El abogado Leonardo Aldridge dijo hoy que cuando el nominado secretario del Departamento del Trabajo, Carlos Rivera Santiago, estuvo al frente de la Procuraduría de Menores del Departamento de Justicia “se lavó las manos como Poncio Pilatos” en el caso que se le radicó a la niña negra de 11 años del Programa de Educación Especial, Alma Yariela Cruz Cruz.

Aldridge sostuvo que Rivera Santiago “fue negligente” al no parar el caso.

“La discreción de un procurador de menores -máxime un supervisor a cargo de ellos-pudo haber corregido todo este fiasco que consumió a Alma, al País y ahora, francamente, a él. Pero estuvo ausente cuando tenía que dar un paso al frente”, expresó el abogado al testificar en la continuación de las vistas de la Comisión de Nombramientos del Senado que evalúa el de Rivera Santiago.

“El licenciado Rivera Santiago y todos sus subalternos directamente involucrados en este caso mostraron que de procuradores de menores solo tienen el nombre, pues jamás procuraron por la menor que ustedes tuvieron deponiendo ayer. Me niego a llamarle al caso Pueblo en interés de la menor Alma Yariela Cruz, porque no fue en interés de la menor sino contra su interés. El caso se llamará siempre Estado vs. Alma Yariela Cruz”, afirmó el letrado, quien asumió la representación pro bono de la niña de escasos recursos económicos cuando se le radicaron las faltas en enero de 2017.

Aldridge indicó en su ponencia que un fiscal tiene como herramienta principal su discreción. “La discreción del licenciado Rivera Santiago lo llevó no solo a aplastar a Alma, sino a despilfarrar cientos de miles de dólares y decenas de recursos humanos en un momento en que el gobierno está quebrado. Esas fueron las prioridades del hoy designado, y explorar ese estilo de administración -y sus prioridades en la ejecución- es menester de esta comisión de cara al trabajo para el cual ha sido designado”, sostuvo.

Mostró copia de una carta que le envió el 8 de abril de 2017 a Rivera Santiago y un correo electrónico, el 6 de mayo, mientras era Secretario Auxiliar de Asuntos de Menores y Familia solicitándole utilizar el proceso de mediación en el caso de Alma Yariela.

El 8 de mayo, Rivera Santiago le contestó que el artículo 21 de la Ley 88 del 9 de julio de 1986 establece “que para poderse dar la mediación, debe existir el consentimiento de todas las partes para que se efectúe el referido”. El entonces procurador también aludió en su respuesta que otro artículo de la ley, establece el procedimiento y los requisitos para referir a un menor a un programa de desvío.

“Claro que pudo haber hecho muchísimo más, el deber de supervisión de los procuradores, no invertir los recursos del Estado. La discreción no se empleó a mi juicio”, subrayó Aldridge.

“La excusa de que el caso estaba corriendo cuando él llegó es la excusa más baladí jamás pronunciada”, agregó el abogado, quien dijo en 2018 el caso fue desistido porque “el Departamento de Justicia se quedó sin prueba”.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, quien lideró el interrogatorio, trató de establecer con sus preguntas que Rivera Santiago no intervino de forma directa en el caso y que no ha habido prueba de que mediara el racismo.

“¿Usted vio a las niñas perjudicadas?, ¿Me las puede describir?, ¿Eran rubias o eran personas de color?”, cuestionó Rivera Schatz al abogado.

“Los que están acusando de racista a Carlos Rivera Santiago que me digan cuál es el acto que cometió, si me demuestran a mí que él lo hizo, yo lo cuelgo, pero no puede ser que acusemos con especulaciones a unos y otros no”, dijo Rivera Schatz.

“Yo racista no le he dicho a nadie. Pienso que hay un elemento racial en esto porque con niñas blancas de colegio esto no hubiera pasado”, replicó Aldridge.

Añadió que “la diferencia es que las alegaciones contra mi representada llegaron a ponerla en jaque de perder su libertad y la tuvieron en vilo por 14 meses”.

Después de Aldridge, ocupó la silla de testigos en la vista pública Enid Dávila Hernández, madre de una de las niñas que instaron las denuncias de agresión y amenaza contra Alma Yariela.

“Aquí no hay ningún racismo… aquí no se discriminó a nadie por ser pobre. El sistema hizo lo que tenía que hacer”, declaró la mujer, quien sostuvo que ninguna de las querellantes pidió que el caso se archivara.

“La escuela sí hizo su trabajo, citó muchas veces a la mamá (Yomaira Cruz) y nunca dio la cara, muchas de las veces cuando la citaron a ella tuvimos que ir nosotras”, alegó Dávila Hernández.

¿La decisión de continuar (con el caso) de quien fue?, le preguntó Rivera Schatz.

“De nosotras”, respondió Dávila Hernández y dijo que ningún procurador les pidió que insistieran en el caso.

“Me hubiese gustado que el abogado abriese el expediente porque ahí estaba toda la evidencia de todas las agresiones de esa menor hacia nuestras hijas. Estuvimos dos años tratando de resolver la situación, agotamos todos los recursos”, sostuvo la mujer, quien alegó que el caso “no fue por un empujón, sino por un patrón de bullying consecutivo”.

“Me apena que este sea un proceso que ha revivido heridas que todavía no han sanado. Es un dedo acusador que ni le respondió a ustedes ni a Alma Yariela”, expresó por su parte el senador independentista, Juan Dalmau.

Al finalizar la vista, el presidente de la Comisión de Nombramientos, Héctor Martínez, dijo que con toda probabilidad, Rivera Santiago sea citado nuevamente mañana a las 10:00 de la mañana. Al ser preguntado cuándo el nombramiento se llevaría a votación al pleno senatorial, Martínez dijo que “esta semana no, sería la que viene”.

Mañana, jueves, el Senado se reúne en sesión legislativa.