La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) advirtió este sábado en una comunicación escrita que el gobierno adoptó antes de las pasadas primarias tres leyes que prometen beneficios de retiro a empleados del gobierno, sin un estudio adecuado para saber si se podían ofrecer esos bienes.

“Previo a las primarias, se adoptaron tres leyes: la Ley 80-2020, la Ley 81-2020 y la Ley 82-2020, que prometen mayores beneficios de retiro para ciertos empleados del gobierno. Todo parece indicar que estas leyes fueron adoptadas sin el análisis requerido para asegurar que tales promesas pueden ser cumplidas”, señala la JSF en su comunicación.

No obstante, la JSF comenta que ha recibido mensajes de personas preocupadas por su futuro y que tomaría esas preocupaciones en cuenta.

“Nuestra directora ejecutiva, Natalie Jaresko, ha recibido múltiples mensajes de empleados públicos preocupados porque están tratando de planificar sus vidas mirando hacia futuro, incluyendo su retiro, a la luz de la adopción de estas leyes. Deseamos subrayar que en la Junta de Supervisión escuchamos estas preocupaciones, mientras analizamos el efecto de estas leyes en el pueblo de Puerto Rico”, agrega la comunicación.

La JSF indica que “continuará trabajando” con el gobierno por el beneficio de la gente, e insiste en que “las promesas hechas al pueblo deben ser cumplidas”.

“Décadas de incrementos en beneficios de retiro, mala administración de las finanzas públicas, falta de fondos y tomar prestado a costa de las pensiones, han dejado a los sistemas de retiro prácticamente sin dinero”, recordó el ente fiscalizador. “La Junta de Supervisión y el Gobierno deben asegurarse de que no se repitan tales errores y que no se engañe al pueblo de Puerto Rico. Es hora de dejar atrás las prácticas irresponsables del pasado; hay que hablarle claro a la gente y dejar los discursos que son ajenos a la realidad y que no tienen otro efecto que lastimar a aquellos que desean un retiro digno”.

La Ley 80, o “Ley del retiro incentivado y de justicia para nuestros servidores públicos”, establece un programa de retiro incentivado al que podrían acogerse de manera voluntaria empleados públicos elegibles, para separarse de su empleo antes de la edad establecida de retiro, recibiendo el 50% de su salario actual.

Al presentar la ley, se habló de unos 11,300 empleados que podrían acogerse a esta ley.

La Ley 81, o “Ley para proveer un retiro digno para los miembros del sistema de rango de la Policía, los miembros del Negociado del Cuerpo de Bomberos, los miembros del Cuerpo de Oficiales de Custodia de Puerto Rico, y otros”, dicta que aquellos miembros de las mencionadas agencias que hayan cumplido 30 años de servicio y tengan 55 años de edad o más, podrán retirarse con hasta 50% de su salario devengado al momento de retirarse. Además, se les garantiza una aportación de $100 mensuales para un seguro médico.

Al firmar la ley, se anunció que también incluía a los miembros del Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas y el sistema de Emergencias Médicas Municipales

La Ley 82, fue una enmienda a la Ley 26 de 2017 conocida como “Ley de cumplimiento con el plan fiscal”, para permitir que maestros participantes del sistema de retiro para maestros puedan adjudicar el balance en exceso de horas de licencia por enfermedad como tiempo trabajado para efectos del retiro, luego de haber utilizado la totalidad del balance disponible de licencias por vacaciones.

Las tres leyes fueron aprobadas el 3 de agosto pasado, en la recta final de la campaña primarista. En ese momento, la gobernadora Wanda Vázquez, que perdió su apuesta por la candidatura a la gobernación del Partido Nuevo Progresista ante Pedro Pierluisi, afirmó que estas leyes producirían ahorros millonarios al gobierno, y los beneficios prometidos se podrían pagar de esos mismos ahorros que surgirían.