Esta tarde la jueza Alfrida Tomey, de la Sala de Investigaciones de San Juan, no encontró causa para arresto en ninguno de los cargos contra el senador popular Albert Torres Berríos.

Esta mañana la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI), a través de los fiscales Zulma Fuster Troche y Ramón Mendoza, le radicó cuatro cargos graves en relación a un alegado patrón de acoso laboral y de solicitudes de dinero que alegaron empleados de su oficina legislativa en 2021.

Torres Berríos, legislador popular por el Distrito de Guayama, está representado por los abogados Cándida Sellés Ríos y Enrico Rodríguez González.

Esta mañana, al llegar al tribunal, Torres Berríos dijo estar “confiado en el nombre del Señor”.

El legislador del Partido Popular Democrático (PPD) enfrentaba un cargo por soborno (artículo 259 del código penal), uno por violación al Código Anticorrupción (artículo 4.2 C) que protege a empleados de represalias, y dos por interferencias con testigos (artículo 281 del código penal).

Fuster Troche acompañó las denuncias con ocho declaraciones juradas, entre ellas, una del secretario de Agricultura, Ramón González Beiró y la exempleada de Torres Berríos, Alba González quien fue una de las primeras querellantes del legislador popular por el Distrito de Guayama.

La fiscal indicó que las otras declaraciones juradas eran de empleados y exempleados del senador.

Aunque el fiscal Ramón Mendoza fue parte de la investigación contra el legislador, esta mañana no estuvo presente en la radicación de cargos.

Torres Berríos arribó al Centro Judicial cerca de las 8:30 de la mañana sin hacer más expresiones a los periodistas que se encontraban en la entrada de la Sala de Investigaciones.

Cuando el senador entró a la Sala de Investigaciones se suscitó un leve forcejeo con fotoperiodistas que intentaban captar el momento, pues se les restringió el acceso a los pasillos. Solo, como es usual, se ha permitido la entrada al interior de la Sala de Investigaciones a reporteros sin cámaras.

Ayer, Torres Berríos no se presentó a sus labores en el Capitolio y se encontraba reunido con sus abogados, confirmó el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, quien no fue categórico en qué acción, si alguna, tomaría contra el senador, si se le encuentra causa para el arresto.

Dalmau Santiago reconoció, sin embargo, que la Regla 243 del Reglamento del PPD establece que cuando se determinase causa probable para arresto o citación contra algún miembro de la colectividad por algún delito grave o menos grave que implique depravación moral el Presidente puede suspenderlo temporeramente de su cargo hasta que el caso sea resuelto por los tribunales. Recordó también, el líder senatorial, que son los senadores, en última instancia, los jueces de sus pares.

El líder legislativo sostuvo que Torres Berríos, motu propio, no le ha planteado la posibilidad de renunciar ni él tampoco se la ha pedido. “La información que me ha dado todo el tiempo es que basado en los hechos que han sucedido, sus abogados están muy tranquilos en el sentido que le han indicado que el proceso ellos lo van a trabajar de forma en que todo se sepa y que él pueda salir bien”, sostuvo Dalmau a preguntas de periodistas en las oficinas senatoriales.

“El siente una tranquilidad por lo que le han dicho sus abogados y yo no tengo porque dudarlo”, dijo ayer el presidente del Senado y también presidente del PPD.

En diciembre de 2021, la Comisión de Ética del Senado recomendó castigar con un voto de censura y reprimenda pública al senador Torres Berríos, de 32 años, luego de investigar una querella de empleados del legislador que alegaron ser objeto de un patrón de maltrato verbal y de solicitudes de dinero.

También se rindió un informe de minoría que recomendó castigar también al legislador con una multa de $5 mil, que se le separara de forma permanente de la presidencia de comisiones legislativas, se ordenara a la oficina de Recursos Humanos que continúe la investigación y que el expediente fuera referido al Departamento de Justicia, pero ninguno de los informes fueron acogidos por el pleno del Senado.

El Departamento de Justicia, sin embargo, inició una investigación contra Torres Berríos.

Tras la investigación, el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli informó al OPFEI que la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor entrevistó a empleados del legislador, así como, examinó la prueba documental y testifical sobre una querella levantada ante la Comisión senatorial de Ética, donde se alegó que el legislador había solicitado dinero al esposo de una empleada y que había intentado impedir el testimonio de ciertos testigos ante esa comisión.

Torres Berríos estuvo involucrado en otra controversia por una querella de maltrato a menores radicada en julio pasado, que fue archivada por el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente a recomendación del Secretario de Justicia.