Ante el desacuerdo entre la Cámara y Senado con la distribución de los incentivos económicos a los profesionales de la enfermería del sector público y privado, la Resolución de la Cámara 666 pasó hoy a un comité de conferencias, pero la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) le advirtió al liderato legislativo en una misiva que la legislación era innecesaria.

Antes de terminar la sesión de hoy, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez nombró a los representantes que integrarían el comité de conferencias para buscar un acuerdo con el Senado sobre la resolución, pero poco después, el líder legislativo reconoció en declaraciones escritas, que la bonificación a las enfermeras y enfermeros ya está disponible en la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), según los acuerdos entre el Ejecutivo y la JSF, a finales del pasado mes de marzo.

“Quiero dejar claro cuál es el trámite sobre estas bonificaciones a estos héroes de la lucha contra el COVID-19. El Ejecutivo y la Junta llegaron a un acuerdo para el desembolso de unos $156.8 millones con el fin de brindar bonos a múltiples profesionales que trabajan durante la pandemia, entre estos, nuestras enfermeras”, dijo Méndez en las expresiones escritas.

Reconoció que la OGP tiene la facultad de distribuir esos recursos mediante el acuerdo con la JSF. No obstante, dijo que “lo que la Asamblea Legislativa hizo con la Resolución Conjunta de la Cámara 666, aprobada por unanimidad, fue crear un récord histórico de dicha transacción. Lo que significa que esos dineros pueden ser distribuidos desde ya”.

Según se desprende de la carta de la Junta, el ente federal autorizó a OGP el desembolso de $156,810,500 para brindar a las enfermeras del sistema público un bono máximo de $4,000.00, mientras que las del sector privado serían elegibles para una bonificación de hasta $3,000.00 y unos $3,500.00 a las que trabajan mediante contratos de servicios profesionales, durante la emergencia causada por la pandemia del COVID-19.

La Cámara recogió la distribución en la resolución 666, pero la semana pasada el Senado, la enmendó para establecer que la bonificación fuera uniforme para el personal de enfermería del sector público y privado y eliminó el incentivo a los profesionales de la enfermería que trabajan por servicios profesionales y a los que laboran en el Departamento de Corrección y Rehabilitación.

“Al fin y al cabo es la Junta de Control Fiscal la que está dando las instrucciones de cómo se aprueban los incentivos económicos a los trabajadores y la que está estableciendo las categorías”, dijo por su parte, el representante independentista, Denis Márquez Lebrón.

La Cámara, por otro lado, aprobó sin enmiendas una resolución del Senado (513) para establecer moratorias de pagos a los préstamos personales, de auto, hipotecarios y/o tarjetas de crédito a instituciones bancarias y financieras, incluyendo a las cooperativas, la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado o medidas de alivio, incluidas en las ordenes ejecutivas decretadas dentro del período de emergencia por el COVID-19.

El cuerpo legislativo también concurrió con las enmiendas que le hizo el Senado a la Resolución 640, que establece medidas en respuesta a la situación que enfrentan los policías municipales y personal municipal de emergencias médicas frente al coronavirus, así como la Resolución 641, que autoriza a los sicólogos a ejercer su profesión mediante la telemedicina o cualquier tecnología a distancia.

Por su parte, la Comisión de Salud de la Cámara reanuda mañana a las 10:00 de la mañana las vistas ejecutivas sobre los escandalosos contratos en el Departamento de Salud relacionados con la compra de pruebas del COVID-19 y ventiladores. Esta vez, la vista a puertas cerradas, se transmitirá por la página de internet de la Cámara.