Los líderes legislativos prometieron el jueves ayudar a los residentes de la isla que invirtieron en bonos del gobierno y que ahora enfrentan pérdidas graves debido a las deudas desatadas durante la crisis financiera.

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez, prometió buscar créditos fiscales para los tenedores de bonos que sufrieron pérdidas. El presidente del Senado Thomas Rivera Schatz dijo que él promoverá una legislación que les dé prioridad a la hora de comprar tierras públicas o recibir préstamos del gobierno para abrir negocios.

Sin embargo, Rivera Schatz estableció una diferencia clara entre los tenedores individuales de bonos —muchos de ellos residentes de la isla— y los llamados "fondos buitre", prometiendo que no habrá leyes a favor de los fondos de inversiones riesgosas que también buscan que se les paguen los millones de dólares que les adeudan.

"No hay solución rápida ni fácil para este desastre", dijo.

Ambos legisladores hablaron ante centenares de puertorriqueños en una conferencia organizada por un grupo que representa a algunos de los aproximadamente 60,000 tenedores de bonos, que poseen unos 15,000 millones de la deuda pública de 70,000 millones de dólares que Puerto Rico trata de restructurar. Los fondos especulativos de alto riesgo, llamados "de cobertura", tienen alrededor de un tercio. Los funcionarios dicen que no está claro quién tiene el resto.

El gobernador Ricardo Rosselló también tenía previsto hablar en el evento en un esfuerzo para calmar a los tenedores de bonos, muchos de los cuales presentaron demandas que han sido bloqueadas temporalmente por una acción del Congreso estadounidense que creó además una junta federal de control que supervisa las finanzas del territorio y que tiene poder de imponer medidas de austeridad.

El plazo para la suspensión de las demandas expira en mayo, pero el gobierno le ha pedido a la junta que lo extienda hasta diciembre.

Miembros de la audiencia acribillaron a los funcionarios con preguntas sobre cuándo les podrían pagar, las pérdidas que pudieran enfrentar y por qué la deuda no ha sido auditada. Una persona preguntó si el gobierno podía garantizar que al menos les paguen el interés.

"El gobierno busca cumplir con esas obligaciones", dijo Rivera Schatz. "Pero no sería honesto de nuestra parte decirles que está garantizado".

Rivera Schatz agregó que el Senado está iniciando una investigación sobre qué tipo de bonos tienen los miembros de la junta federal de control, advirtiendo de posibles conflictos de interés.

Una de las presentes, Mercedes Pont, que trabajó en el mundo de la publicidad hasta que fue despedida en 2011, dijo que había invertido en los bonos de Puerto Rico porque tenían triple exención fiscal y porque ella pensaba que eran seguros. Dijo que siempre siguió el consejo de su madre de nunca depender financieramente de ningún hombre, pero que ahora dependía de otros para poder pagar sus cuentas básicas, debido a sus grandes pérdidas.

Pont dijo que ha sido "humillante" dejar de ser una mujer independiente. Para colmo, agregó, ella invirtió en Puerto Rico y ahora le deben esa inversión.

Mientras se celebraba el evento, la junta federal de control emitió una carta diciendo que había rechazado un plan fiscal que presentó la semana pasada el Rosselló. La carta fue obtenida y publicada por el diario El Nuevo Día. El portavoz de la Junta, José Cedeño, confirmó que la carta fue emitida pero no respondió a los pedidos de comentarios adicionales. La carta le dio a Rosselló hasta el sábado por la mañana para presentar un plan revisado.

La junta agregó que basándose en un análisis, descubrió que los gastos del gobierno podrían haber sido subestimados por una cantidad de entre 60 y 510 millones de dólares y que la proyección de liquidez lo estaría en 300 millones de dólares.

Dijo que los gastos del fondo general deben aumentarse en 585 millones de dólares y que el gobierno debería reducir los gastos en las ramas legislativa y ejecutiva y consolidar las escuelas para reflejar una caída en los estudiantes a medida que continúa el éxodo hacia Estados Unidos.

La carta se conoció menos de 24 horas después de que la junta instó al gobierno de Rosselló a tomar medidas de emergencia para compensar un flujo de caja críticamente bajo. Recomendó que el gobierno imponga una licencia para ciertos trabajadores del gobierno, reduzca los contratos por servicios profesionales en un 50% y reduzca los costos de atención médica.

Se espera que la junta federal apruebe el lunes un plan fiscal de 10 años que muchos creen que será enmendado para incluir medidas adicionales de austeridad.