Numerosas organizaciones e individuos se opusieron hoy ante la Comisión de Salud y Nutrición de Senado y elogiaron el Proyecto del Senado 1631, para crear la “Ley para la esterilización obligatoria y veda en la compraventa de mascotas en Puerto Rico”.

La medida prohibe por 5 años la reproducción y la venta de mascotas en la isla, obliga la esterilización de animales e impone sanciones que van desde cárcel a multas a aquellos que violen la ley.

La avalancha de 9 ponencias ante la comisión que dirige el vicepresidente del senado, José Luis Dalmau, en contra del proyecto incluye al Departamento de Salud, al Departamento de Agricultura y al Colegio de Médicos Veterinarios. 

La ponencia de Salud rechaza que se le impongan más responsabilidades a la Oficina Estatal para el Control de Animales, que tiene una infraestructura limitada.

También criticó las fuertes penas que impone la ley.  "Antes de establecer medidas punitivas por llevar a cabo acciones -cuales irónicamente, al día de hoy, gran parte del a ciudadanía considera derechos constitucionales- sugerimos en vez una campaña educativa amplia", planteó la ponencia firmada por la secretaria Ana Ríus.

Mientras, el Colegio de Médicos Veterinarios, en voz de su presidente Elvin Reyes asegura que la medida implica violentar el derecho de un dueño a decidir si desea esterilizar a sus mascota, usa datos incorrectos sobre supuesta venta de animales por internet o la llegada -que dijo no es cierto- de miles de cartas de turistas criticando la situación de abandono de animales en la Isla, no se proveen recursos económicos para las tareas que se le imponen a los municipios y usa propuestas que han fracasado en otras jurisdicciones.

"Los proponentes de esta medida utilizan el sufrimiento de las mascotas abandonadas o realengas para afectar o levantar las emociones", indicó el galeno.

Entre los múltiples deponentes acudió en nombre de Vets for Strays, el expresidente del colegio de veterinarios, Víctor Oppenheimer, quien abogó por que sería mejor crear un registro de mascotas y que el proyecto planteado tiene demasiadas fallas, que describió con términos como "irresponsable", "menosprecio a lo de aquí" y que el resultado de parte de la medida implica dejar en la calle animales realengos, lo que en su opinión "es maltrato".

Otras deponentes como la exentrenadora de animales Carmen M. Ortiz planteo un dramático escenario: "Si esterilizamos como dice este proyecto, en 10 años no tendremos perros parta realizar estos trabajos. No tendremos entrenadores porque no habría trabajo y seríamos el primer país del hemisferio en ser señalados por haber eliminado una especie. Y ¿con que derecho destruir unos animales que Dios creó? Dios creó primero los animales y después al ser humano".

Otros, como la veterinaria Katherine Catinchi dijo que "la medida legislativa propuesta es divisoria" y crea "un estorbo al comercio estatal, internacional e interno", mientras que el criador aficionado Ángel L. Ríos dijo que "vivimos en un país democrático y no bajo una dictadura que es lo que se promueve al implementar una veda e esterilización masiva".

Solamente endosaron la medida la Humane Society of Puerto Rico, con 60 años en la Isla velando por la protección de animales, y  la Humane Society de Estados Unidos como mecanismo adecuado contra la sobrepoblación de animales abandonados. El proyecto fue sometido por petición por el Humane Society.

Esta medida busca atender la realidad de los animales abandonados del país donde "siguen sufriendo animales, seguimos afectando el turismo con tantos abandonos y animales muertos en las carreteras, seguimos poniendo en riesgo la salud pública y seguimos apoyando, mediante acción inefectiva, una sociedad ciega al respeto, la compasión y derecho que tenemos todos de una vida plena", reza la ponencia de Maritza Rodríguez, de la Humane Society de Puerto Rico.

"Necesitamos de una estructura legislativa que nos permita llevar a cabo nuestra labor de manera eficiente y eficaz", planteó Yolanda Álvarez, de la Humane Society de Estados Unidos. 

El  proyecto, según su exposición de motivos, "aminorar dramáticamente la sobrepoblación de perros y gatos" y castiga con hasta 3 años de cárcel la venta de mascotas y con multas que inician en $300 a aquellos ciudadanos que no esterilicen a su mascota, y de $500 si trae a una mascota a la isla que no esté esterilizada.

Según la medida, hay 300,000 perros y 1,000,000 de gatos en la isla que están "sufriendo en las calles" y representan "una amenaza" a la ciudadanía. 

Se alega que el Departamento de Salud gasta unos $2,000,000 al año en atender unas 10,000 mordeduras de perros realengos, y se conoce al menos un caso de un menor muerto por una jauría.

Además, según la medida, la Asociación de Hoteles y Turismo ha estimado pérdidas de $15,000,000 por la "impresión negativa" que se llevan los visitantes, con cientos de cartas mensuales de turistas quejándose del maltrato a los animales.

La eutanasia tampoco ha dado resultados. Según el proyecto, "se calcula que el año pasado cerca de 40,000 perros y gatos fueron sacrificados al no encontrar un hogar que los acogiera".