La directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, expresó que el organismo federal continuará con el acuerdo anunciado ayer con algunos bonistas -lo que alega reduciría gran parte de la deuda del gobierno de Puerto Rico- aún con la oposición de la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

“La Junta no necesita la aprobación de la gobernadora”, respondió Jaresko cuando se le cuestionó qué procedía luego que la Primera Ejecutiva dejara saber públicamente que no aprueba el acuerdo pautado por la JSF.

Sobre la posibilidad de alguna reunión con Vázquez Garced para discutir el asunto, Jarkesko dijo que ahora mismo no tiene en agenda alguna conferencia con ella pero dejó establecido que tienen encuentros frecuentes. De hecho, expresó que tan reciente como la semana pasada se reunieron. Informó, además, que se reunió hace pocos días con el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez y que hará lo propio próximamente con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

En septiembre la gobernadora había mostrado apoyo al plan de ajuste para reestructurar la millonaria deuda que había presentado la JSF. En aquel entonces Vázquez Garced se dirigió al país y dio un mensaje en el que dijo respaldar la aprobación del plan que proyectaba reducir a 1,500 millones el pago anual de la deuda del gobierno central.

“La mejor opción es aprobar el plan”, subrayó entonces la gobernadora al asegurar que Puerto Rico no podía seguir “atascado en la quiebra muchos años más”.

En aquel momento la gobernadora fue criticada porque el plan de reestructuración incluía una reducción de 8.5% del cheque de los pensionados que reciban más de $1,200 mensuales. La gobernadora destacó que eso significaba que el 60% de los pensionados no sufriría recorte alguno. Ese plan fue alcanzado con el Comité Oficial de Retirados (COR) y permanece igual en este nuevo acuerdo.

En cambio, ayer la gobernadora dio un reversazo y se distanció del nuevo acuerdo alcanzado por la JSF y los bonistas y en su oposición alegó que se negaron a mejorar el trato a los pensionados.

Hoy se le cuestionó a Jaresko si opinaba que la oposición de la Gobernadora al nuevo acuerdo tuviera algo que ver con las aspiraciones de esta como candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP). “La Junta no es política”, fue la respuesta de Jaresko.

El nuevo acuerdo reduce el servicio de la deuda del Estado Libre Asociado (ELA) -incluido el capital y los intereses de los bonos senior de gravámenes de COFINA) en un 56% o lo que es igual a una reducción de $90.4 mil millones a $39.7 millones. Este acuerdo reduce el servicio total dela deuda en $5 mil millones adicionales cuando se compara con el Acuerdo de Apoyo anterior que al JSF había alcanzado el año pasado.

El nuevo acuerdo, según destacó Jaresko, reduce $35 mil millones de deuda y otros pasivos en un 70% a menos de $11 mil millones. Esto, indicó, representa una reducción adicional de mil millones en relación con el acuerdo anterior, el cual fue rescindido.

“Este nuevo acuerdo es un paso adelante para Puerto Rico… es un gran negocio”, sostuvo la directora ejecutiva de la JSF al hacer hincapié en que es la única ruta para sacar a la isla de la quiebra y guiarla hacia una “recuperación económica”.

El acuerdo provee una reducción promedio de 29% para los tenedores de bonos de obligación general (GO, por sus siglas en inglés) y una reducción promedio del 23% para los tenedores de bonos de la Autoridad de Edificios Públicos de Puerto Rico. Los acreedores del ELA recibirán $10.7 millones en deuda nueva, la mitad en bonos GO y la otra mitad en bonos junio de gravámenes de COFINA, en más de un 70%. Esto equivale de $4.2 mil millones anuales a un nivel sostenible inferior a $1.5 mil millones al año, sostienen los miembros de la JSF.

De otra parte, Jaresko dijo que se “evalúan otras alternativas” ante el tranque legislativo que hubo para la aprobación del acuerdo de reestructuración de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Hace una semana los líderes legislativos advirtieron que no aprobarían un proyecto que suponía un aumento en la tarifa de energía eléctrica y que era parte del acuerdo de reestructuración de la corporación pública.