El abogado gestor del controvertible contrato a nombre de Apex General Contractors, Juan Maldonado De Jesús admitió hoy que la empresa se hubiera ganado unos $10 millones si la compra de las pruebas rápidas del COVID-19 no hubiera sido cancelada.

Maldonado, quien estuvo bajo fuego en un interrogatorio de más de seis horas, se amparó varias veces en su derecho a no auto incriminarse para no contestar preguntas de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes sobre irregularidades detectadas en el trámite del contrato de $38 millones que el abogado negoció con el Departamento de Salud a nombre Apex para la compra de las pruebas serológicas a una compañía en Australia. Después que el gobierno desembolsó el primer pago de $19 millones lo canceló porque las pruebas no llegaron a tiempo y porque no cumplían con los parámetros federales.

“Me acojo a la quinta enmienda, a mi derecho a lo no auto criminación”, dijo luego de admitir que notarizó una resolución corporativa de Apex, que le envió por el email el presidente de la empresa, Robert Rodríguez López, a pesar de que tenía que hacerlo en presencia de éste. En el documento corporativo, Rodríguez López autoriza a Aron Vick, a quien Maldonado identificó como un amigo, a firmar el millonario contrato, lo que el propio Vick ha dicho que desconocía.

A preguntas del representante popular, Jesús Manuel Ortiz, Maldonado dijo que la compra representaba ganancias para Apex de entre un 27 a un 28 por ciento. “Con toda sinceridad tengo que decir que no habíamos hablado de eso”, alegó sobre cuáles serían sus ganancias como gestor del negocio.

Maldonado invocó también varias veces el privilegio de abogado cliente para no responder por qué el polémico contrato fue suscrito a nombre de Vick pese a que éste ha dicho que no sabía nada de la compra. Incluso Maldonado, se apegó a relación de abogado cliente, a pesar de que dijo que Vick no era cliente suyo.

El representante Ortiz le preguntó también por qué el contrato lo firmaba Vick y no Rodríguez López, quien es el presidente de Apex. “No es un secreto que en ocasiones en transacciones en el gobierno a veces hay que tener un apellido americano porque funciona mejor que uno local”, reclamó Maldonado, quien dijo que era candidato a la legislatura municipal de Caguas por el Partido Nuevo Progresista (PNP) y que renunció “en medio de esta controversia”.

Admitió también en el interrogatorio del presidente de la Comisión de Salud, Juan Oscar Morales que nunca le informó al Departamento de Salud que en la millonaria compra de las pruebas a la empresa australiana Pro Medical había un intermediario, la empresa 501 Nutrition del estado de Arizona.

“A ellos se les estaba ofreciendo un producto, el distribuidor de nosotros no necesariamente había que divulgarlo”, alegó Maldonado, quien en varias ocasiones consultó sus respuestas con su abogada, Mayra López Mulero.

Respondió en la negativa cuando otro legislador popular, Ramón Luis Cruz Burgos le preguntó si había hecho aportaciones a la campaña política de la gobernadora, Wanda Vázquez.

En el turno de preguntas del representante independentista, Denis Márquez Lebrón, Maldonado volvió a invocar “la quinta enmienda” de la Constitución de Estados Unidos cuando el legislador le preguntó si al suscribir la affidavitt de Rodríguez López habría violado el artículo 2, de la Ley Notarial.

-“¿Si no se cumplió con la ley notarial, Aron Vick no estaba autorizado para suscribir el contrato, no había autorización en ley y ese contrato era nulo?”, le inquirió Márquez Lebrón.

“Eso sería entrar en un debate legal, no estoy de acuerdo”, replicó Maldonado.

El legislador le preguntó además si negoció la compra como representante de Apex o como abogado de la empresa y su respuesta fue: “no hay limitación para que sea ambas”.

Reconoció sin embargo, que en ninguna de sus comunicaciones escritas y correos electrónicos en torno a la transacción hacía constar que hacía las gestiones en calidad de abogado de la empresa. “Usted debió haberse identificado para cumplir con el Canon 6 de hacer representación legal ante el gobierno”, le ripostó Márquez Lebrón.

