La directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, recordó al gobierno de Wanda Vázquez que toda compra o contrato gubernamental de $10 millones o más está sujeta a la aprobación previa del ente federal. La advertencia llega un día después que se diera a conocer la compra de un millón de pruebas de COVID-19 por la suma de $38 millones con las empresas 313 LLC y Apex General Contractors. El gobierno había dado a Apex $19 millones como depósito, aunque luego canceló la orden tras conocer que las pruebas no cumplían con los estándares de la Administración Federal de Drogas (FDA, por sus siglas en inglés).

“Como sabe, la Junta de Supervisión estableció y mantiene una política de revisión de contratos de conformidad con la Sección 204 (b) (2) de PROMESA para exigir la aprobación previa de ciertos contratos de la Junta de Supervisión para asegurar que ‘promueven la competencia en el mercado’ y ‘no son incompatibles con el plan fiscal aprobado’. Todos los contratos gubernamentales y sus enmiendas con un valor agregado de $10 millones o más están sujetos a la aprobación previa de la Junta de Supervisión de conformidad con la política”, indicó la directora ejecutiva de la JFS en la carta dirigida a la gobernadora.

“Los acuerdos en cuestión parecen no cumplir con PROMESA y los procesos por los cuales fueron adquiridos no parecen ser consistentes con los controles internos, la eficiencia y los puntos de referencia de responsabilidad fiscal que deben guiar la adquisición de productos y servicios por parte del gobierno durante el estado de emergencia”, reza la misiva.

“Es inaceptable celebrar estos acuerdos como se describió anteriormente, sin considerar los procesos aplicables o las buenas prácticas básicas de adquisición”, añadió Jaresko en la carta.

La funcionaria pidió a la gobernadora cancelar estos acuerdos y solicitar el reembolso inmediato de todos los fondos públicos desembolsados ​​en relación con los mismos antes del 8 de abril.

Devuelven los $19 millones

Apex General Contractors, que según un reportaje de El Nuevo Día, una empresa con lazos al Partido Nuevo Progresista, transfirió el sábado los $19 millones que el gobierno de Puerto Rico le adelantó para que hiciera la compra de un millón de pruebas rápidas para detectar el COVID-19.