La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) indicó que está en la disposición de analizar el reclamo de alcaldes y alcaldesas de que a menudo, al momento de atender necesidades en sus municipios, tienen que incurrir en gastos que en realidad deberían recaer en agencias del gobierno.

Ese problema fue traído ante la consideración de la Junta en días recientes, mientras los municipios buscan alternativas para responder a la anulación de la Ley 29, que liberaba a los municipios de las obligaciones de pagar el seguro médico de sus empleados y el retiro bajo el sistema conocido como “Pay Go”, poniendo esa obligación en manos del gobierno.

Ante los reclamos de la JSF de que los municipios habían aumentado sus presupuestos, a pesar de la disminución poblacional, los alcaldes levantaron como una de las razones para esos gastos adicionales que debían encargarse de costear servicios que le corresponden al gobierno, como la reparación de carreteras o la rehabilitación de escuelas públicas.

En una respuesta dirigida a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, abordó el tema destacando que la JSF “está comprometida a trabajar con todos los municipios para asegurarse que no están incurriendo en gastos adicionales que deberían ser cubiertos por el Gobierno Central, en concondancia con el Plan Fiscal Certificado y el presupuesto”.

“Usted señaló que, en muchas instancias, los municipios tienen que usar sus ingresos para ofrecer servicios a sus constituyentes que deberían ser provistos por el Gobierno Central, incluyendo las reparaciones de carreteras locales o las reparaciones en escuelas públicas. Entendemos que eso puede representar una carga adicional en los presupuestos municipales. Por lo tanto, le pedimos respetuosamente que nos conceda una reunión para discutir este asunto con mayor profundidad. Entretanto, le pedimos que por favor nos provea una lista completa de esos servicios y sus respectivos costos”, le indicó Jaresko en la misiva a la alcaldesa de San Juan.

La directora ejecutiva de la JSF agrega que, durante la pandemia del Covid-19, los municipios han sido instrumentales en proveer asistencia nutricional a estudiantes, incluso cuando las escuelas se mantuvieron cerradas.

Jaresko subraya que todo gasto adicional que hayan podido tener los municipios relacionado con su respuesta a la emergencia del Covid-19 puede ser elegible para reembolso federal, e insta a los municipios que se aseguren de tener la documentación adecuada sobre esos gastos para ser recuperados de manera parcial por la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) o totalmente por los fondos de $2,200 millones asignados al Gobierno a través de la ley federal conocida como CARES para cubrir gastos relacionados con la emergencia del Covid-19.