La presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes, Jocelyne Rodríguez Negrón denunció hoy que la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) tiene 48 plazas vacantes y no las puede cubrir por falta de presupuesto.

La legisladora abogó también porque el nombramiento de la Procuradora, además de ser confirmado por el Senado, pase por el cedazo de la Cámara de Representantes, lo que requeriría una enmienda a la Ley 20 de 2001 que creó la agencia. Rodríguez Negrón sostuvo que favorece enmiendas a la ley orgánica de la OPM, siempre y cuando sean para erradicar la violencia de género y para mejorar los servicios a las víctimas de violencia machista.

“La Procuraduría de las Mujeres hace un gran trabajo, aun sin los recursos, porque ahora mismo tiene 48 plazas vacantes que hay que cubrir y lamentablemente no le han dado el presupuesto concerniente para poder seguir reforzando el trabajo que tiene que hacer. Es bien importante que todo paso que se dé, sea afirmativo en beneficio de mejorar los servicios que se otorgan a través de la OPM”, dijo la legisladora a preguntas de este medio, antes de presidir una vista pública sobre las necesidades que enfrenta la OPM para cumplir con los deberes ministeriales y la política pública de la agencia.

Rodríguez Negrón reiteró que favorecería enmiendas a la ley sin son para erradicar la violencia de género y para beneficio de las víctimas y de aquellas que quizás estén propensas a ser víctimas de violencia doméstica en su núcleo familiar.

“Si hay un fin político partidista en todo este esfuerzo, eso no va a contar conmigo, si es a favor de la gente y de las víctimas o de las posibles víctimas eso va a contar conmigo”, sostuvo al abogar para que la Cámara como cuerpo legislativo también pase juicio por el nombramiento de la Procuradora de las Mujeres.

“Sería bien efectivo el que nosotros también a través de la Comisión de Asuntos de la Mujer y del cuerpo de la Cámara de Representantes podamos votar por esta persona que va a representarnos a nosotros en la Procuraduría de las Mujeres”, dijo la representante popular por el distrito de Mayagüez.

Añadió que por ser un nombramiento a 10 años, la Procuradora de las Mujeres debería ser confirmada por ambas cámaras legislativas, como se requiere en otros nombramientos como el Contralor y Secretario de Estado. En algunos casos se requiere la confirmación de ambos cuerpos legislativos por disposición constitucional.

El artículo 4 de la Ley 11 crea el cargo de Procuradora de las Mujeres como una entidad jurídica independiente y separada de cualquier otra agencia o entidad pública y dispone que la oficina estará dirigida por la Procuradora de las Mujeres, quien será nombrada por la Gobernadora o el Gobernador, con el consejo y consentimiento del Senado. La Procuradora será nombrada por un término de diez (10) años hasta que su sucesora sea nombrada y tome posesión del cargo.

La ley establece además, que para la candidata o candidatas a la OPM, la Gobernadora o el Gobernador, sin menoscabo de sus prerrogativas constitucionales, podrá solicitar y recibir recomendaciones del sector gubernamental y de los grupos identificados con los derechos de las mujeres y la equidad por género, provenientes del sector no gubernamental.

“La designada a este cargo deberá ser una mujer de reconocida capacidad profesional e independencia de criterio, que se haya distinguido por su compromiso en la defensa de los derechos de las mujeres, en la lucha por la eliminación de todas las manifestaciones de opresión, marginación y discrimen, por su respeto a las diferencias y que esté dispuesta a hacer un análisis continuo de la situación de las mujeres desde una perspectiva de género”, dispone la ley de la OPM.

La Procuradora interina, Madeline Bermúdez no acudió a la vista pública y envió en una ponencia escrita a la Comisión de Asuntos de la Mujer con fecha del 18 de agosto de 2022, en la que hizo un recuento de las obligaciones y deberes quasi judiciales que tiene la OPM.

“No creemos que alguna otra agencia fiscalizadora del gobierno de Puerto Rico tenga una cantidad y complejidad similar de funciones y obligaciones. Sin embargo, la OPM es una de las agencias que menor presupuesto tiene en todo el gobierno de Puerto Rico, estando su presupuesto muy por debajo del asignado a otras agencias o entidades públicas con funciones y obligaciones significativamente menores en cantidad, complejidad e importancia”, indicó la Procuradora interina.

Dijo que desde su creación, la OPM ha experimentado una fluctuación marcada en su presupuesto y a partir del año fiscal 2017-2018, se observó durante cuatro años consecutivos una tendencia negativa en la asignación presupuestaria. Sostuvo que a partir del año fiscal 2021-2022 se revirtió esta tendencia de reducción presupuestaria y detalló que el presupuesto vigente (2022-2023) es de $7,068,000, lo que representó un aumento de 27%.

También dijo que a raíz de la Orden Ejecutiva emitida por el gobernador Pedro Pierluisi que decretó un estado de emergencia por violencia de género, tanto el Ejecutivo como la Asamblea Legislativa han realizado asignaciones especiales a la OPM.

No obstante, indicó que la OPM ha tenido que priorizar las funciones más apremiantes ya que aun no cuenta con los recursos económicos y humanos suficientes para cumplir a cabalidad “con la enorme cantidad y complejidad de funciones” que tiene.

Para allegar fondos a la OPM, Bermúdez propuso enmendar el Artículo 18 de la Ley 20 de 2001 a fin de incorporar mecanismos para que la agencia genere ingresos propios y pueda crear y administrar fondos especiales, así como, robustecer el marco legal para que la OPM tenga mayores herramientas para combatir el hostigamiento sexual en el empleo.

La Procuradora interina urgió a la legislatura a aprobar el Proyecto de la Cámara 794, presentado por petición de la OPM para crear la “Ley Integral de Acción Afirmativa Para Erradicar el Hostigamiento Sexual en el Empleo”. Agregó que la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara solo ha realizado una vista pública sobre la medida, el 7 de febrero de 2022.

El director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Juan Carlos Blanco Urrutia, en otra ponencia escrita, no precisó el monto de presupuesto que recibirá la OPM en el presupuesto del próximo año fiscal (2023-2024) y consignó que las asignaciones presupuestarias se tienen que ceñir a las medidas disciplinarias establecidas “por esta administración, el Plan Fiscal y el Plan de Ajuste de la Deuda”.