La anulación de las enmiendas a la Reforma Laboral de 2017 tendrá un mayor efecto sobre las mujeres trabajadoras pues volverán a tener licencias de solo seis días de enfermedad al año y períodos probatorios de nueve meses en el empleo, sostuvo la abogada laboral, Rosa Seguí Cordero.

“Es escandaloso lo que está sucediendo y quienes se van a ver desproporcionalmente afectadas somos las mujeres. Recientemente salieron unas estadísticas de que las mujeres conforman el 57% de la fuerza laboral del país. Cualquier ataque para reducir los derechos laborales nos va a afectar mayormente a nosotras”, subrayó Seguí Cordero.

La ex candidata al Senado por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) recordó que con la implementación de la reforma laboral de 2017 hubo “una ola de despidos masivos” de distintos patronos en el sector privado.

“Recuerdo que despidieron a todas las empleadas que trabajaban en los counters de cosméticos (de una cadena de farmacias) y otra historia desgarradora es la de empleadas de (una megatienda) que llevaban ya tres términos de nueve meses de periodo probatorio trabajando corridos. Los patronos utilizaban el período probatorio a su conveniencia y a nuestro juicio, de forma ilegal, para antes de llegar a esos nueve meses, despedir a las trabajadoras y luego volver a contratarlas. Teníamos empleadas con más de dos años trabajando sin un solo día de vacaciones ni un solo día de enfermedad. Estamos hablando de unas condiciones muy terribles que son violatorias de todos los derechos humanos”, sostuvo Seguí Cordero.

Añadió que “eso es lo que se quería evitar con estas enmiendas que se pudieron aprobar”, a través de la Ley 41 de 2022 y que el pasado 3 de marzo, la jueza federal Laura Taylor Swain declaró nula.

“Otra cosa que sucedió y como abogada laboral viví, luego de la reforma de 2017, fue el aumento en los casos de despido. Llegaron alrededor de cinco casos a la oficina y eran todos de personas, incluyendo mujeres, de más de 30 años de servicio. Todo esto fue para evitar pagar unas cantidades mayores porque estaban con la reforma anterior y tenían unos derechos de pagos de mesada por despido injustificado que eran mayores que los que se iban a aplicar a personas que fueran contratadas nuevas”, indicó la abogada.

Dijo que la reforma de 2017 que puso en vigor el entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevarez “tuvo unas secuelas muy nefastas, no solo para las mujeres, sino también para la economía del país y por tanto, siendo las mujeres una mayoría de la población, las cuestiones económicas se exacerban”. Mencionó como ejemplo, que, con el cierre de cientos de escuelas de 2017 hacia el presente, muchas mujeres tuvieron que renunciar a sus empleos “para poder cumplir con buscar escuelas y cuidos para sus hijos, de la noche a la mañana”.

También aludió a las consecuencias de tener un sistema de salud que no da acceso a todas las personas. “Si no tenemos los días suficientes de enfermedad para cuidarnos, para mejorar nuestra salud y para cuidar a nuestros familiares porque las mujeres somos quienes ocupamos mayormente esos trabajos no remunerados del cuidado de adultos mayores y de la niñez, pues nos quedamos absolutamente sin nada”, sostuvo Seguí Cordero.

“Estamos en una situación en la que tenemos que volver a decir que no hay licencia de vacaciones, que no hay licencia de enfermedad, no solo durante los nueve meses de período probatorio, sino que estos períodos se repiten y se reiteran. Mi llamado es que empleadas hagan valer los derechos porque en Puerto Rico el estado de derecho continúa siendo la contratación laboral y cualquier contrato de trabajo tiene que estar vigente independientemente de lo que diga una ley. No debería ningún patrono atreverse a anular o cambiar un contrato válido de empleo”, indicó.

“Mi llamado es a que hagan valer esos contratos verbales donde están las disposiciones por las cuales las personas fueron a trabajar en ese momento. Estaban trabajando el viernes anterior con unos derechos, condiciones y términos de empleo y el lunes todo se echa por la borda por una decisión muy injusta y antidemocrática de la Junta de Control Fiscal y de la corte de la ley Promesa”, opinó.

Mencionó que la oposición de sectores de la empresa privada y del gobierno al proyecto del Senado, que impulsa el MVC, para conceder una licencia menstrual a mujeres y personas menstruantes se fundamentó en que las empleadas pueden utilizar sus licencias de enfermedad.

“De reducirse a seis días, eso no da ni para una cuarentena”, expreso la abogada.

No obstante, dijo que hay que esperar los términos para apelar y reconsiderar que ofrece el proceso civil ordinario. “En este momento, ningún patrono debería estar aplicando eso (la reducción en las licencias de enfermedad y vacaciones) hasta tanto no sea final y firme esa decisión”, añadió.

“Hubiéramos querido que se derogara la reforma laboral de 2017, pero a falta de un gobierno valiente, mínimamente, tenemos que regresar el estado de derecho que teníamos el pasado jueves y viernes”, sostuvo Seguí Cordero.