Con solo un miembro confirmado activo tras la remoción de los demás por parte del presidente Donald J. Trump, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) reiteró hoy, domingo, que la privatización de la red eléctrica es un requisito clave para completar la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) al tiempo que reconoció que LUMA Energy, actual operador del sistema, debe mejorar su desempeño.

Mediante un comunicado de prensa, el ente creado bajo la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés), indicó que no tomará una posición sobre si los seis señalamientos recientes de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) constituyen Disputas o Disputas Técnicas según los términos del contrato de operación y mantenimiento (OMA, por sus siglas en inglés) firmado entre la AAPP y LUMA.

La AAPP, presidida por el también Zar de Energía, Josué Colón, notificó a LUMA que ha iniciado un proceso para cancelar el contrato al alegar que la empresa ha incumplido con múltiples disposiciones contractuales.

La cancelación del acuerdo con LUMA también ha sido una de las promesas de campaña de la gobernadora Jenniffer González Colón, quien a su vez es miembro ex officio de la JSF.

“La AAPP seleccionó a LUMA y sigue siendo responsable de hacer cumplir las condiciones del OMA. La Junta de Supervisión revisó y aprobó el OMA bajo su política de revisión de contratos de conformidad con PROMESA para asegurar que el proceso de adquisición promoviera la competencia en el mercado y que los términos fueran consistentes con el Plan Fiscal de la AEE independientemente del operador seleccionado”, lee el comunicado de la Junta, que no fue firmado ni atribuido a John Nixon, aunque es el único miembro que requiere confirmación que permence en el ente.

“Para su implementación, el Plan de Ajuste propuesto de la AEE requiere que la red y las plantas generatrices de la AEE sean operadas por operadores privados. Dada la relevancia del OMA en el caso del Título III, la Junta de Supervisión apoya la postura de que el Tribunal de Distrito de los EE.UU. para el Distrito de Puerto Rico tiene jurisdicción sobre la materia de este procedimientoy es el foro apropiado para decidir el asunto”, agrega la comunicación.

La Junta, sin embargo, reconoció que LUMA Energy, como operador privado de la red eléctrica, debe mejorar su desempeño. Recalcó, además, que el pueblo de Puerto Rico, que conserva la propiedad tanto de la red como de las plantas generadoras, tiene pleno derecho a exigir cuentas a los operadores privados, según lo establecido en los contratos de operación y administración vigentes.

La actual administración del Partido Nuevo Progresista había anticipado que la cancelación del contrato de LUMA Energy podría tomar alrededor de un año. Sin embargo, hasta el momento, no se ha ofrecido información actualizada sobre los planes del gobierno en caso de concretarse la salida del operador actual.