Tal como se anticipaba, la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura demandó este lunes al Gobierno por la reciente ley que modificó el sistema de retiro de jueces alegando que el nuevo estatuto “es inconstitucional de su faz”.

La Asociación alega en el recurso de sentencia declaratoria que con el nuevo estatuto, que convirtió en ley la semana pasada el gobernador Alejandro García Padilla, los jueces y juezas se verán afectados al tener que hacer una aportación mayor, lo que equivale a una merma en sus ingresos.

“Este es un daño claro, patente, inmediato y actual ya que la ley impugnada tiene una vigencia inmediata”, sostienen los demandantes en el recurso legal de seis páginas, que se espera que sea elevado al Tribunal Supremo por tratarse de una controversia de índole constitucional.

De hecho, los abogados de los demandantes radicaron esta misma mañana una petición de certificación ante el más alto foro judicial del país.

Los demandantes sostienen en el pleito que la nueva ley interfiere con la cláusula constitucional de separación de poderes y que es contraria a la cláusula de debido proceso de ley en la modalidad de derecho adquirido. Alegan además, que el estatuto viola la cláusula de menoscabo de obligaciones contractuales.

Según su planteamiento, el nuevo estatuto aumenta la aportación de los miembros de la judicatura del 8 por ciento al 10 por ciento y afecta los topes máximos a que tienen derecho, lo que reduce el monto de la pensión de un 75 a un 60 por ciento.

Los demandantes aluden en el recurso legal a la Sección 10, artículo V de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA) que dicta que la Asamblea Legislativa establecerá un sistema de retiro para los jueces, que será obligatorio a la edad de 70 años.

También citan un caso titulado García Martínez versus Gobernador que expresa que “debe tenerse siempre presente el propósito de la convención constituyente de garantizar la independencia judicial y que uno de los medios para garantizarla es el establecimiento de un sistema de retiro para los jueces, de suerte que su gestión esté libre de preocupaciones económicas al retirarse y que al fallecer, tenga la tranquilidad de que su viuda e hijos menores queden adecuadamente protegidos”.

La demanda fue incoada a las 10:41 de la mañana en el Centro Judicial de San Juan. Fue sometida por el bufete Martínez Umpierre y Martínez García, radicado en Arecibo.

El litigio fue asignado a la sala 906 del Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

La solicitud de certificación fue radicada a las 11:30 de la mañana de este lunes en el Tribunal Supremo.

El licenciado Manuel Martínez Umpierre indicó que radicaron esta misma mañana la petición de certificación del pleito porque los jueces de primera instancia y de apelaciones en su gran mayoría son miembros de la Asociación. "Por eso radicamos enseguida la petición de certificación para que no haya conflicto", dijo el letrado en entrevista telefónica.

En el epígrafe los demandados son el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y menciona específicamente a Luis Sánchez Betances, en su carácter de Secretario de Justicia.

La jueza superior Gloria Maynard Salgado, quien preside la sala 906 se inhibió de ver el pleito porque pertenece a la Asociación de la Judicatura Puertorriqueña. La jueza de su sala pareja, Rebecca de León Ríos se encuentra de vacaciones por lo que Maynard Salgado refirió el asunto a la jueza administradora, Isabel Llompart. Ésta asignó la demanda al juez Ángel Pagán Ocasio, quien preside otra sala de Recursos Extraordinarios porque dijo que el magistrado tiene ante sí un caso que plantea la misma controversia.