El Departamento de Justicia se querelló contra el administrador de beneficios de farmacias (PBM, en inglés) Abarca Health LLC. por presuntamente incurrir en prácticas engañosas e injustas al cambiar las tarifas de una amplia gama de medicamentos.

Según la querella, que fue presentada ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) a través de la Oficina de Asuntos Monopolísticos (OAM), Justicia acusa a Abarca de cambiar las tarifas y, también, de recontratar de su red de farmacias.

“Este PBM se valió de métodos injustos de competencia y actuaciones engañosas para cambiar las tarifas de los medicamentos y lograr la contratación de su red de farmacia”, informó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, en conferencia de prensa.

Y es que, desde el 2018, Abarca se convirtió en el PBM exclusivo de Triple S en su línea comercial, Medicare Advantage y de sus líneas comerciales de negocio, proveyendo así servicios de administración de red de farmacias de comunidad que representaban más de 800,000 personas en la Isla.

Luego, el PBM enmendó sus contratos de proveedores de farmacia, efectiva el 1 de enero de 2019. De esta manera, aparentemente, informó falsamente que efectuó un “análisis de mercado exhaustivo” por seis meses, por lo que las tarifas que ofrecían eran “competitivas y consistentes con el mercado y las necesidades de nuestros clientes”.

Pese a lo sustentado por Abarca, la OAM descubrió que el PBM no hizo el análisis formal ni por escrito de mercado. Es por esto que el Departamento alega que la compañía incurrió en la conducta engañosa para así justificar sus nuevas tarifas y hacer que las farmacias aceptaran los nuevos términos contractuales.

“Eso fue en el proceso de recontratación en el año 2018 de las farmacias que iban a proveer los medicamentos que iban a estar en la cubierta de este plan médico”, detalló el secretario auxiliar de la OAM, Guarionex Díaz Martínez. “En ese momento, el PBM comienza el proceso de crear la red de farmacia para proveer su medicamente y, para ello, envía una propuesta de contrato con unas tarifas tómalo o déjalo, así son las alegaciones”, explicó.

La repercusión perjudicial hacia el consumidor podría haberse reflejado en el acceso y/o precio de los medicamentos una vez estaban en las góndolas de las farmacias de comunidad. Sin embargo, en la conferencia de prensa no se proveyeron cifras ni porcentajes exactas para demostrar el efecto que pudo haber generado a través de los años.

“La ley no nos exige a nosotros probar el efecto o daño al final del día”, dijo Thaizza Rodríguez, licenciada auxiliar de la OAM. “Sabemos que este tipo de práctica y toda práctica que sea ilegal, que es lo que estamos alegando, al final del día los va a afectar (a los pacientes). Puede ser en el acceso, ya sea de parte de la farmacia…o del medicamento. Pero, en términos específicos de cuáles sean los daños o los efectos- en vista de que este caso no se trata de eso-, no (lo) tenemos que proveer”, agregó Rodríguez.

“En este caso, dentro del procedimiento y de los estudios, se va a presentar data económica sobre por qué ellos no tenían esa información (para aumentar las tarifas), además de otra información que tenemos que ellos no lo hicieron y cómo afecta eso a las farmacias que, por ende, al consumidor, porque esta es una cadena de costo: entre más caro paga la farmacia, más caro paga el paciente”, manifestó, por su parte, Emanuelli Hernández.

Asimismo, la directora ejecutiva de la Asociación de Farmacias de Comunidad de Puerto Rico -Linda Ayala- coincidió que el aumento de tarifa pudo haber tenido un efecto directo en el bolsillo del paciente, pese a que tampoco estimó de cuánto.

“Cualquier conducta deshonesta o que no sea de buena fe en los negocios de Puerto Rico que afecte de manera negativa las condiciones competitivas de los mercados, más adelante va a repercutir en el consumidor. Nuestro deber es velar porque la competencia haga su trabajo en beneficio del consumidor”, concordó Díaz Martínez.

Justicia fue alertada de esta práctica por un comerciante. Empero, los funcionarios se abstuvieron de dar detalles de cómo y cuándo recibieron dicha denuncia.

“Podemos establecer que esto fue parte de unas querellas de participantes de mercado, comerciantes. Pero, más de ello, no podemos entrar en detalles”, se limitó a decir Díaz Martínez al instar a otros comerciantes de Puerto Rico a que, si detectan prácticas similares, “hagan las querellas, que van a ser atendidos”.

Más aún, Ayala afirmó que, “durante décadas”, denuncias similares sí se han hecho al Departamento, pero esta es la primera que ha acaparado la atención de Justica.

“Se ha hecho en diferentes años previos. (Es la primera vez) que hay una intención proactiva de atender el asunto. Entendemos que esto es un tema complejo, pero el Departamento ha tomado de su tiempo para entender bien cómo es el proceso y lo han hecho y, dónde han encontrado la falla, han hecho sus denuncias lo que nosotros aplaudimos y continuaremos apoyando”, indicó Ayala a Primera Hora.

Con esta denuncia -radicada de forma administrativa-, Justicia busca que se le impongan multas de $5,000 por cada farmacia afectada que, de acuerdo a Emanuelli Hernández, podrían sumar a hasta 700 a 800 en total. Además, solicita un cese y desista de esta práctica.

El caso, especificó Díaz Martínez, no es de carácter criminal, pues se radicó conforme al Artículo 3 de la Ley 77-1964, conocida como Ley de Monopolios y Restricción del Comercio, que no establece delitos criminales.

Los PBM no son regulados, tras la detención de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de la Ley 82 del 2019. Es por esto que no existe algún ente fiscalizador donde los comerciantes puedan acudir directamente para denunciar sus prácticas. Esto facilita dejar ocultas las prácticas o razones de implementar alzas en las tarifas de medicamentos, pues cuando les cuestionan a los PBM de dónde provienen sus precios, estos responden que se trata de “secretos de negocio” y no existe algún foro que tenga la potestad de obligarlos a responder.

“Es como una sombra, un fantasma. Nadie lo regula y no podemos ir a ningún foro”, lamentó Ayala.

“¿En cuánto se encuentran esas tarifas reales versus las que están dando a ustedes?”, le cuestionó una reportera a Ayala.

“Bueno, si ustedes la consiguen, nos dejas saber. Eso es más secreto que la fórmula de ajustes por combustibles en la Autoridad de Energía Eléctrica. Ninguno sabemos cuáles son los criterios. Nadie sabe”, aseveró.