A partir de hoy toda persona que quiera someter una propuesta de proyectos que tengan que ver con mejorar la transportación, el sistema de energía eléctrica o el de agua potable, y que cumpla con varios requisitos, puede solicitar ser parte del Título IV de la Ley federal Promesa y su proyecto se considerará como crítico, lo que agilizará la otorgación de permisos para que se otorguen en tan solo 150 días.

Noel Zamot, coordinador de revitalización de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) adelantó hoy que ya hay siete propuestas para el área de energía que se pueden considerar como críticos para el país.

“A mí me sorprendería que no se sometan propuestas para soluciones capitales y de privatización bastantes abarcadoras en este proceso”, declaró el ingeniero en una rueda de prensa posterior a una charla con empresarios explicando cómo se pueden solicitar la consideración de proyectos bajo el Título IV.

Zamot preguntó quién sabía lo que era un apagón y luego de risas espontáneas y caras de frustración, dijo que la inestabilidad en el sistema eléctrico es uno de los principales escollos para los negocios y la economía del país.

“Tenemos que arreglar el sistema eléctrico, eso es nuestro trabajo número uno porque afecta a todo el mundo, desde el hotel… hasta el friquitín de la esquina”, agregó.

La idea con la declaración de proyecto crítico y agilización de los permisos es revitalizar la economía con inyección de capital privado en esas tres áreas en que según dijo son en las que más se necesita.

Para someterse al proceso rápido se debe llenar un formulario que será público. Solo aquellos aspectos que se consideren sensibles en términos de que otros competidores puedan aprovecharse o de cuestiones financieras, serán documentos que no estarán disponibles en línea.

Una vez completado el formulario, en 20 días el proponente sabrá si su proyecto se aceptó. En cinco días sabrá qué agencia -de las seis que se han identificado que colaborarán- lo va a trabajar aceleradamente. Luego habrá un periodo de 30 días para recibir comentarios del público cuya única garantía de que serán atendidos es que recibirá una respuesta automática de “recibido”. Luego se tramita la autorización de los permisos.

“Queremos que este proceso sea muy abierto y muy transparente”, dijo.

En caso de que sea un proyecto que necesite permisos adicionales de las agencias federales, se hará una coordinación, pero no podrán obligar a que se ajusten al plan de tiempo, reconoció Zamot.

Los requisitos para ser considerado un proyecto crítico es que no dependan de capital gubernamental sino que sean financiados mayormente con capital privado. También deben ser respetuosos con el ambiente, crear empleos, resolver problemas de emergencia y estar adelantado en su proceso de planificación.

“Puerto Rico necesitará cerca de $1,600 millones en nueva inversión en infraestructura para cumplir con los objetivos de crecimiento económico en el Plan Fiscal para Puerto Rico. El Proceso de Proyectos Críticos, junto al programa de APP propuesto por el Gobierno ayudará a acelerar la inversión privada significativa en proyectos de infraestructura crítica que beneficiará a la economía y al pueblo de Puerto Rico”, dijo por su parte Natalie Jaresko directora ejecutiva de la JSF.