Mientras la economía y la salud fiscal del gobierno han acaparado la discusión en lo que va de cuatrienio, será el tema de la seguridad pública el que dominará la agenda de la Cámara de Representantes durante esta sesión, y llevará a los legisladores a debatir sobre la necesidad de mayores recursos para la Policía, sobre posibles enmiendas al Código Penal y a profundizar sobre un nuevo enfoque en el manejo de la adicción a drogas.

Así lo adelantó este domingo el presidente cameral, Jaime Perelló, quien afirmó que no desatenderá los temas prioritarios del Ejecutivo y el Senado, pero insistió en que los principales esfuerzos de ese cuerpo se concentrarán en impulsar una nueva política de seguridad que permita frenar la alta incidencia criminal del país.

“Puerto Rico tiene muchos problemas, y si bien es cierto que hemos atendido el asunto fiscal, y toda legislación la Cámara la ha visto, la ha aprobado y la ha mejorado, eso no va a cambiar, pero de igual manera tiene que haber otras agendas claras de otros problemas que afectan a los puertorriqueños, y no podemos dejar a un lado el aspecto de seguridad, simplemente por cuadrar la caja fiscal”, indicó Perelló durante un encuentro con la prensa en su oficina legislativa.

Perelló reconoció que el 2013 cerró con una merma de 102 asesinatos en comparación con el 2012, y que también las estadísticas de la Policía reflejaron bajas en los casos de robos, escalamientos y apropiaciones ilegales, pero opinó que esos datos resultan insuficientes y no le dan tranquilidad a los ciudadanos. 

“Hemos llegado a un nivel un poco insensible de celebrar que mataron a 100 menos, pero murieron más de 800 personas (el año pasado), y para mí y para el pueblo de Puerto Rico esas cifras son inaceptables”, sostuvo.

El plan de trabajo de la mayoría en la Cámara de Representantes comenzará con la discusión sobre el funcionamiento de la Policía, el Departamento de Justicia (DJ), el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) y el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), entre otras agencias del componente de seguridad, para identificar aquellos problemas de comunicación e integración que puedan atenderse mediante legislación.

De igual forma, Perelló resaltó que una de las principales iniciativas será dotar a la Uniformada de la tecnología necesaria para prevenir y atajar el crimen, y también para el esclarecimiento de casos.

Con ese objetivo, se crearía el Fondo para el Mejoramiento Tecnológico, Profesional y Laboral de la Policía, para el cual Perelló buscará identificar al menos $50 millones de fondos públicos para que pueda cumplir sus objetivos. La primera asignación de ese fondo provendrá de la Cámara, y será $1 millón para la compra de 30 patrullas con un sistema instalado para detectar actividad criminal, identificar vehículos hurtados, entre otras funciones.

El líder cameral comentó que se legislará un incentivo contributivo para los ciudadanos y comercios que instalen cámaras como parte de un programa de seguridad comunitario. Además, se enfocará en la educación profesional de los policías, se reunirá con los sindicatos que los representan y conformará un grupo con exsuperintendentes para fortalecer la agencia de seguridad pública y generar eficiencias.

Durante esta sesión, la Cámara tendrá ante su consideración el proyecto de ley del senador Miguel Pereira para despenalizar la posesión de hasta 14 gramos de marihuana, y establecer un sistema de multas administrativas por la tenencia de hasta 28 gramos.

Perelló ha evitado adelantar el trámite que la Cámara le dará a la medida ratificada por el Senado la pasada sesión y ha insistido en el enfoque salubrista para manejar ese problema. Sin embargo, este domingo dijo que se discutirá en vistas públicas y dejó entrever que respalda uno de los propósitos que persigue la legislación de evitar la cárcel para estos usuarios.

“El adicto, el que usa cualquier tipo de sustancia controlada, para mí, no debe tener ni un día en la cárcel porque hay que trabajarlo para que salga de esa dependencia, ese es el aspecto salubrista, y creo en eso”, sostuvo.

“El estado no gana nada con meter a la cárcel a una persona que use sustancias, sí hay que meter al que la distribuye, pero el que la usa, el país debe verlo desde un aspecto salubrista. Pero mi pensar no va a marcar la discusión aquí. La discusión tiene que ser amplia”, subrayó.

Perelló adelantó, además, que revisarán el Código Penal, no solo para evaluar la razonabilidad de las penas, sino también las disposiciones de ese cuerpo normativo, que fue modificado hace dos años por el gobierno de Luis Fortuño.

“Vamos a ver todo, y todo es todo... Las penas deben estar enmarcadas en los delitos y cómo queremos atender esos delitos”, enfatizó.

Asimismo, adelantó que también revisarán la ley que concede bonificaciones, los mecanismos de desvío de la Ley de Sustancias Controladas y el uso de alegaciones preacordadas en los procesos criminales.