La jueza del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Lauracelis Roques Arroyo, determinó hoy, viernes, que el borrador del plan fiscal que el gobierno sometió ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) hace casi un año, es un documento público y no uno confidencial como alegaba la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

La decisión en este caso toca una controversia constitucional asociada a la elaboración del presupuesto para el año fiscal en curso. La determinación de la jueza, que surge después que el caso fuera consultado ante el Tribunal Federal y posteriormente ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, establece que el gobierno no pudo probar la naturaleza confidencial o privilegiada de los documentos y reafirma el derecho constitucional de acceso a la información.

“No existe justificación valida alguna por parte del Estado que mueva a este Tribunal a mantener la secretividad del documento en cuestión. Más aún, cuando históricamente nuestro Tribunal Supremo ha dispuesto que el acceso a la información pública constituye un pilar fundamental en toda sociedad democrática”, sostiene la decisión de la jueza.

El pleito surge luego que el senador popular Eduardo Bhatia Gautier solicitara que el gobierno entregara la propuesta de presupuesto que presentó el gobierno ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). La Fortaleza sostenía lo que solicitaba el senador era un documento de trabajo, cobijado por la confidencialidad del Ejecutivo, por lo que no era público. Bhatia, en cambio, reafirmaba que era público porque era un documento que exigía la Ley Promesa como parte del proceso de aprobación de un presupuesto.

El caso fue rápidamente apelado hasta el Tribunal Supremo de Puerto Rico, cuerpo que en una decisión 5-4 reiteró que la doctrina que establece la jurisprudencia es que si un documento está en su versión final es público, salvo por contadas excepciones. Con la determinación, le ordenó a la jueza revisar si, en efecto, el documento en controversia era una versión final, lo que ayer la jueza decidió en la afirmativa.

Bhatia, en unas declaraciones a la prensa, afirmó que aunque el caso se decide casi un año después de radicado, provee las bases para que el gobierno no pueda negarse nuevamente a ocultar o retener las propuestas que hace ante la JSF como parte del proceso de elaboración de un Plan Fiscal o un presupuesto.