La Junta de Planificación anunció la aprobación de dos resoluciones que cumplen con la política pública del Gobierno para agilizar el proceso para conceder permisos para proyectos presentados mediante consulta de ubicación.

El presidente de la JP, Héctor Morales Vargas, explicó que la primera de las resoluciones exime a los proponentes de un proyecto, cuya consulta de ubicación ya ha sido aprobada en la Junta, del  proceso de someter un anteproyecto y desarrollo preliminar ante la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE).

Morales Vargas añadió que esos proponentes tienen que haber presentado y discutido los parámetros de diseño en el proceso de la consulta y tienen que haber solicitado y justificado las variaciones a dichos parámetros, si alguna.

"La ARPE evaluará las etapas subsiguientes del caso mediante el proceso establecido para la certificación de proyectos. El proponente que así lo desee puede someterse al procedimiento ordinario de anteproyecto y desarrollo preliminar", explicó Morales Vargas.

También informó la aprobación de tres consultas de ubicación en la cual se les exime del Anteproyecto y Desarrollo Preliminar, las cuales ubicarán en los municipios de Quebradillas, Cabo Rojo y Cidra.

En Quebradillas se aprobó consulta de ubicación para proyecto unifamiliar de interés social en el Barrio Terranova de Quebradillas de 257 unidades de vivienda con una inversión estimada de $16.7 millones y podría generar 567 empleos directos, indirectos e inducidos a la economía de Puerto Rico.

Morales Vargas dijo que también la JP aprobó un consulta de ubicación para la construcción un desarrollo multifamiliar de interés Social en el barrio Llanos Tunas de Cabo Rojo, el cual consiste en seis edificios de los cuales cinco serán de tres pisos y uno de cuatro pisos tipos "Walk-ups" para albergar 66 apartamentos con una inversión estimada de $5 millones; y para el municipio de Cidra se aprobó un proyecto residencial unifamiliar y multifamiliar en el barrio Bayamón de Cidra.

Explicó que el proyecto consiste en el desarrollo de 240 viviendas unifamiliares y 300 multifamiliares para un total de 540 y tiene un inversión de $187.6 millones y podrían generar cerca de 6,378 empleos directos, indirectos e inducidos a la economía de Puerto Rico.

Por otro lado, Morales Vargas informó que la Ley 161, Ley para la Reforma del Proceso de Permisos, deroga la Ley 313 que dice que "la evaluación de las consultas de ubicación para proyectos comerciales y los estudios de viabilidad de dichos proyectos serán llevados a cabo por la Junta de Planificación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en coordinación con la Administración de Fomento Comercial".