La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) emitió hoy, viernes, varias comunicaciones al Senado de Puerto Rico dejándole saber que tres medidas que están ante su consideración contienen disposiciones que estarían en violación de la Ley PROMESA federal, toda vez que usarían fondos ya considerados dentro del plan fiscal sin ofrecer una alternativa para reponerlos.

Las misivas, dirigidas al senador Juan Zaragoza Gómez en calidad de presidente de la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal, abordan específicamente el Proyecto del Senado 811, el Proyecto del Senado 782 y la Resolución Conjunta de la Cámara 290.

Sobre el PS 811, o Ley de Incentivo para la Retención de Talento en Puerto Rico, medida que busca “aumentar los porcentajes de deducción especial por concepto de pagos realizados al principal de los préstamos estudiantiles para estudios universitarios de bachillerato y estudios de postgrado”, la JSF advierte que, aunque la medida persigue un fin loable, cualquier legislación que proponga disminuir los ingresos sin ofrecer una manera de proveer nuevos ingresos es, por definición, “inconsistente con el Plan Fiscal y en violación de la Ley PROMESA”.

Advierte que el PS 811 reduce ingresos en unos $2.3 millones para el año fiscal 2023, que probablemente aumentarían hasta $3.5 millones para el año fiscal 2028, sin ofrecer una alternativa para atender esa pérdida de ingresos, por lo cual, sería inconsistente con el Plan Fiscal y en violaría las disposiciones de la Ley PROMESA.

De forma similar, advierte la JSF, el PS 782, o Ley del Programa de Internado para el Desarrollo de la Administración Financiera Gubernamental, que busca “establecer este programa adscrito a la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno de Puerto Rico, disponer su organización y funcionamiento interno y para asignarle fondos”, tendrían un impacto negativo en las finanzas del gobierno, sin establecer un mecanismo para compensar esa pérdida de ingresos.

De acuerdo con la comunicación de la JSF, el PS 782, no identifica el costo total que tendría el Programa de Becas para la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), y mucho menos especifica alternativas de ingresos para reponer el dinero que usaría para esos fines. Agrega que, según el Artículo 5 del proyecto de ley, los becados recibirían un estipendio mensual, pero no especifica cuánto sería el estipendio. Más aun, el Artículo 5 del proyecto dispone que cualquier interno solo podrá trabajar por un máximo de cinco meses, pero no establece ningún límite sobre cuántos internos podrían ser elegidos por cada año.

Así las cosas, la JSF afirma que esa propuesta, tal como está redactada actualmente, “es inconsistente con el Plan Fiscal y está en violación de la Ley PROMESA”.

Por último, la JSF advierte también que, más allá de sus “méritos sustantivos”, la RCC 290, que busca “enmendar la Resolución Conjunta del Presupuesto General para el Año Fiscal 2022, a los fines de garantizar que los recaudos en exceso del Presupuesto General para el Año Fiscal 2022 sean dirigidos a financiar los aumentos salariales de todos los servidores públicos y el pago de los maestros pensionados que no participen del Programa del Seguro Social; para asegurar que no se menoscabará el derecho que tienen los servidores públicos y demás partes involucradas en el procedimiento que se ventila ante el Tribunal de Título III de Promesa de apelar cualquier determinación judicial; y para otros fines relacionados”, también estaría provocando pérdidas en los recaudos gubernamentales, sin proveer ningún mecanismo compensatorio, y por tanto sería también inconsistente con el Plan Fiscal y estaría en violación de la Ley PROMESA.

La JSF advierte que la medida aumentaría el gasto al aumentar la nómina y los gastos de pensiones anuales de una manera no contemplada en el Plan Fiscal, además de que busca hacer gastos no previstos en el presupuesto certificado y no identifica mecanismos para compensar por esos gastos.

Agrega que el Plan de Ajuste provee al gobierno una oportunidad de progresar sin crear lastres a la recuperación fiscal de Isla, destinando los recaudos en exceso del Plan Fiscal a ciertos fondos o propósitos, y advierte que cualquier legislación que busque destinar esos mismos excesos a otros usos podría crear conflictos.

Advierte además que la manera en que la medida busca hacer uso de esos recaudos en exceso proveería una licencia para regresar al mismo patrón de gastos indisciplinados que condujo a la crisis fiscal que originó la aprobación de PROMESA y el comienzo de los casos de Título III de quiebras.

No obstante, en los tres casos la JSF comenta que, si la medida es de prioridad, están en la mejor disposición de trabajar en conjunto en la búsqueda de una alternativa viable, que esté cumplimiento del Plan Fiscal y observe el propósito de la Ley PROMESA.