El presidente de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), David A. Skeel, no anticipa que sea necesario asignar fondos adicionales para enfrentar la pandemia del coronavirus en la Isla, al tiempo que señaló la incapacidad del Gobierno para utilizar el dinero disponible.

Skeel sostuvo que el ente federal ha autorizado el uso de casi mil millones de dólares para atender la emergencia, pero “al día de hoy, el Gobierno no ha sido capaz de utilizar todos los fondos disponibles. Además, el Gobierno recibió más de dos mil millones de dólares de fondos federales del Tesoro como parte del paquete de estímulo por el coronavirus, firmado como ley en abril”, destacó.

Sin embargo, el secretario de Salud, Lorenzo González, adelantó la semana pasada en las vistas de transición que no cuentan con presupuesto asignado para dar continuidad a los esfuerzos para combatir el COVID-19 a partir de enero de 2021.

Detalló que todo lo relacionado a las pruebas de coronavirus y el rastreo de casos cuesta $12 millones mensuales, el sistema de vigilancia en los centros de cuidado prolongado de envejecientes unos $4 millones mensuales, el Bioportal unos $1.5 millones mensuales, la operación en los aeropuertos entre $5 a $6 millones mensuales, así como el proyecto de comunicación otro $1 millón mensual. “Estamos hablando de $23.5 a $25 millones mensuales por los próximos seis meses. Estamos hablando de cerca $150 millones. No están en presupuesto”, advirtió entonces el titular de Salud.

Por otra parte, Skeel dijo que confía en poder mantener una comunicación efectiva con el gobierno entrante de Pedro Pierluisi. En el pasado, miembros de la JSF han expresado su frustración con la falta de compromiso del Gobierno en adoptar recomendaciones y cambios estructurales, o no hacerlos con la rapidez necesaria. “Ya he tenido comunicación con el gobernador electo, Pedro Pierluisi, así como lo han hecho otros miembros de la Junta, y estamos esperanzados en que podremos mantener una comunicación directa, efectiva y consistente tanto con él como con su equipo, para seguir avanzando y sacar a Puerto Rico de la bancarrota. No tengo dudas de que compartimos la misma meta”, sostuvo.

¿Qué expectativas tiene la JSF de la Legislatura, ya que no habrá una mayoría clara y que incluirá a nuevos miembros que han expresado claramente su oposición al ente federal?

“Aunque hemos tenido diferencias con la Legislatura sobre diversos asuntos, siempre hemos tenido comunicación directa con los líderes legislativos. Está claro que tendremos una Legislatura diversa, pero estamos confiados en que habrá comunicación constructiva con la JSF y que al final del día estaremos de acuerdo en los asuntos que sean para el beneficio de Puerto Rico. Estamos seguros de que tanto la Legislatura como el Gobierno pondrán el bienestar de Puerto Rico primero”.

La JSF implementó un programa piloto con un grupo de municipios del oeste y la montaña para ayudarlos a mejorar en términos de administración e ingresos. ¿Ha sido exitoso este proyecto? ¿Hay planes para extenderlo a otros pueblos?

“Ha habido un atraso, fuera de nuestro control, debido a los terremotos y la pandemia, pero continuamos trabajando mano a mano con los 10 municipios que están incluidos en este programa piloto. La idea es poder implementar servicios integrados y otras iniciativas colaborativas con la meta de que puedan mejorar sus finanzas, reduciendo la dependencia del fondo general, minimizar las deudas, promover eficiencias y producir ahorros. Al mismo tiempo, que ofrecen mejores servicios a sus constituyentes. Nueve de los diez municipios ya han sometido sus planes fiscales”.

La Junta revisó la asistencia y la nómina en el Departamento de Educación y encontró muchas irregularidades que solicitó corregir lo antes posible. ¿Cómo va ese proceso? ¿Existe el mismo problema en otras agencias?

“El Departamento de Educación (DE) realizó al menos $80 millones en pagos durante 13 años a empleados que habían renunciado, se habían retirado, fallecidos o que no estaban trabajando porque no han utilizado efectivamente un sistema automatizado de nómina que asegure que solo reciban su paga los empleados que están trabajando. El Plan Fiscal Certificado requiere la implementación de un sistema de nómina efectivo para prevenir que el DE o cualquier otra agencia gubernamental sobrepague y pierda millones de dólares cada año. El DE ha prometido repetidamente que implementará un sistema así. La JSF, en conjunto con el DE, la AAFAF y el Departamento de Hacienda, hemos comenzado a revisar un proyecto para lograr la implementación de una política de asistencia y horario, reforzar el uso de sistema de nómina (Kronos) existente el DE, y asegurar que todo el sistema de pago esté automáticamente entrelazado para el próximo 15 de diciembre”.

Skeel agregó que en la nómina que se pagará a partir de enero del 2021, los empleados del DE en todas las escuelas y oficinas tendrán descuentos en su cheques por asistencia y horarios que no estén programados en el sistema. “Este proyecto se extenderá hasta febrero del 2021 para apoyar al DE durante tres periodos de pago consecutivos y asegurar que el personal de la agencia está bien entrenado y que todo el sistema está bien programado. Más adelante, la JSF estará publicando reportes semanales de progreso en nuestra página web hasta que el proyecto se complete”, manifestó.