Mientras la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) se opone a la firma de la medida que enmienda la Reforma Laboral, el gobernador Pedro Pierluisi puntualizó que no puede decir si firmará o volverá a vetar el proyecto hasta tanto su equipo asesor revise el proyecto y corrobore si cumple con las exigencias que había señalado.

“Estamos revisándola para identificar si se atendió lo que yo había señalado en el proceso. Hay que recordar que en un momento dado yo veté un proyecto de Reforma Laboral e hice unos señalamientos y después cuando también surgió a discusión pública el asunto, nuevamente cursé una comunicación al liderato legislativo haciendo unos señalamientos. O sea, que lo que vamos a hacer es primero determinar si se atendieron esos señalamientos y, si se incluyó algo adicional, pues evaluarlo. Esto fue un proceso fluido y yo, realmente, hasta que no veamos ese proyecto en detalle o debo estar fijando mi posición en cuanto a si firmo o veto”, expresó Pierluisi en referencia al Proyecto de la Cámara 1244 radicado tras el veto del gobernador el 4 de marzo.

De otra parte, la JSF divulgó una misiva dirigida a los líderes legislativos y al gobernador de Puerto Rico, en donde hacen constar que se oponen al proyecto porque es contrario al plan fiscal certificado y a la Ley federal PROMESA.

“La falta de desarrollo económico y la creación de empleos son retos fundamentales a los que se ha enfrentado Puerto Rico durante las pasadas dos décadas, lo que ha provocado altos niveles de pobreza y emigración, y ha contribuido de forma significativa a la crisis fiscal. La Junta de Supervisión se ha comprometido en ayudar a superar esos retos y en crear las bases para un crecimiento económico robusto y la prosperidad del pueblo de Puerto Rico con responsabilidad fiscal y centrándose en las reformas estructurales”, dice la carta enviada por el ente federal.

La JSF agregó que el Proyecto de la Cámara 1244 propone derogar algunas partes de la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral (LTFA, por sus siglas en inglés) para restablecer “muchas de las onerosas restricciones laborales que existían antes de la aprobación de la LTFA, y crear nuevas restricciones laborales”.

“El P. de la C. 1244 haría que Puerto Rico fuera menos atractivo para los inversores que quieran crear nuevas empresas y puestos de empleo y obstaculizaría y disminuiría el crecimiento económico que el Gobierno debería querer fomentar”, se añadió en la misiva.