La Asociación de Constructores de Puerto Rico (ACPR) expresó este lunes diversas objeciones con el Proyecto de la Cámara 1079, tras señalar que las enmiendas propuestas para modificar las protecciones a la zona del carso carecen de criterios técnicos que, entre otras preocupaciones, podrían afectar la recarga de acuíferos y el hábitat de especies protegidas.

El licenciado Patricio Martínez, miembro de la Junta de Directores, al indicar que la ACPR, coincidió con la necesidad de revisar la Ley 292-1999, pero tuvo reservas con la nueva definición de la región cársica y los remedios que presenta la legislación para cambiar la normativa.

“La Asociación sí respalda proteger al propietario, cuya finca no tiene rasgos cársicos, mediante un procedimiento individual y con evidencia. No respalda una declaración general que no obliga a nadie, y no respalda una redacción que abra la puerta a ampliar vertederos en terrenos cársicos”, declaró Martínez en la reanudación de vistas públicas en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes.

Mientras científicos y defensores del medioambiente se oponen a esta pieza legislativa -de la autoría del presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez Núñez– dueños de fincas y ciudadanos privados la favorecen en un reclamo para flexibilizar la normativa sobre el manejo de la región geológica compuesta por terrenos de roca caliza, incluyendo mogotes, sumideros y cuevas que recargan los acuíferos.

Sin embargo, la ACPR destacó en la audiencia pública –presidida por la representante Elinette González Aguayo– que el argumento de la heterogeneidad del carso tiene un límite que considera necesario implementar en la pieza legislativa y solicitó que cualquier flexibilización quede condicionada a un análisis de su impacto sobre las aguas subterráneas.

“Que una finca no tenga cuevas ni sumideros visibles no significa que su desarrollo no pueda afectar acuíferos. En el carso, el agua se filtra por una red de conductos de pocos centímetros que no se ve desde la superficie y que puede trasladar contaminantes directamente al agua subterránea”, advirtió Martínez, también coordinador del Comité de Calidad Ambiental de la ACPR.

El deponente, además, solicitó a la Cámara que la ley enmendada prohíba categóricamente la expansión de vertederos existentes sobre el terreno cársico. Según Martínez, el lenguaje de la medida, particularmente en relación con la protección de “ampliación futura”, podría alterar esa restricción.

Propietarios piden corregir el funcionamiento

Por otro lado, propietarios de terrenos ubicados en la zona cársica de Vega Baja narraron en la audiencia pública las situaciones burocráticas que han experimentado para gestionar los Permisos Únicos y poder realizar actividades en su propiedad privada.

La ciudadana Angélica Olavarría aseguró que la actividad consiste únicamente en la instalación de una carpa removible que no conlleva excavaciones ni alteraciones permanentes a la corteza terrestre, pero alegó que los examinadores se han “aferrado ciegamente” a reglamentos internos pese a que la Ley 292 exime de autorizaciones previas para este tipo de utilidad.

“Como consecuencia directa, me he visto obligada a incurrir en gastos económicos sustanciales y onerosos para la contratación de agrimensores y consultores, un requisito desproporcionado e innecesario para colocar una carpa removible”, manifestó Olavarría.

“Este caso demuestra cómo la burocracia de las agencias penaliza la legalidad del ciudadano común que busca cumplir con los reglamentos, mientras desenfoca los recursos del Estado de las verdaderas agresiones ambientales”, abundó.

Entretanto, la representante González Aguayo afirmó que el proyecto de ley tiene alta probabilidad de ser enmendado luego de que la Comisión de Recursos Naturales ausculte las recomendaciones presentadas en una multitud de ponencias físicas y electrónicas.

La presidenta de la comisión legislativa también adelantó la celebración de una próxima vista pública en la que deberán comparecer, de forma inexcusable, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y el Departamento de Justicia.

Alertan sobre efectos en capacidades hídricas

Entre las entidades en contra de la medida está la Sociedad Espeleológica Unida del Sur, cuyo presidente José Manuel Díaz aseveró que trastocar las zonas del carso será una “amenaza directa” a la capacidad de suplir abastos de agua, especialmente a la zona metropolitana.

La organización también se opuso a transferir el poder regulatorio del DRNA a la Junta de Planificación al opinar que este cambio podría traer como consecuencia alteraciones a las delimitaciones actuales de la zona del carso, posibles impactos por reducción de áreas protegidas, así como imponer criterios de desarrollo y planificación sobre los datos ecológicos.

A su vez, el Museo de Historia Natural y Conservación de Puerto Rico propuso evaluar alternativas de desarrollo que no comprometan el carso. Entre ellas, la presidenta Maribel Ramírez detalló crear rutas geológicas para promover el turismo de naturaleza; incentivos para construcción en zonas ya impactadas; y la economía de resiliencia.

Igualmente, la organización Hispanic Federation resaltó en su ponencia escrita que la legislación otorgaría una protección absoluta del derecho a la propiedad de algunos los ciudadanos sobre el interés público de salvaguardar sus recursos naturales.

“La explotación sin límite del carso a manos de propietarios particulares impactaría negativamente los abastos de agua que otros residentes, propietarios, comunidades, industrias y comerciantes tanto necesitan”, sostuvo en su ponencia escrita la licenciada Maritere Padilla, directora senior de Política Pública del organismo.

En esta vista pública participaron, además, los representantes Denis Márquez Lebrón, Lisie Burgos Muñiz y Adriana Gutiérrez Colón.