El Departamento de Justicia identificó a nivel isla unos 127 casos de estrangulamiento y asfixie no letal, una de las modalidades más peligrosas dentro de la violencia de género, que no está definida como tal en el Código Penal.

Estos casos, que datan de los últimos cinco años, están en etapa de investigación y procesamiento y son parte de un proyecto piloto que la agencia lleva a cabo con el Instituto de Prevención de Estrangulamiento de San Diego, California, una ciudad que reclama haber reducido de forma considerable las tasas de feminicidios.

“El esfuerzo conjunto va dirigido a identificar a los feminicidas potenciales, identificando los casos de estrangulamiento no fatal y asfixie como los casos más peligrosos por el vínculo que tienen con un posible feminicidio”, dijo la fiscal Laura Hernández, quien tiene a su cargo el proyecto piloto y que, como parte del acuerdo suscrito en agosto pasado, varios expertos del instituto californiano comenzaron a ofrecer hoy, adiestramientos en Puerto Rico, a fiscales, policías, procuradores, jueces, trabajadores sociales y a personal de las ramas ejecutiva, judicial y legislativa.

“Las víctimas de estrangulamientos no fatales están en un riesgo de morir a manos del agresor en más de un 754 por ciento”, advirtió la fiscal Hernández durante la apertura del adiestramiento, en un hotel de San Juan, acto al que asistieron el gobernador Pedro Pierluisi, la jueza presidenta del Tribunal Supremo Maite Oronoz y el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli.

El director del Instituto de Prevención del Estrangulamiento, Casy Gwinn, indicó que en 1988, San Diego tenía un alto número de casos de violencia de género similar a Puerto Rico. El exfiscal dijo que luego implantar los protocolos desarrollados por el Instituto, la tasa se redujo en la ciudad en un 90 por ciento, la más baja en los Estados Unidos. En su mensaje aludió a los notorios casos de violencia machista de Andrea Ruiz Costas y Keishla Rodríguez Ortiz, asesinadas en abril de 2021 por hombres que fueron sus parejas.

Ruiz Costas, cuyo cuerpo apareció parcialmente calcinado en Cayey, acudió en tres ocasiones al Tribunal de Caguas por una orden de protección, pero le fue denegada. No había pasado un mes cuando fue asesinada por Miguel Ocasio Santiago, con quien había tenido una relación y a quien había denunciado por acecho.

Rodríguez Ortiz fue reportada desaparecida el 29 de abril de 2021 y tres días después, su cadáver fue recuperado flotando en la Laguna San José. Por el crimen está pendiente de juicio en el foro federal el exboxeador Félix Verdejo.

“Andrea Ruiz fue estrangulada, Keishla, fue estrangulada, Angie, fue estrangulada y Tatita, que así se le conocía, fue estrangulada. Como fiscal, en mi trayectoria tuve una víctima estrangulada también de asesinato”, indicó la fiscal Hernández, quien dijo que una vez comenzó el proyecto piloto con el Instituto de Prevención de Estrangulamiento hizo un análisis histórico de los casos de estrangulamiento no fatal que ella atendió.

“Dejé pasar tantos eventos por falta de educación, porque muchas veces el estrangulamiento no deja ningún signo visible y nosotros le demos atención, a lo mejor, a una lesión visible, como un puño o una rasgadura, y entonces, el estrangulamiento pasa por debajo de la mesa sin atenderlo con la importancia (que requiere)”, expresó Hernández.

Sostuvo que con el proyecto piloto procuran desarrollar una herramienta nueva para mejorar la documentación e investigación de estos casos, identificar los casos no letales, brindar apoyo a las víctimas sobre los servicios médicos que deben recibir y sobre las medidas de seguridad que deben tomar.

