La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) hizo pública esta tarde una comunicación en la que hace un ultimátum a la Legislatura y el gobierno, advirtiendo que si para las 2:00 p.m. de mañana viernes 22 de octubre no se convierte en ley el Proyecto de la Cámara 1003, pedirán se suspenda la vista de confirmación del Plan de Ajuste Enmendado y Puerto Rico continuará en la bancarrota.

El PC 1003 aprobaría una emisión de nuevos bonos de obligaciones generales (GO) que está atada a la confirmación del Plan de Ajuste de la deuda (PAD).

En su misiva la JSF advierte que “hay mucho en juego” y reitera que de no aprobarse la legislación, “Puerto Rico permanecerá en la incertidumbre de la bancarrota, estancando así su capacidad para crecer y atraer las tan necesarias inversiones”.

La Junta advierte además que “las pensiones no quedarán protegidas y el Plan no será enmendado para proveer respaldo adicional a la Universidad de Puerto Rico y los municipios”.

“Si el Proyecto de la Cámara 1003, aprobado el 19 de octubre de 2021 (en la Cámara de Representantes), no se convierte en ley a las 2:00 p.m. hora del Atlántico del viernes 22 de octubre de 2021, la Junta de Supervisión se verá obligada a pedir la suspensión de la vista de confirmación ante el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico. Como resultado, Puerto Rico permanecería en la bancarrota y el peso insostenible de la deuda seguirá sobre los hombros de todos los puertorriqueños, amenazando el progreso económico de la Isla”, insiste la JSF.

De acuerdo con la JSF las consecuencias de no cumplir con este ultimátum serían severas, incluyendo:

-Puerto Rico seguirá en bancarrota

-Los acreedores pueden pedir que se levante la moratoria en el pago de deuda que está en vigor actualmente, llevando a una caótica demanda de pagos según haya dinero disponible y minando la capacidad de funcionamiento del gobierno.

-Los litigios continuarían y subirían dramáticamente los costos y el tiempo para poder salir de la bancarrota.

-La duración de la Junta de Supervisión se extendería por el tiempo que se pierda en ese proceso.

-Los acreedores serían elegibles para recibir $100 millones como penalidad por incumplimiento si ejercen su derecho a poner fin al acuerdo de respaldo al Plan.

-Los acreedores podrían hacer nuevas y más grandes demandas de repago, basándose en las declaraciones públicas relacionadas a posibles fondos incrementales disponibles.

-Los beneficios del Plan que se radicó ante la Corte de Distrito federal se podrían perder para todas las partes involucradas.

-Los maestros y los jueces no serían elegibles para beneficios del Seguro Social, y continuarían dependiendo de pagos del presupuesto de un gobierno que llevó su plan de pensiones a la bancarrota.

La JSF añade en su carta que un grupo diverso de partes involucradas que abarca uniones, retirados, bonistas, otros acreedores y aseguradoras de bonos estuvieron de acuerdo con el Plan, que representa la mejor salida tomando en cuenta las difíciles que ha enfrentado Puerto Rico por los pasados años.

Además, resaltan lo que consideran beneficios del Plan, tales como:

-El Plan reduce la deuda de Puerto Rico en 80%, de $33,000 millones a $7,000 millones.

-El Plan asegura que el gobierno no tenga que pagar más de $1,150 millones al año para repagar la deuda que se reduciría considerablemente, incluyendo los pagos a la deuda de COFINA, en lugar de los pagos de hasta $3,900 millones establecidos por contrato si no se restructura la deuda. Los pagos de servicio de deuda de GO promedian $440 millones por año de aquí en adelante.

-El Plan ahorra casi $50,000 millones en servicio de deuda que de otra forma habría que pagar.

-El Plan permite al gobierno pagar apenas poco más de 7 centavos por cada dólar del contribuyente para el servicio de deuda, comparado con los hasta 25 centavos que debía pagar antes de la restructuración.

-El Plan provee amplia seguridad para los futuros pensionados estableciendo un fideicomiso de pensiones con por lo menos $175 millones por año por varios años, y destina la mayor parte de un superávit al fideicomiso de pensiones.

-El Plan trasfiere más de 1,200 millones y restablece las contribuciones de empleados al Sistema 2000, que fueron gastadas por anteriores gobiernos.

-El plan provee a miles de empleados hasta $100 millones en intereses de sus cuentas de contribuciones definidas.

-El Plan pondrá fin a cientos de litigios que le cuestan al gobierno decenas de millones de dólares tan solo en gastos legales.

-El Plan pondría fin a la bancarrota y pondría a Puerto Rico en una ruta de crecimiento económico sostenible y prosperidad.

La JSF finaliza insistiendo en que no convertir el proyecto en ley haría que Puerto Rico “pierda una oportunidad histórica para conseguir una recuperación sostenible luego de años de declive económico, fracasos gubernamentales e irresponsabilidad fiscal”.

“La Junta de Supervisión continuará trabajando por encontrar la vía para salir de la bancarrota, el pueblo de Puerto Rico no merece menos que eso. Sin embargo, sin el Plan de Ajuste actual, esa vía será más larga, más empinada y más costosa. Además, la permanencia de la Junta de Supervisión será más extensa”, añade la JSF.