El Departamento de Justicia fue removida de las agencias en “alto riesgo” para recibir fondos federales, informó este miércoles el secretario, Domingo Emanuelli.

La decisión permite que la agencia acceda de forma directa unos $13 millones solicitados a los programas Victims of Crime Act (VOCA) y Edward Byrne Memorial Justice Assistance (JAG) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

“Con la nueva clasificación podemos solicitar y distribuir los fondos de manera más ágil, ya que se eliminan restricciones y burocracia. La agencia no estará limitada a realizar las peticiones de fondos mediante reembolso. Esta determinación demuestra una administración de cumplimiento y rigor. El personal del Departamento de Justicia está comprometido con la ejecución rigurosa, que nos permita mantener la confianza en una operación transparente y efectiva”, expresó el secretario en comunicado de prensa.

Emanuelli explicó que una auditoría realizada por Justicia federal entre los años 2009 al 2013 y que fue publicada en agosto de 2015 provocaron que la agencia local cayera en la lista negra. Sin embargo, el pasado 23 de julio llegó una notificación de que se había logrado cumplimiento de los estándares establecidos.

El secretario de Justicia indicó que ahora el Departamento de Justicia podrá solicitar el anticipo de fondos federales para programas que reciben fondos federales mediante la otorgación de subvenciones, para apoyar iniciativas para reforzar el control y la prevención del crimen, ofrecimiento de servicios a víctimas de delito, mejorar el sistema de registro de ofensores sexuales y proveer asistencia para el pago a defensores públicos y fiscales.

Especificó que esta nueva clasificación brinda la oportunidad a que múltiples organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en todo Puerto Rico puedan presentar a nuestra agencia propuestas para utilizar fondos federales para apoyar una amplia gama de actividades para controlar y prevenir los actos delictivos, prestar servicios a las víctimas de delito, abordar la violencia contra las mujeres, y ayudar a la Policía estatal y municipal.

Cuando Justicia estaba en la lista de “alto riesgo”, se tenía que esperar para presentar las peticiones de fondos cada trimestre a título de reembolso, por una cantidad igual o menor que los gastos reales que se desembolsaba por cada subvención. Además, estaba obligada a someter un informe mensual detallado del libro mayor del sistema de contabilidad, para respaldar los gastos reales desembolsados bajo cada subvención durante el período especificado.

“Nuestro compromiso es asegurar la sana administración que debe distinguir a nuestro Departamento de Justicia en toda su ejecución y trabajar de manera diligente en beneficio del pueblo puertorriqueño”, manifestó el secretario.