La Junta de Supervisión Fiscal advirtió, tanto al gobernador Pedro Pierluisi como al liderato legislativo, que no deben “aprobar ni implementar” las resoluciones conjuntas del Senado (RCS) 326 y 327, ya que tal y como están redactadas violan los planes fiscales certificados y la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA).

“Aunque la Junta de Supervisión reconoce la intención de la Legislatura de abordar las necesidades de electricidad de la isla a la luz de los recientes desastres naturales, los proyectos de ley tal como están redactados son inconsistentes con los planes fiscales y perjudicarían o anularían los propósitos de PROMESA”, lee la misiva firmada por el asesor legal principal del ente federal, Jaime A. El Koury.

La RCS 326 le ordena a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y a la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) presentar, en un período de 20 días, un plan de transición “ante la posible cancelación del contrato a LUMA”; y la RCS 327 le requiere al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) realizar un informe detallado de las métricas de cumplimiento adoptadas para medir la ejecución de LUMA.

En la misiva enviada al gobernador y a los presidentes de Cámara y Senado, Rafael “Tatito” Hernández y José Luis Dalmau, respectivamente, la JSF advierte que los proyectos de ley violarían la Sección 204(c) de la Ley PROMESA que prohíbe las reprogramaciones presupuestarias sin el consentimiento de la Junta. “Ambos proyectos de ley autorizan el uso de fondos públicos para cumplir con sus propósitos. Ninguno de los proyectos de ley, sin embargo, especifica la fuente de los fondos”, lee la carta con fecha del 12 de noviembre.

Igualmente, las medidas legislativas constituyen una violación a la suspensión automática que mantiene el Titulo III de PROMESA. La AEE está bajo un proceso de reestructuración al amparo del Título III de PROMESA y se su supone que no haya reclamaciones, por lo cual se estableció una suspensión automática en las reclamaciones. “La implementación de estos proyectos de ley… podría provocar la terminación del contrato de LUMA en un momento en que el Gobierno debe estar enfocado en la transformación y reestructuración de la AEE como deudor del Título III”, agregó.

El asesor legal principal de la JSF agregó que devolver la operación del sistema de transmisión y distribución a la AEE -como lo establece la RCS 326- es “directamente contrario a los planes fiscales”, donde se aborda el contrato entre la AEE y LUMA y se establece los objetivos de la transferencia del sistema de transmisión y distribución, entre los cuales, está: mejorar la calidad de servicios, mejorar la eficiencia, garantizar el cumplimiento de las leyes aplicables y promover la planificación sostenible.

“La Junta de Supervisión insta a la Legislatura a no aprobar RCS 326 y al Gobernador a no firmar los proyectos de ley a la luz del grave impacto negativo que tendría tanto en la AEE como en el Estado Libre Asociado”, puntualizó El Koury al agregar que espera no sea necesario reclamar “reivindicación judicial”.

Hoy más temprano, Pierluisi dijo que LUMA se quedará a cargo del manejo de la transmisión y distribución del servicio eléctrico a partir del 1 de diciembre, cuando vence el contrato suplementario con el gobierno. Al hacer las expresiones indicó que evaluaría las medidas aprobadas por el Legislatura sobre el tema energético, pero que estaría pendiente que cumplan con el plan fiscal y la Ley PROMESA.

“En su momento, yo los voy a evaluar, pero ya conocen que en el área de energía yo estoy pendiente a los requisitos de la ley PROMESA, porque esa ley aplica en Puerto Rico. Es ley suprema. Estoy pendiente de los requisitos también del plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)...”, dijo.