La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) se presentó hoy ante la jueza Laura Taylor Swain prácticamente confiada en que -a excepción de los casos de expropiación forzosa- no hay argumentos suficientes para descarrilar el Plan de Ajuste (PAD) del gobierno central.

Ello, porque según la JSF, el PAD es fruto de múltiples acuerdos que sirvieron para conseguir el apoyo mayoritario de las principales clases de acreedores. Además, durante las pasadas dos semanas, a medida que avanzaban las vistas de confirmación del PAD, el organismo fiscal consiguió otros acuerdos con aquellos que también se oponían a la propuesta.

Entre los objetores, ahora convertidos en suscriptores del PAD, figuran los banqueros de inversión, quienes se opusieron al plan hasta que el gobierno les liberó por su rol en el endeudamiento de la isla y los bonistas de la Autoridad para la Recuperación de la Deuda del Banco Gubernamental de Fomento. Estos aceptaron entrar al redil a cambio de recibir bonos de la Autoridad de Carreteras y Transportación cuando esa deuda se reestructure en un proceso de Título III y cierta compensación a través de la Corporación para el Financiamiento Público.

Ayer, ese respaldo de parte de diversos grupos de acreedores quedó confirmado durante el séptimo día de la audiencia de confirmación del PAD del gobierno central y a lo largo de unas ocho horas de argumentaciones a favor y en contra de la propuesta.

Sin embargo, la única vaya que la JSF, al parecer, no pudo saltar fue la que interpusieron los abogados de Finca Matilde, Sucesión Pastor Mandry y PFZ Properties, entre otros, quienes alegan que si el organismo rechaza sus respectivas reclamaciones como pretende, el plan del gobierno central será inconstitucional.

Las reclamaciones en controversia apenas rondarían unos $400 millones, de unos $33,000 millones en obligaciones que la JSF busca rechazar o ajustar.

En un intento por convencer a Swain, quien preside los casos de Título III de Puerto Rico, el abogado de la JSF, Martin Bienenstock indicó que en la eventualidad de que el organismo fiscal no pueda rechazar las reclamaciones de expropiación forzosa, el gobierno tendría dinero para pagarlas y como resultado, ello no afectaría la confirmación del plan.

Para demostrar su punto, Bienenstock y el también abogado de la JSF, Brian S. Rosen, pidieron a Swain admitir evidencia adicional, incluyendo una declaración suplementaria de Jay Herriman, director gerencial de Álvarez & Marsal Norte América.

Según el informe de Herriman, dentro del caso de Título III, existen unas 18 reclamaciones de dominio eminente o expropiación forzosa para un total de unos $51.6 millones y otras 31 reclamaciones que alegan “expropiación a la inversa”, es decir, donde el propietario del inmueble busca recuperar su propiedad para obtener lo adeudado por el gobierno, dado que este no ha iniciado procedimiento judicial alguno, ni ha pagado una justa compensación.

La procesadora de leche Suiza Dairy también alega que su reclamación –que ronda unos $45.3 millones- constituye una confiscación por parte del estado, aunque Herriman, entiende se trata de una reclamación no asegurada.

De acuerdo con Bienenstock, de confirmarse el PAD, una vez el gobierno pague todas sus obligaciones, Puerto Rico quedaría con apenas $532 millones en efectivo, de unos $24,607 millones que ha acumulado.

La JSF pretende pagar las reclamaciones de dominio eminente, por aproximadamente 20 centavos de dólar.

La audiencia se reanuda hoy para el turno final de refutación de la JSF y la discusión del proceso de Título VI de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura y la Autoridad del Distrito de Convenciones.