La Cámara de Representantes enmendó ayer la Ley de Análisis de ADN Post Sentencia para dejar claro que el término de 12 meses para presentar una solicitud al amparo del estatuto comenzará a contar a partir del momento en que la persona peticionaria advenga en conocimiento de la información que sustente la prueba de material genético.

El Departamento de Justicia argumentó en un caso al amparo de la Ley 246 de 2015, que está pendiente ante el Tribunal Supremo que el estatuto solo tiene dos años de vigencia y que ya caducó. Esto cerraría las puertas a convictos que podrían demostrar su inocencia mediante pruebas de ADN.  

El presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, autor de la medida junto con el representante José “Quiquito” Meléndez dijo que el lenguaje del articulo 4 de la ley fue “mejorado” para que ‘no quede duda ninguna de que la intención legislativa del compañero Charlie Hernández y de todos los que le votamos en ese momento a favor, era proveer una herramienta cabal, fidedigna a todas las personas que hayan sido convictas después de la creación del Instituto de Ciencias Forenses”. La ley fue aprobada por la anterior Asamblea Legislativa.

“No puede estar la consideración económica de si permitimos o no, si una persona tiene acceso a esta prueba”, argumentó Méndez, quien es autor de la nueva medida enmendada junto con el representante José “Quiquito” Méléndez.

La nueva versión fue aprobada con enmiendas en sala negociadas por los representantes Luis Vega Ramos y Denis Márquez Lebrón con el Presidente de la Cámara.

Las enmiendas establecen que no sea solamente en la moción inicial que se pueda pedir el traslado a Ciencias Forenses de material que pudiera tener ADN y para que se entienda que la clarificación es retroactiva a la vigencia misma de la ley.

Otra enmienda es para que no pueda quedar nadie excluido y que quede claro que el periodo para presentar la prueba de ADN es de 12 meses a partir de que el convicto adviene en conocimiento de que existe el material al que se le puede hacer la prueba genética.

“En ese sentido creo que la Cámara ha hecho lo correcto y se le ha dado una clarificación plena al Departamento de Justicia para que no pueda levantar la inaplicabilidad de esta ley a cualquier caso, lo cual fue siempre la intención”, dijo Vega Ramos.

Por su parte, el pipiolo, Denis Márquez subrayó que este tipo de legislación es un argumento para oponerse a la pena de muerte.

“Para los que nuestro norte es hacer justicia, cualquier ley que defienda los derechos de los acusados y de los convictos inocentes, siempre es positiva”, indicó Márquez.

Por otra parte, la Cámara acogió también ayer un informe de las comisiones de Salud y Gobierno que recomienda referir al Departamento de Justicia a más de una docena de funcionarios del pasado gobierno ante posibles irregularidades en la millonaria compra de un helicóptero para ser utilizado como ambulancia aérea.

El informe, que fue el resultado de una prolongada investigación legislativa, recomienda que Justicia investigue en torno al asunto a la exsecretaria de Salud, Ana Rius y varias ayudantes, así como a la entonces asesora en seguridad del gobernador Alejandro García Padilla, María Teresa Rivera. Además, al entonces administrador interino de la Administración de Servicios Generales, Carlos Mendoza Vázquez, al entonces jefe de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Luis Cruz Batista y al entonces jefe de la Policía, José Caldero. El informe sugiere también que Justicia investigue al presidente de Ecolift Corp, Ernesto Di Gregorio.