Líderes sindicales de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) hicieron un llamado de unidad a los trabajadores y al pueblo en general ante los nuevos retos laborales y el panorama fiscal que atraviesa Puerto Rico.

“Ahora más que nunca es importante y mandatorio permanecer unidos y afiliados a los sindicatos y más cuando se trastocan los derechos de los trabajadores. La Unión está para defender los trabajadores y sus familias ante los atropellos del patrono” expresó Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la Utier en declaraciones escritas.

Este llamado de unidad y permanencia a los sindicatos se da a raíz de la posibilidad de eliminar la Ley 80, de la actuación de la Junta de Supervisión Fiscal y de las determinaciones que ha dado en los últimos días el Tribunal Federal sobre medidas que afectan directamente a los trabajadores.

“Con los ataques laborales del Gobierno, la Junta de Supervisión Fiscal y las decisiones antiobreras, que no avalamos en la Utier, que ha tomado el Tribunal Supremo en estos días hace más pertinente la sindicalización. Con estas decisiones del Supremo los trabajadores no afiliados a las uniones no pueden llevar casos colectivos, en otras palabras, no puedes usar la unión para que te defienda, tienes que ir uno a uno contra el patrono” explicó Freddyson Martínez Estévez, Vicepresidente del Consejo Estatal de la Utier en el comunicado.

Aunque la determinación que dio en el día de ayer el Tribunal sobre el cobro de cargos por servicio no aplica a la Utier por ser corporación pública, ambos líderes precisaron y coinciden en que pertenecer a la Unión tiene más beneficios, porque los gremios representan a los trabajadores que no pueden defenderse solos, el ser miembro y pertenecer a una unión es mucho más beneficioso para el trabajador.

En los pasados meses, la Utier presentó dos demandas ante la Junta de Supervisión Fiscal, una cuestionando la constitucionalidad de los nombramientos de la JCF y otra reclamando los derechos reducidos o eliminados a través de la aprobación de las leyes que afectan y violan los acuerdos contractuales entre el Gobierno y la Autoridad de Energía Eléctrica.