El Departamento de Justicia debe recibir mañana la evaluación de una investigación civil sobre el proceso de compra de una guagua blindada que se ordenó durante la administración del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, análisis que determinará si paralelamente se cursará una acción criminal en el caso.

Así lo explicó el secretario designado de Justicia, Domingo Emanuelli, al reiterar que de primera instancia el enfoque de la agencia es recuperar el dinero invertido en la guagua o el vehículo.

“Ese olvido, esa dejadez, no puede suceder”, agregó el funcionario que adelantó que en un momento dado habrá que radicar una demanda para recobrar la guagua blindada o los $224,000 que se le desembolsó a la empresa Texas Armoring Corporation- con sede en San Antonio- por una Chevrolet modelo Suburban del 2018 que nunca llegó a la isla.

Emanuelli dijo que desde que llegó el 4 de enero a Justicia entre los primeros casos que solicitó fue el de la guagua. “Y le caí encima y estamos ya terminando la investitación en el aspecto civil y está encaminada para determinar si hubo o no una violación criminal”, acotó.

Dijo que la una posible violación criminal en este caso en particular pudiera ser negligencia crasa en el cumplimiento del deber. En cambio, dijo que no podía señalar a ningún empleado o funcionario en particular pues hay que evaluar la prueba recopilada.

En enero, la Administración de Servicios Generales (ASG) refirió a Justicia investigar el proceso de compra de la guagua.

“Luego de que el pasado secretario del DSP (Departamento de Seguridad Público), nos hiciera disponible el expediente de los trámites posteriores a la compra del vehículo blindado, la Administración de Servicios Generales (ASG) inició un análisis de toda la documentación y contenido del mismo. Después de analizar el expediente, determinamos hacer un referido al Departamento de Justicia para que este evalúe cualquier acción legal que determine que corresponde en derecho”, dijo la administradora, Karla Mercado Rivera.

La funcionaria agregó que ASG ha intentado obtener una respuesta por parte de la empresa sobre el estatus del vehículo blindado y la entrega de este al gobierno de Puerto Rico. “Sin embargo, no hemos obtenido respuestas claras de la compañía. Como parte del referido al Departamento de Justicia, solicitamos la evaluación de las acciones legales pertinentes que en derecho le asisten al gobierno ante esta situación”, subrayó.