La gobernadora Jenniffer González Colón vetó este jueves que la medida legislativa que congela el impuesto al inventario por los años contributivos 2025 al 2027.

“Como está la medida redactada, se hace imposible la firma. Yo no voy a desvestir un santo para vestir otro”, sentenció.

Específicamente, la gobernadora criticó los cambios que introdujo la Legislatura a la propuesta que le presentó originalmente para encaminar esta congelación del impuesto que pagan las empresas y comercios por la mercancía que tienen en almacén. La primera enmienda en la que no estuvo de acuerdo fue en la de reducir de cinco a tres años esta congelación del impuesto y la segunda fue que la legislación expone “una derogación explícita del impuesto al inventario, sin periodo de transición ni sustitución al ingreso que se percibe por el cobro de este tributo municipal”. Esto se daría a partir del año contributivo 2028.

En la carta en la que la primera ejecutiva notificó de este veto a la Legislatura se precisa que “el resultado de esas enmiendas, en particular la de cambiar el periodo original de la medida (de cinco a tres años), tiene un gran impacto en las finanzas de los municipios en los próximos tres años, y hay serias consecuencias al no poder atender un mecanismo de sustitución de ingresos para poder continuar ofreciendo servicios a nuestra gente”.

Por ello, la gobernadora determinó volver a someter una nueva propuesta a la Legislatura. Dijo que su fin era cumplir con la promesa que realizó al dirigir al Partido Nuevo Progresista (PNP) al triunfo en las pasadas elecciones de congelar el impuesto al inventario en lo que se buscaba una fuente alterna de ingresos a los municipios para así eliminarlo.

Líderes legislativos tiran la raya

La decisión no fue recibida con mucho agrado por los presidentes de los cuerpos legislativos, el senador Thomas Rivera Schatz y el representante Carlos “Johnny” Méndez.

Rivera Schtz expuso que la nueva legislación presentada por la gobernadora era “prácticamente idéntica” a la aprobada por la Legislatura. Aludió a que el mayor cambio fue la reducción del tiempo de cinco a tres años.

Por tal razón, dejó saber que no se atendería la nueva propuesta en la Legislatura hasta tanto el comité que conformó la gobernadora busque alternativas para sustituir el impuesto al inventario. Este comité está compuesta por alcaldes populares y novoprogresistas, así como representantes del sector empresarial, que incluye a la presidenta de la Cámara de Comercio, Margaret Ramírez; el director ejecutivo de Asociación de Restaurantes, Gadiel Lebrón; la directora de Asuntos Gubernamentales de Walmart Puerto Rico, Coral Cummings; el vicepresidente de MIDA, Manuel Reyes; la directora ejecutiva de la Asociación de Comercio al Detal, Lymaris Otero, y el presidente de la Asociación de Constructores de Puerto Rico, Agustín Rojo.

“En lo que al Senado respecta, nosotros vamos a esperar a que el distinguido comité que ha asignado a la gobernadora tenga propuestas específicas y concretas para trabajar sobre eso. Mientras no llegue la propuesta de ese comité, pues se constituiría una pérdida de tiempo, porque no estamos moviéndonos en ninguna dirección”, precisó Rivera Schatz.

El presidenta cameral, por su parte, dejó claro que este comité formado por la gobernadora deberá presentarle a la Legislatura “alternativas para la sustitución de este impuesto que no sea un nuevo impuesto o que no sea el mismo impuesto disfrazado” para que pueda ser considerado. Dejó claro que su misión es actuar con “responsabilidad” en una medida que sea para beneficio del pueblo.

El impacto de la medida

La decisión de González Colón de vetar el proyecto de la Cámara 420 la dio a conocer tras reunirse con alcaldes populares y novoprogresista en el Palacio Rojo, en el Viejo San Juan.

En conferencia de prensa, la gobernadora indicó que si firmaba la propuesta aprobada por la Legislatura los municipios dejarían de recibir para el próximo año unos $314 millones, que son los ingresos que tienen los municipios por concepto de este impuesto. Precisó que el efecto inmediato era que el pueblo perdería servicios importantes, como de ama de llaves, arreglo de carreteras, desyerbo, recogido de basura y otros servicios esenciales.

“Quitar o aprobar la medida tal y como está, representa que el gobierno de Puerto Rico tendría que identificar $314 millones el año que viene para poder sustituir los ingresos que estos municipios dejarían de recibir y que van a servicios esenciales”, expresó.

La mandataria sostuvo que, “si firmamos la medida tal y como está, no tendríamos la fuente de repago para esas deudas” que tienen los municipios con los fondos que generan con este ingreso del impuesto al inventario.

La cantidad de dinero que recibe cada municipio por este impuesto al inventario es diferente. Por ejemplo, el alcalde de Cataño, Julio Alicea, manifestó que su municipio captura $20 millones en este impuesto, debido a los almacenes que tiene en su pueblo. Si se le quitaran los fondos, se quedaría con un presupuesto anual de $25 millones.

“Si se elimina el impuesto, sin una sustitución, se puede reconocer que el municipio de Cataño, que es un municipio millonario, se va a volver pobre… Va a volver a convertirse en un barrio del municipio de Bayamón y eso no es lo que quiere Ramón Luis (Rivera Cruz)”, sostuvo.

Pueblos como Adjuntas, Orocovis, Comerío y Ceiba reciben menos de $200,000 por concepto de este inventario.

Gobierno recibe su tajada

No obstante, no todo este dinero capturado va a los municipios. El presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández, explicó que parte de los $314 millones que se captura municipio a municipio va para pagar deuda que el gobierno de Puerto Rico contrajo con los bonistas y deudas de los propios municipios.

“De los $314 millones, $129 millones van para cubrir lo que es los préstamos municipales, $39.1 millón van dirigido a cubrir la deuda de Puerto Rico, que es el 1.03%, y $145 millones son los que se distribuyen a los 78 municipios”, detalló.

La distribución a lo municipios no es igual. Depende de la suma captada en cada pueblo.

“Por ejemplo, mi municipio genera $1.4 millones. De esos $1.4 millones, $900,000 es lo que me desembolsan a mí directamente al municipio. Esos otros $500,000 pasan a cubrir la deuda del estado y préstamos contractuales”, detalló.

Bajo esta fórmula, Cataño captura $20 millones, pero tras los descuento ingresa a su presupuesto unos $17 millones.

Por otro lado, el presidente de la Asociación de Comercio al Detal (ACDET), José González, José González, opinó que la decisión de vetar esta medida “es muy desafortunada” y representa un “golpe al desarrollo económico”.

“Esta decisión representa un retroceso en los esfuerzos por modernizar el sistema contributivo y encamina al país nuevamente por la ruta de la incertidumbre”, sostuvo.

La gobernadora rechazó un impacto al desarrollo económico.

“No es correcto, porque la ley vigente está ahí y no se ha cambiado el estado de derecho”, sentenció, al exponer que parte del sector privado ahora integrará al comité de buscará alternativas al impuesto al inventario.