Maritza Álamo está viviendo un infierno.

A pesar de que sus supervisores en la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP) están obligados por ley a ayudarla ante un patrón de hostigamiento sexual, la tildan de loca y durante meses decidieron ignorarla.

La mujer lleva desde el 2008 soportando miradas lascivas, palabras soeces y gestos obscenos de parte de un empleado de la misma Junta que trabajaba, nada más y nada menos, que en el Departamento de Recursos Humanos.

Según el testimonio de Álamo, cada vez que el hombre la ve escupe el piso, se relame la boca, se agarra los genitales o la mira, a veces, retante y otras con desprecio.

La mujer ya casi no sale de su área de trabajo a almorzar para no encontrárselo y, cuando no puede aguantar más para ir al baño, les pregunta a compañeros si el individuo está por los alrededores para evitarlo, relató sin poder aguantar el llanto.

Álamo pidió ayuda en un sinnúmero de ocasiones, y ante la falta de un remedio, como establece la Ley 17, decidió presentar una querella ante el Departamento del Trabajo federal. En el documento explica que al menos cuatro personas de mayor jerarquía sabían sobre la situación y ninguno hizo lo que les exige el estatuto vigente.

La perjudicada, quien se encarga de localizar a las víctimas de delito y de orientarlas sobre sus derechos cuando su agresor o victimario solicita un proceso para salir libre bajo palabra, ahora se siente que es ella la víctima del mismo sistema.

“No rompas nada”

El patrón de hostigamiento supuestamente comenzó en el 2008 cuando un día Álamo llegó a su trabajo, pasó cerca del ponchador y tuvo un desbalance. Para no caerse, se aguantó de un tablón de edictos y, sin querer, rompió un papel allí pegado.

En ese entonces, Vargas Fraticelli tenía por costumbre pararse en una esquina a observar quién ponchaba a tiempo. El hombre la acusó de destruir propiedad del Gobierno y sacó una foto del pietaje de la cámara de seguridad cercana y se lo entregó a la supervisora de Recursos Humanos.

“¡Pero es que la cámara de seguridad no es para carpetear empleados, sino para seguridad nuestra!”, dijo frustrada.

A la semana siguiente, el hombre la vio llegar y le dijo: “no rompas nada”.

“Luego me empezó a sacar la lengua y hacer gestos obsceNos, se agarraba los genitales”, afirmó.

Al quejarse con Nilda Solís, encargada del área de Recursos Humanos, y con el abogado de la Unión, José Feliciano, sólo le hicieron promesas de resolver, pero nunca le dieron el protocolo de hostigamiento sexual.

Álamo pidió los papeles para hacer una querella y la misma encargada de Recursos Humanos se los negó con la excusa que no los tenía “porque eso no ocurre aquí”.

Luego de batallar, radicó una querella. La citaron a comparecer como parte de una investigación interna, pero por complicaciones en el calendario de su abogado no pudo acudir.

Entonces, la despidieron por Ley 7 y el asunto se archivó.

Nueva etapa

Pasó un año y, en el 2010, ella y 11 empleados fueron restituidos por orden de un tribunal.

Dos días después de regresar a sus labores, Álamo se encontró con el individuo y, haciendo un esfuerzo por olvidar lo pasado, le dio los buenos días.

¿Sabe qué le respondió él? “Cág... en tu madre”, para luego escupir el piso y, como en ocasiones anteriores, agarrarse los genitales.

Su supervisora inmediata, Lilliam Ramos, le recomendó que simplemente “no le hiciera caso” al hombre y luego le dijo que se quejaba demasiado.

Para ese entonces, ante las múltiples quejas de Álamo, se resolvió que ninguno fuera al área de trabajo del otro, a menos que fuera estrictamente necesario, y en tal caso, estarían acompañados de otros dos empleados.

Hubo otro incidente en junio de 2011, cuando el imputado fue a arreglar una fotocopiadora, justo al frente del escritorio de Álamo. Ella tuvo un ataque de pánico.

El hombre cumplió con ir junto a dos empleadas, pero éstas estaban algo alejadas, relató.

Cuando Álamo le reclamó a Solís, directora de Recursos Humanos, ésta dijo: “Yo sabía que iba a pasar algo”. Aun así no hizo nada para prevenirlo.

En octubre, el hombre presentó una querella alegando que Álamo pasaba por su zona de trabajo y que se sentía hostigado. Se abrió una pesquisa que aún no se ha resuelto.

Álamo también acudió ante el entonces presidente interino, Esdras Vélez, quien les ordenó a la supervisora inmediata, Lilliam Ramos, y a Solís que orientaran a Álamo sobre lo que tenía que hacer.

¿Cómo la orientaron? La mandaron a buscar ayuda psicológica.

Pero la profesional que la atendió, Elsa Casanova, estaba tan confundida como quizás lo está usted ahora. Por eso, llamó a la supervisora de Álamo y le dijo que era el hombre quien tenía que ir a buscar ayuda.

Nunca hubo un referido a esos efectos.

Álamo se sentía acorralada y, en noviembre, pidió por escrito los papeles para radicar una querella por hostigamiento. Al mismo tiempo entabló una acción judicial pidiendo una orden de alejamiento, y también radicó una querella en el Departamento del Trabajo federal.

Luego se enteró de que, mientras ella estaba en el tribunal, su supervisora reunió al resto de los empleados y les dijo que se alejaran de ella porque no estaba bien de la cabeza.

Tres empleadas de la JLBP acudieron al tribunal para apoyar al imputado, pero la portavoz del Departamento de Corrección y Rehabilitación, a la que estaba adscrita la JLBP, dijo que ese día se les descontó con cargo a vacaciones.

Tan reciente como el miércoles, cuatro meses después de enterarse de la situación, el ahora ex presidente interino de la JLBP se comprometió ante el tribunal para gestionar un traslado o destaque al imputado.

El hombre, a través de su abogado Luis Bernabe, niega todos los hechos, mientras los supervisores de la JLBP alegan que han hecho “lo posible” para resolver.