“El propósito hoy aquí entre todos los sectores es que en nuestro diario vivir y nuestras funciones poder identificar estos casos, identificar las víctimas, orientarlas y lograr el procesamiento adecuado y que el castigo que se imponga sea cónsono con el crimen cometido. Para comenzar este proyecto piloto nosotros identificamos sobre 127 casos de estrangulamiento a nivel isla. En tres semanas los pudimos identificar aun cuando en Puerto Rico no existe un artículo donde se impute el estrangulamiento como delito, sino que los pudimos identificar muy fácilmente en las 13 jurisdicciones y establecimos criterios estadísticos para establecer cómo se habían trabajado a nivel isla”, detalló.

Dijo que para identificar los casos utilizaron una herramienta del instituto californiano y sostuvo que en las 13 jurisdicciones tienen casos que se están investigando y procesando con esta herramienta incorporada. Agregó que una vez culminada la investigación harán una comparación de cómo se están trabajando estos casos con anteriores.

“En estos momentos nosotros podemos utilizar la Ley 54 y el Código Penal para procesar estos casos como hemos estado haciendo, pero la herramienta que estamos incorporando ayuda a los fiscales a determinar la gravedad de los hechos que están ante sí y poder identificar con unas preguntas muy particulares cuál ha sido el daño que ha recibido la víctima y poder orientarla. Pero el trabajo que nosotros realizamos no es el único. Necesitamos incorporar a todos los sectores que atienden a las víctimas porque tenemos que modificar protocolos seguridad, protocolos de emergencia”, indicó la fiscal.

Mencionó como ejemplo, que el Instituto ha cambiado los protocolos de atención de emergencia para lograr que a las víctimas les hagan un CT en sus carótidas para verificar que no hayan tenido una lesión que les pueda provocar un derrame cerebral.

“Es importante que este protocolo lo puedan incorporar de distintas maneras otras agencias porque hay sobrevivientes que no llegan a la Fiscalía y se quedan recibiendo servicios en organizaciones no gubernamentales”, agregó.

Una de las talleristas, Gael Strack, subrayó la importancia de identificar a las víctimas en mayor riesgo y destacó el rol de las escuelas y de otras instituciones en la lucha contra la violencia machista.

Joe Bianco, otro tallerista, dijo que cuando un agresor coge por el cuello a una víctima “es una bandera roja”, una advertencia de que debe terminar con esa relación.

“Es una advertencia de que él puede matar, que tiene el poder, el control. Es una forma de control muy peligrosa y muchas veces, las mujeres no lo reportan porque visiblemente no hay heridas”, sostuvo Bianco, un expolicía de San Diego.

“Lo que dice el Instituto de San Diego, que ellos han estudiado el tema sobre 25 años es que hay una correlación directa entre casos de intento de estrangulación y casos posteriores de feminicidio… El reto es que en ocasiones no dejan señas, que en ocasiones parecen suicidios y no lo son”, apuntó por su parte, la jueza Presidenta del Tribunal Supremo. Dijo que una treintena de jueces y juezas participaban en el adiestramiento.

Ante el aumento de feminicidios en Puerto Rico, Oronoz indicó que no es problema únicamente de policías, ni de fiscales y jueces. “Este es un problema de país y los problemas de país se tienen que atender de manera integral, por eso hay que entrar a hablar de la educación de las jóvenes y jóvenes, cómo rompemos con los sesgos que existen, la mentalidad machista, de una sociedad patriarcal, cómo vamos rompiendo con esos estereotipos que nos llevan a este tipo de violencia”, aseveró.

El secretario de Justicia auguró, por su parte, que el gobernador enviará a la Legislatura un proyecto para posiblemente definir el estrangulamiento como un delito. “Definitivamente, hay que tratarlo más que una mera agresión porque esto es una amenaza de muerte. Probablemente, un puño o un cantazo no cree tanta alarma como un estrangulamiento”, sostuvo.

En el adiestramiento participaban 238 personas de forma presencial y otras, 250 de manera virtual.

La única legisladora presente era la senadora independentista María de Lourdes Santiago y se observó la presencia del asesor del representante y presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara, Orlando Aponte Rosario.