El legislador lo confrontó también con el opúsculo que adjuntó a la cotización de la millonaria compra en el que aparece la dirección de su oficina con un mapa de Australia.

-¿Nadie debe entender que usted está haciendo una falsa representación?, le cuestionó el legislador pipiolo.

“No puedo entrar en la siquis de nadie”, sostuvo Maldonado.

- “Usted que dirigió tantas agencias de gobierno es correcto ir a través de los amigos o lo correcto hubiera sido que Apex, que ya tenia contratos con Salud, debió ir a través de la División de Compras de la agencia”, le insistió Márquez Lebrón.

“Lo que se hizo, es lo que se hizo”, dijo Maldonado, quien negó trabajar para Apex. “En la transacción que se está investigando era abogado, yo no tengo una posición ni una iguala por estilo”, alegó.

“Seguro es la muerte”, dijo Maldonado en respuesta a otra pregunta de Márquez Lebrón si estaba un 100 por ciento seguro de que la empresa australiana les iban a proveer las pruebas. Luego agregó, que “en las circunstancias se dio la transacción se tenía la certeza de que se iba a completar”.

Maldonado dijo que a mediados del pasado mes de marzo, en el lock down, dos clientes, William Trees y Manuel Agosto le dijeron que una compañía estaba vendiendo equipos para el COVID-19 en California, pero no sabían cómo mercadearlos en Puerto Rico.

Indicó que el 22 de marzo le escribió un tuit al contratista Tito Laureano y que éste le dio el número de celular del encargado del task force médico, Segundo Rodríguez, quien lo refirió “a la encargada de compras de Salud”, Mabel Cabeza y que está lo refirió a su vez a la secretaria de administración de Salud, Adil Rosa. Añadió que Rosa finalmente lo refirió a la empleada “de Compras” de Salud, Mariel Rivera, a quien le envió la cotización de las pruebas y el contrato de Apex.

En las vistas se confirmó que la transacción se finiquitó el 26 de marzo, en unas 16 horas, después del correo electrónico que le envió Maldonado a Mariel Rivera con la cotización. El abogado alegó que Salud nunca le pidió que las pruebas debían tener la aprobación de la Administración Federal de Drogas.

Maldonado se amparó en emergencia sanitaria y en otro momento, dijo que Rivera le indicó que la prisa era porque a partir del lunes siguiente tendría que informarlo “a la Junta de Control Fiscal”.

El abogado dijo a preguntas de varios legisladores que no podía confirmar ni negar si las autoridades federales lo han entrevistado con relación a la fallida compra. Rechazó que alguien “allá afuera” le haya pedido un “kick back” por la transacción y también negó que “en ese momento” le hicieran acercamientos para hacer aportaciones de fondos a las campañas políticas de la Palma, que reiteró es la colectividad a la que pertenece.

En febrero de 2019, cuando Maldonado dirigía la ATM, bajo la administración de Ricardo Rosselló Nevares, protagonizó otro escándalo que forzó su salida de la agencia por facilitar el uso de lanchas para una boda privada dejando a los viequenses sin transportación a la isla municipio.

Sobre su trayectoria en el servicio público, dijo que comenzó “como interno” en la administración del gobernador Pedro Rosselló, que el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá lo reclutó como vicepresidente de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), que laboró también bajo el gobierno de Luis Fortuño y que fue asesor legislativo de Thomas Rivera Schatz y Jennifer González, entre otros legisladores novoprogresistas y que en el gobierno del renunciante gobernador Ricardo Rosselló ocupaba “cinco posiciones”, entre ellas, asesor legal del Departamento de Transportación y Obras y además de dirigir la ATM, dirigía la Administración de Transporte Integrado (ATI).

Maldonado dijo que tiene varias corporaciones y que Premium Holdings en la que amasa sus “activos principales”. Indicó que su esposa Jessica Morales, es ayudante del Secretario del DTOP y que está destacada en el Puerto Rico Innovation Services.