad, he respaldado con acciones mis palabras de sancionar todas aquellas violaciones a los reglamentos y leyes ambientales de Puerto Rico, como requiere mi deber ministerial y de acuerdo con la política pública establecida en nuestra Constitución (Artículo VI, Sección 19). Todas nuestras acciones están precedidas de estudios y análisis ambientales y legales, sin distinción alguna de quien las cometa”, comenzó diciendo Rodríguez Vega.

“Al contrario, hemos recibido críticas por protegerle a las personas investigadas el debido proceso de ley y la igual protección de las leyes, que son principios constitucionales de los cuales no nos apartamos aunque causen dilación en los procesos administrativos y judiciales, que son los foros correspondientes donde se deben dilucidar las controversias y no asaltando los lugares donde se alega que hay violaciones de leyes ambientales”, siguió diciendo.

La funcionaria puso como ejemplos los sonados casos del condominio Sol y Playa y la Cueva de las Golondrinas y la Reserva Estuarina Bahía de Jobos, en Salinas, que han sido investigados por la agencia.

Asimismo dijo que “respeto profundamente las opiniones de todos los ciudadanos, incluyendo la de los funcionarios electos del Gobierno de Puerto Rico. Sin embargo, es importante recordar que en el DRNA estamos comprometidos con la protección y conservación de nuestros recursos naturales, y esto incluye los mangles, que son vitales para nuestra biodiversidad y resiliencia contra el cambio climático”.

“Nuestra intervención no fue un acto selectivo ni de irresponsabilidad, sino un cumplimiento con nuestro deber como guardianes de la naturaleza y el medio ambiente. Si se ha llevado a cabo alguna actividad sin el debido permiso, es nuestra obligación intervenir, sin importar a quién pertenezca la propiedad en cuestión. En el DRNA atendemos con profunda seriedad todas las querellas y casos activos”, manifestó en respuesta a la comisionada quien la tildó de irresponsable por hacer públicos los documentos la investigación de la casa de sus suegros en La Parguera.

“El pueblo reclama transparencia y el Gobierno está respondiendo a ese reclamo. Nadie que ame a Puerto Rico y la conservación y protección de nuestra naturaleza debe oponerse a ello”, terminó diciendo.