La Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes realizará este martes una vista a puerta cerrada en la que se discutiría la posibilidad de ofrecer inmunidad legislativa sobre los crímenes ambientales cometidos en la Reserva Estuarina Bahía de Jobos en Salinas.

Ante esto, el representante independentista Denis Márquez Lebrón advirtió que revisará con recelo y detenimiento cualquier solicitud al respecto.

“Lo primero que hay que señalar es que toma por sorpresa que se me había mencionado brevemente por el presidente de la Comisión (Edgardo Feliciano) de que se iba a celebrar esta vista ejecutiva sobre inmunidad. Realmente es un asunto sorpresivo y para mí, van a ser fundamentales varios asuntos: número uno de quién se trata la persona y cuál es la oferta de prueba que va a hacer”, expresó en declaraciones a Primera Hora el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Cámara.

“Esto hay que hacerlo con la mayor prudencia posible porque la consecuencia de una inmunidad por parte de la Asamblea Legislativa, por la Cámara en este caso, es eximir de responsabilidad civil, administrativa y penal a la persona a la que se le de inmunidad”, sostuvo Márquez Lebrón al reaccionar a informes de Feliciano de que la comisión legislativa evaluará el martes la posibilidad de otorgar inmunidad a algunos de los invasores de los terrenos en el Camino del Indio a cambio de que revelen los nombres de las personas responsables de otorgar permisos ilegales en la reserva natural.

Márquez Lebrón dijo que también “es importante dialogar tanto con el Departamento de Justicia como con el Departamento de Recursos Naturales” sobre las consecuencias y la posibilidad de dar este paso.

“Queremos saber quién fue la persona que otorgó los permisos fraudulentos, si fue un gestor, quién fue y para eso vamos a hacer una vista el martes para ver si podemos darles inmunidad a los invasores dentro de la reserva para ver si entonces ellos van y nos declaran quiénes son las personas responsables de otorgar esos permisos”, dijo por su parte, Feliciano.

Pero, Márquez Lebrón sostuvo que habiendo una investigación criminal en curso y un pleito radicado por el DRNA contra los ocupantes de los terrenos protegidos, el conceder inmunidad “tiene que ser un mecanismo extraordinario y de excepción y, con la mayor discusión porque aquí hay un reclamo del País de que se adjudique responsabilidad y de que no haya impunidad” sobre los crímenes ambientales ya documentados por la Comisión.

“También voy a mirar con mucho detenimiento, recelo y cuestionamiento cualquier inmunidad que no tenga el propósito de proteger los intereses del pueblo, sino los intereses de alguien o de proteger a alguna persona o que tenga esa consecuencia”, dijo para reiterar que la otorgación de inmunidad “podría afectar cualquier investigación”, en curso.

Recordó que hay dos tipos de inmunidad para declarar: la transaccional que se concede cuando una persona está testimoniando, se niega a dar testimonio ante la Asamblea Legislativa, se le obliga a testificar y tiene la consecuencia de que si es obligado lo que diga no puede ser usado en un procedimiento criminal.

El otro tipo, agregó, es la inmunidad completa, que incluye, lo administrativo, lo civil y lo penal y tiene que ser aprobada por la Cámara, en pleno. “Por lo tanto es un asunto de altísimo interés público, de carácter extraordinario y que tiene que verse con mucha cautela y mucho recelo”, expresó el legislador.

“El poder de la Cámara de Representantes para conceder inmunidad a testigos se debe llevar a cabo concienzudamente con la mayor prudencia y responsabilidad. No puede ser un proceso expedito ni a la ligera. La investigación de los crímenes y daños ambientales en Bahía Jobos en Salinas ha provocado un profundo malestar social y una clara exigencia de fijar responsabilidades y hacer justicia”, subrayó Márquez Lebrón.

Recordó que la ley de inmunidad (Ley 27-1990) establece que el estatuto constituirá un mecanismo general y uniforme que provea un adecuado balance entre la protección del derecho constitucional contra la autoincriminación y la necesidad del Estado de obtener información de testigos que considere esencial en las investigaciones criminales, administrativas y legislativas que realice, sin menoscabar el interés público y la responsabilidad gubernamental de que a los infractores de la ley, se le impongan las sanciones correspondientes.

“Por lo tanto, compareceré a la vista ejecutiva de la Comisión de Recursos Naturales sobre la posibilidad de otorgar inmunidad a alguna persona vinculada a los crímenes ambientales en Salinas. Evaluaré cualquier solicitud con la mayor cautela para que la misma, de concederse, contribuya a reafirmar que los terrenos donde están las construcciones ilegales son parte de la reserva natural -y por ende del pueblo de Puerto Rico- y que aporte a la adjudicación de las responsabilidades penales, civiles y administrativas de las personas responsables de los crímenes y daños ambientales cometidos. Además evaluaré cualquier solicitud con amplio recelo para que la misma no tenga el propósito o la consecuencia de proteger a una persona o intereses particulares”, sentenció el legislador.