El gobernador Pedro Pierluisi adelantó este martes que el Departamento de Justicia encauzará pleitos civiles y penales contra todo exfuncionario público o excontratista del gobierno hallado convicto, recientemente, por actos de corrupción.

“La ley actual, el estado de hecho vigente le permite al Departamento de Justicia entablar pleitos de recobro de dineros públicos malversados o mal utilizados y permite también que se pide una pena que el resarcimiento sea de hasta tres veces la cantidad envuelta en el acto de corrupción. Justicia sabe, y yo estoy al tanto, que estarán tomando cartas en casos de corrupción tanto por la vía penal como la vía civil. No descartamos entablar pleitos judiciales contra todos los que hayan participado de esquemas corruptos sean exfuncionarios del gobierno o vengan del sector privado”, dijo el primer mandatario a preguntas de la prensa.

Pierluisi se refiere a la Ley 76-2022 que obliga a que las personas convictas por corrupción restituyan el dinero público que hayan robado o malversado.

“También sé que el secretario, Domingo Emanuelli, piensa que esa herramienta se debe utilizar”, afirmó Pierluisi.

Los cuestionamientos a Pierluisi sobre posibles acciones del gobierno contra corruptos surgieron luego de los testimonios del exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado y el empresario Oscar Santamaría. Ambos son testigos en el pleito legal contra el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, quien enfrenta cargos por conspiración, soborno y extorsión.

Delgado narró, como parte del juicio contra Pérez, el esquema de clientelismo político y sobornos, que confesó a las autoridades federales en el verano de 2020 y que provocó que cuatro contratistas y cinco exalcaldes se hayan declarado culpables de cometer delitos de corrupción en Puerto Rico, en el último año y medio.

Delgado testificó que usó su poder como alcalde para beneficiar a sus donantes políticos. Mencionó a Pedro Marrero Miranda a quien nombró para dirigir la oficina de Obras Públicas Municipales y miembro de la Junta de Subasta.

Mientras que Santamaría, narró cómo hizo pagos ilegales para Pérez a cambio de recibir contratos del Municipio de Guaynabo. La misma práctica la comenzó con el Municipio de Aguas Buenas, cuyos exalcaldes, Luis Arroyo Chiqués y Javier García Pérez ya son convictos.

También se han declarado convictos por corrupción los empresarios Raymond Rodríguez y Mario Villegas -de JR Asphalt-. Lo mismo hizo el exalcalde de Trujillo Alto, José Luis Jiménez y su exayudante ejecutivo, Radamés Benítez.

Los exalcaldes de Guayama y de Humacao, Eduardo Cintrón y Reynaldo Vargas, respectivamente también se declararon culpable por un esquema de sobornos con los empresarios de JR Asphalt.

El caso contra Pérez apenas comenzó esta semana luego de haber rechazados varias ofertas del gobierno federal para declararse culpable.

“El caso del exalcalde de Guaynabo no ha concluido. En cuanto a ese caso, yo no debo prejuzgar el caso. Veremos cuál es el resultado cuando el jurado llegue a su veredicto”, sostuvo Pierluisi.