La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) presentó un paquete de alternativas que puso a consideración de los municipios como respuesta a la reciente anulación de la Ley 29, a través de la cual el gobierno central cubría los pagos de los municipios al retiro de sus empleados bajo el sistema conocido como “PayGo” y los pagos del plan médico de los empleados a la ASES (Administración de Seguros de Salud).

La directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko, fue enfática en que “los municipios son responsables de pagar los beneficios de retiro de sus exempleados, no el gobierno central”, como hacen otras agencias y corporaciones públicas, y agregó que la anulación de la Ley 29 “es una importante decisión que respalda la responsabilidad fiscal en Puerto Rico”.

Agregó que la Junta está consciente que son tiempos difíciles, en particular con la pandemia de Covid-19, y por eso presentan este “plan de pago manejable y responsable”. Aseguró que la JSF reconoce la importancia de los municipios y su papel en proveer servicios esenciales a la comunidad, pero insistió en que “deben ser administrados de una manera fiscalmente responsable”.

Según explicó Jaresko, el total adeudado por los 78 municipios por los pagos de PayGo y ASES para este año fiscal 2020 que culmina el próximo 30 de junio es de $198 millones, de los cuales $166 millones corresponden al PayGo y los $32 millones restantes a ASES. Con la anulación de la Ley 29 a los municipios se les devolverían $132 millones que dejaron de recibir al adoptar esa ley, dejando un déficit de $66 millones.

Opciones para los municipios

Según Jaresko, se le presentó a los municipios tres opciones para distribuir esos $132 millones. La primera, sería usando la fórmula del fondo de equiparación, a base de la cantidad de población, como se hacía antes de la aprobación de la Ley 29.

La segunda, sería usar un sistema en el que se atiende a los municipios más pequeños primero, asegurando que no tengan ni deuda, ni superávit, dejando así que el grueso de la deuda recaiga en los municipios más grandes, que tienen mayores posibilidades de repago.

La tercera sería repartir de manera equitativa entre todos los municipios, dejando a cada uno con un 3% de déficit en su presupuesto, tomando en cuenta que la suma de $66 millones que quedarían debiendo los 78 municipios equivale a un 3% de la suma de todos los presupuestos municipales.

Mientras, con respecto a los $66 millones, Jaresko presentó una serie de cinco pasos a tomar para cubrir esa cantidad de fuentes no recurrentes, que no afectarían el presupuesto actual de los municipios, de manera que no se tengan que afectar los servicios que ofrecen a la ciudadanía.

El primer paso sería hacer cumplir al Departamento de Hacienda con la remisión al CRIM (Centro de Recaudación de Ingresos Municipales) de $17.6 millones de las ganancias de la Lotería Electrónica correspondientes a los años fiscales 2016 y 2017, según se requiere por ley. El CRIM identificó que ese dinero no fue remitido.

El paso dos consiste en usar la Contribución Adicional Especial (CAE), que es un porciento que se paga en las contribuciones y que se usa para el repago de la deuda de los municipios. Hay municipios que no tienen deuda y otros cuya deuda es menor que lo reciben del CAE, por lo que quedaría un exceso que sirve para cubrir parte del déficit de $66 millones.

Como tercer paso estaría el exceso resultante la reconciliación de las remesas que hace el CRIM a principios de año en base a estimados, con de los recaudos reales de los municipales.

El cuarto paso propone la venta del portafolio de viejas cuentas por cobrar, una gestión que se ha propuesto ya en el pasado, pero no se ha llegado a concretar.

Por último, el quinto paso, de llegar a ser necesario, sería recurrir a un porciento de los avances de remesas del CRIM para el año fiscal 2022.

Todas estas medidas, subrayó Jaresko, son para atender el tema fiscal de los municipios en este año fiscal 2020, que culmina el próximo 30 de junio. La solución para los próximos años fiscales se contemplará dentro del próximo plan fiscal, y es algo que están estudiando actualmente en conjunto con el CRIM y el gobierno.

La directora ejecutiva comentó que esperaban tener en los próximos días una respuesta de los alcaldes sobre que alternativa estarían adoptando.

En cualquier caso, la directora ejecutiva reiteró que “los municipios tienen que encarar la realidad fiscal”.

“Mientras la población ha estado disminuyendo por al menos una década, el presupuesto de los municipios no ha bajado. De hecho, el gasto per cápita ha aumentado y se ha hecho muy poco en la mayoría de los municipios para disminuir costos con la consolidación de servicios, y aumentar la recaudación de impuestos sobre la propiedad”, insistió Jaresko.

La directora ejecutiva se reiteró en que no hay un escenario catastrófico para los municipios como han insistido algunos alcaldes y aseguró que se están presentando las alternativas para que ningún municipio se vea en un colapso económico. Admitió que, tal como reclaman algunos alcaldes hay servicios cuyo costo sigue creciendo, pero insistió en que deben buscar alternativas como la consolidación de servicios, como por ejemplo podría ser tener una sola oficina de recursos humanos para tres o cuatro municipios adyacentes o un solo servicio de recogido de basura más económico para todos en lugar de cuatro compañías diferentes.